Se cumplen tres meses de la tragedia de Güiria, en la cual murieron 28 venezolanos intentando cruzar el estrecho ubicado entre Venezuela y la Isla de Trinidad y todavía la justicia no ha hecho un pronunciamiento formal que redima el dolor y sufrimiento de sus familiares, y tampoco han cesado las incursiones de venezolanos buscando vías de escape a la crisis venezolana.
Los hechos ocurridos entre el 12 y el 13 de diciembre del año pasado se presentaron justo unos días antes de la conmemoración del Día Internacional del Migrante, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para «proteger los derechos humanos de todos los migrantes».
Está comprobado, y así lo demostraremos en el presente trabajo, que se ha intensificado el flujo de venezolanos que buscan llegar a Trinidad y Tobago huyendo de la crisis en su país y existen, además, otras “migraciones” por las costas de Falcón.
Veintiocho venezolanos perdieron la vida. Al menos 5,4 millones de venezolanos habían abandonado Venezuela hasta el mes de noviembre, según el más reciente informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), siendo ésta una de las mayores movilizaciones en la historia reciente de América Latina y el Caribe.
Ante las restricciones impuestas por muchos gobiernos sudamericanos, principal destino para millones de venezolanos, la isla de Trinidad y Tobago se ha convertido en la nueva tierra soñada para quienes buscan una mejor calidad de vida. El más reciente informe de ACNUR refiere que al menos 24.169 venezolanos ya se han instalado en esa nación.
Güiria es un territorio costero ubicado en el este de Venezuela que está separado por aproximadamente 138 kilómetros de la localidad de Chaguaramas, en el occidente de Trinidad y Tobago.
Es por esto que este lugar se ha convertido en punto de partida para aquellos que desean dejar atrás la crisis y encontrar un nuevo hogar. Sin embargo, no toman en consideración los riesgos que implica el cruce y las difíciles leyes migratorias de la isla caribeña.
El naufragio ocurrido entre el 12 y 13 de diciembre no es el primero de gran magnitud que se presenta en el estrecho. En julio de 2019, el diario The New York Times denunció el hundimiento de una embarcación con al menos 38 personas a bordo. En esa tragedia solamente nueve personas sobrevivieron. La situación se presentó en medio de una tensión entre las autoridades de Trinidad y Tobago y una parte de la población (especialmente asociada a la oposición de Nicolás Maduro) por el trato que reciben los migrantes al llegar a la isla.
A finales de noviembre, al menos 16 menores venezolanos y unas nueve mujeres fueron deportados por las autoridades de Trinidad, justo antes de celebrarse una audiencia en la que se solicitaría su permanencia en el país.
«Estamos profundamente preocupados por la decisión de las autoridades de la isla caribeña», declaró la portavoz de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Liz Throssell, en aquel momento.
En su legislación migratoria, Trinidad y Tobago establece que no permitirá el ingreso de “aquel migrante con escasos o pocos recursos y que puedan convertirse en una carga para el Estado”, un párrafo que, a juicio de expertos, sirve de sustento a las autoridades para su actuación.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, al confirmar la muerte de 28 venezolanos en el naufragio, señaló que las autoridades venezolanas se encontraban investigando la situación bajo la presunción del delito de trata de personas.
«Se trata de delitos de carácter transnacional, por los que la República ha firmado documentos de cooperación común y ha emprendido acciones conjuntas contra este flagelo«, dijo el fiscal venezolano.
Señaló que la investigación había dejado varios detenidos. Entre los arrestados se encontraba el dueño de la embarcación y el propietario de la finca de donde habían partido las personas. Las autoridades estaban tras la búsqueda de otros implicados, entre ellos, presuntos integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana. No se efectuaron más detenciones.
En Venezuela y otras partes del mundo se llevaron a cabo protestas en las afueras de las embajadas de Trinidad y Tobago. Sin embargo, el Gobierno de la nación caribeña mantuvo su posición de rechazar cualquier ingreso ilegal a su territorio.
«La única forma de ingresar -a Trinidad y Tobago- es mediante una solicitud a través de una visa (…) En el país hay cerca de 16.000 venezolanos registrados y protegidos y no recibimos ayuda de ninguna agencia para cuidar de estos inmigrantes, muchos de los cuales son recién llegados que ingresaron en nuestro país ilegalmente. El año pasado, por empatía, los registramos a todos y les permitimos vivir honestamente dentro de nuestras fronteras”, dijo Keith Rowley, primer ministro de Trinidad y Tobago.
La ONG Fundaredes denunció la detención que 14 migrantes venezolanos que intentaron entrar a Aruba sin documentación. El coordinador de Fundaredes en el estado Falcón, Omar de Dios García, detalló que la detención de los 14 migrantes venezolanos se produjo la madrugada de este jueves 11 de marzo.
La agencia española de noticias Efe dio a conocer un comunicado de Fundaredes, donde el vocero detalla que en la madrugada del 11 de marzo el bote en el que viajaban estas personas fue retenido. Los 14 migrantes salieron del país “en busca de mejores condiciones de vida en esa isla”.
Además de los riesgos de la navegación, también se exponen a las redes de tráfico de personas “y a que sean recibidos con ofertas de trabajo engañosas, poniendo en peligro su integridad y en muchos casos encontrando la muerte”.
García también confirmó el rescate de 18 venezolanos que quedaron a la deriva cuando intentaron llegar a Curazao en una lancha deportiva, pero que sufrió un desperfecto en las costas de Falcón. Explicó que las 18 personas trataban de salir de Venezuela, pero no consiguieron llegar a Curazao, según recoge el comunicado de la ONG que cita Efe.
Al quedar a la deriva, “estuvieron en un alto riesgo de muerte al estar en medio de las aguas sin certeza de un pronto rescate” y explicó que, cuando los hallaron, “todos presentaban deshidratación”.
En este sentido, denunció que “la ola de migración forzada a través de las costas venezolanas” hacia las islas de Países Bajos en el Caribe (Curazao, Aruba y Bonaire) se ha incrementado “de manera alarmante”.
Por eso, García advirtió que han detectado nuevos casos que “involucran a numerosos ciudadanos venezolanos que arriesgan su vida en altamar para huir de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela”.
La ruta migratoria hacia las diferentes islas del Caribe, la menos utilizada por los más de 5 millones de venezolanos que han salido del país según la ONU como consecuencia de la crisis, saltó a la palestra tras el naufragio el pasado 12 y 13 de diciembre de una embarcación en la que viajaban 41 venezolanos hacia Trinidad y Tobago y que produjo la muerte de 28 de ellos.
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