El último informe de la ONG Redes los estados con presencia de los grupos guerrilleros son Táchira; Apure; Zulia; Mérida; Trujillo; Barinas; Lara; Falcón; Carabobo; Portuguesa; Aragua; Guárico; Bolívar; Monagas; Anzoátegui; Delta Amacuro; Yaracuy; Amazonas y Caracas, de las organizaciones de crimen organizado que más se han extendido por el territorio nacional son las disidencias de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC); el Ejército de Liberación Nacional (ELN); las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), y el Ejército Popular de Liberación (EPL).
De las organizaciones de crimen organizado que más se han extendido por el territorio nacional son las disidencias de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC); el Ejército de Liberación Nacional (ELN); las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), y el Ejército Popular de Liberación (EPL).
¿Qué es lo que está pasando?, en dos semanas al menos 5.000 personas (casi la mitad de ellos niños) cruzaron al municipio colombiano de Arauquita después de que se intensificara un conflicto entre el ejército venezolano y un grupo disidente de la guerrilla colombiana, ha habido bombardeos, han allanado hogares y los desplazados denuncian ejecuciones extrajudiciales, no se sabe cuántos heridos ni fallecidos ha dejado la crisis ni quiénes son realmente los protagonistas ni sus intereses.
Esta frontera de 2.200 kilómetros está acostumbrada al conflicto, pero este no se suele producir en las regiones de Arauca, en Colombia, y Apure, en Venezuela, parte de lo que en ambos países se conoce como «los llanos».
Ambos gobiernos se acusan mutuamente de «abandonar la frontera». Disienten en el diagnóstico del problema y no hablan entre ellos desde que se rompieron las relaciones bilaterales hace dos años. Pero coinciden en al menos un calificativo: el de «terroristas» para describir a quienes luchan contra el ejército venezolano. Pero para unos son terroristas de izquierda y para otros, de derecha.
El 21 de marzo los residentes de La Victoria oyeron bombardeos y se vieron forzados a dejar sus casas de repente y cruzar el río hacia el municipio colombiano de La Arauquita, desde entonces los enfrentamientos y los desplazamientos no han cesado, a la zona llegaron las unidades de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un poderoso comando de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela.
El gobierno de Nicolás Maduro dice que está enfrentando a un grupo armado colombiano que cuenta con la «protección y tolerancia» de Bogotá. Los desplazados, aseguran, son colombianos que quieren volver a su país.
Vladimir Padrino, anunció que creará una zona especial de defensa para «garantizar la paz y la integridad territorial» de Venezuela ante «un plan imperial para balcanizar al país» promovido «por Estados Unidos con el apoyo de Colombia». Padrino aseguro hace unos días que «las incursiones en el espacio geográfico venezolano deben considerarse como una agresión auspiciada por Iván Duque».
Bogotá, por su parte, argumenta que a Maduro le está pasando factura su complicidad con guerrilleros y que ha concentrado sus gestiones en asistir a los miles de desplazados que llegaron a Arauquita.
Esta zona fronteriza, conocida como el «piedemonte llanero» por estar entre las cordilleras y la sabana tropical, ha sido durante años un paso clave para las rutas del narcotráfico. Aunque el control de la zona lo ejerció el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde los años 80, hoy también hay presencia de al menos dos grupos distintos -y, probablemente, rivales- de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Jorge Mantilla, experto en frontera y seguridad, asegura «que las guerrillas colombianas, los grupos armados y las autoridades venezolanas» habían logrado mantener la paz gracias «a arreglos, a veces tácitos, de repartición de rentas y control territorial».
Y ahora, según Mantilla, quien trabaja en una tesis doctoral en la Universidad de Illinois sobre el crimen en esta frontera, esa paz se vio alterada por la disidencia de las FARC.
En 2016, las FARC firmaron, con el apoyo logístico de Venezuela, un acuerdo de paz con el Estado colombiano. Pero varios grupos dentro de la misma guerrilla se opusieron al acuerdo o se rearmaron poco después de la firma.
El piedemonte llanero es una región que comparten dos países, pero la frontera entre Arauquiita y Victoria está marcada por un río.
La situación se da en un momento en el que la gestión del orden público en Colombia se está complicando: decenas de miles de personas han sido desplazadas en otras regiones del país y las masacres y asesinatos de líderes sociales siguen dominando el escenario.
El ELN, una guerrilla que algunos hoy consideran «binacional», es probablemente el actor ilegal de mayor poder militar en la zona y lo que ocurra dependerá de si entran a luchar contra las disidencias en defensa de su territorio o de la revolución bolivariana.
Está por ver, además, qué hará Caracas para demostrar que, como ha sostenido por años, no tolera la presencia de grupos armados ilegales y lucha contra el narcotráfico.
Además, lo que ocurre en Colombia y Venezuela suele estar en el radar de las grandes potencias: Estados Unidos por un lado y China y Rusia por el otro.
Además, también hay actuación de Los Rastrojos, los Urabeños, las Águilas Negras y las Autodefensas Unidas Colombo-Venezolanas (AUCV). Estas mantienen acciones en los dos estados fronterizos con Colombia: Táchira y Zulia.
De las organizaciones de crimen organizado que más se han extendido por el territorio nacional son las disidencias de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC); el Ejército de Liberación Nacional (ELN); las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), y el Ejército Popular de Liberación (EPL).
La organización detalló que los diversos componentes armados mantienen actividades vinculadas a homicidios, trabajo forzado, narcotráfico, cultivos de droga, pistas clandestinas, desplazamientos, extorsiones, secuestros. Además, trata de personas, operaciones de control público, apropiación de tierras, reclutamiento de menores, abusos sexuales, presencia de frecuencias radiales, adiestramiento armado y minería ilegal.
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