La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) finalizó este jueves 10 de junio su visita oficial a Colombia en la que revisó numerosas denuncias sobre la violencia policial y civil que durante las protestas contra el Gobierno ha dejado decenas de muertos y desaparecidos, así como miles de heridos.
En su última jornada, la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, visitó la exposición “Vidas Robadas”, que agrupa en el espacio “Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria” de Bogotá los rostros y las historias de personas asesinadas en manifestaciones sociales ocurridas en el país desde 2019.
En ese espacio, que hasta el 27 de junio albergará la memoria de las víctimas, la comisionada escuchó los relatos y el clamor de justicia de algunos padres que comenzaron una intensa lucha para que la muerte de sus hijos, la mayoría de ellos jóvenes asesinados supuestamente por agentes de la Policía, no quede en la impunidad.
La delegación de la CIDH también se reunió en Bogotá con la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, y con la alcaldesa de la capital, Claudia López, y concluyó su paso por la ciudad de Cali, epicentro de las manifestaciones y donde se han presentado los hechos más graves de violencia.
“La CIDH se despide de Cali, después de dos días de importantes actividades; agradece a las autoridades locales, órganos del Ministerio Público y a la sociedad civil la apertura para dialogar y entregar información en el marco de la visita de trabajo”, informó la Comisión.
Los delegados de la CIDH revisaron en el país las acusaciones que recaen sobre la Policía por el desproporcionado e indiscriminado uso de armas de fuego durante las manifestaciones, escucharon cientos de testimonios de víctimas de violencia y recibieron informes sobre casos de desapariciones y violencia de género, así como los ataques contra la prensa y la misión médica.
La CIDH recomendó al país “seguir dialogando, buscando espacios de trabajo conjunto” para fortalecer sus instituciones, según explicó la vicepresidenta Ramírez al reiterar el compromiso del Gobierno de seguir “haciendo todas las investigaciones necesarias” sobre la “muerte de esas 21 personas que -dijo- tristemente ya se ha comprobado que fallecieron como consecuencia de estas protestas”.
La alcaldesa de Bogotá, quien entregó un informe sobre las violaciones de derechos humanos en las protestas, “pidió a la CIDH apoyo para lograr con celeridad la investigación, judicialización y reparación a las que haya lugar dentro de estas denuncias de civiles y de miembros de la fuerza pública afectados”.
Entre sus solicitudes la mandataria local también reiteró la necesidad de definir una reforma integral a la Policía, así como un pacto social y económico a largo plazo que sea construido con todos los actores de la sociedad.
El pasado martes, la CIDH recibió un informe en el que tres organizaciones documentaron que durante las protestas al menos 20 personas murieron por disparos directos de arma de fuego por parte de la Policía, a pesar de que desde enero de este año la fuerza pública tiene prohibido su uso durante manifestaciones, mientras que Human Rights Watch ha podido verificar 16 muertes de armas de fuego de la Policía.
En contraste, el Ministerio de Defensa, responsable de la Policía, también entregó un documento que recoge la violación de al menos 14 derechos fundamentales en medio de las movilizaciones, la muerte de 19 civiles y dos agentes, así como la cifra de mil 106 personas heridas y mil 253 uniformados lesionados.
Ese informe señala sobre las acusaciones a la Fuerza Pública que la Procuraduría General (Ministerio Público) ha asumido desde el 28 de abril 178 investigaciones disciplinarias contra integrantes de la fuerza pública, y en ese sentido el Ministerio de Defensa se comprometió a reforzar en sus instituciones la formación y capacitación sobre derechos humanos.