El pasado 27 de enero, hace ya once semanas, visitaba la sede de FEDECAMARAS el diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Lo hacía como artífice de la Comisión de Diálogo, Reconciliación y Paz que se propuso contactar diversos sectores del país para escuchar propuestas, reclamos, denuncias y sugerencias que permitan incorporar los criterios y el apoyo de la sociedad civil a las decisiones públicas.
En esa reunión se abordaron diversos temas, todos importantes. Uno de ellos tenía, sin embargo, carácter de urgencia. La pandemia que azota a la humanidad y ante la cual estamos necesitados de respuestas sobre la marcha. Los medios de comunicación nos han informado que el empresariado presentó un plan concreto a la Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional en relación a la adquisición de vacunas para enfrentar el mortal virus.
También hemos conocido que Jorge Rodríguez y los diputados miembros de esa Comisión recibieron con beneplácito el proyecto y lo apoyan. Actualmente está siendo considerado por el Ministerio de Salud.
El proyecto consiste en que los afiliados a esa Organización de gremios empresariales se encargarían de adquirir 6 millones de dosis de vacunas contra el COVID, lo que beneficiaría a 3 millones de venezolanos ya que cada persona recibiría dos dosis. En cifras redondas se trata del 10% de la población que quedaría protegida contra esa terrible amenaza del coronavirus.
Los empresarios se responsabilizan de buscar el financiamiento, bien ante fondos privados, bien ante Organismos como la Corporación Andina de Fomento, y asumen la responsabilidad de la cancelación de los 60 millones de dólares que cuesta la operación.
El proyecto presentado incluye coordinación con la Organización Mundial de la Salud y con proveedores de Rusia, China y la India. La vacunación sería administrada a través de cien clínicas privadas debidamente sometidas a un rígido protocolo de supervisión profesional.
El gobierno, por su parte, se responsabiliza por la aprobación de las vacunas y por todos los permisos necesarios para llevar adelante las distintas fases del proyecto. Queda también el gobierno a cargo de los asuntos de transporte y aduaneros, así como en coordinación con la Asamblea Nacional procedería a una exención de impuestos a las operaciones involucradas en todo el proceso.
Se trata de una extraordinaria experiencia en la que venezolanos todos, unos en funciones de gobierno y decididos a buscar solución a un problema, otros empresarios con sensibilidad y responsabilidad social, juntan sus inquietudes y esfuerzos para darle a la sociedad soluciones concretas en torno a un asunto que desespera y atemoriza a toda la población, un tema de vida o muerte.
Pero no todo es coser y cantar. La demanda mundial de vacunas es muy alta y una vez cuando se cancele el pedido que se haya hecho habrá entonces que esperar los tiempos de producción, empaque, distribución. Es decir, te ponen en una cola. Mientras tanto el virus, los rebrotes, las nuevas cepas, avanzan aquí y en todas partes.
Esto es realmente urgente. A este proyecto hay que atenderlo por encima de cualquier contingencia.
Los venezolanos estamos asediados por un perverso bloqueo económico que nos priva de cuentas en el extranjero, de reservas de oro, de vender petróleo y de importar muchos bienes de primera necesidad. Esta conjunción de esfuerzos entre venezolanos dedicados a producir en la peor de las condiciones y un gobierno arrinconado por diabólicas estrategias para agravar la crisis y deponerlo, no debe ser desperdiciado. Tiene un valor muy grande. Es un gran ejemplo de desprendimiento y de cooperación cívica en una hora crucial.
Pedimos por tanto se le asigne extrema urgencia a este proyecto concreto, útil y de suprema urgencia para salvar vidas, centenares de vidas, miles de vidas de nuestros compatriotas. No hay excusa para retrasos. Para el diálogo es la hora de los resultados.