«Después de esta reunión estaré abriendo una oficina en Venezuela. No es una oficina secreta, no trabajo ilegalmente ni clandestinamente. En términos de estas decisiones, estamos abriendo una oficina por el apoyo y acuerdo con Venezuela», dijo Khan desde el Parlamento venezolano.
«Seguiremos trabajando, haciendo lo que decimos que estamos haciendo, que es trabajar de forma independiente, imparcial, sin segundas intenciones, para que la ley, por la gracia de Dios, reine eficazmente», añadió.
Khan, que más temprano se reunió con el presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, afirmó que el foco de sus investigaciones son los «crímenes que pueden constituir genocidios, crímenes de guerra, o crímenes de lesa humanidad».
Su visita ocurre luego que el pasado primero de marzo la CPI rechazara el recurso de apelación de Venezuela sobre la investigación que adelanta por crímenes de lesa humanidad durante manifestaciones antigubernamentales de 2017 que dejaron unos 125 muertos.
La CPI es una organización intergubernamental con sede en La Haya, Países Bajos. La Corte Penal Internacional, creada en 2002, es la única corte independiente del mundo establecida para investigar los crímenes más graves, como genocidios, crímenes de guerra y de lesa humanidad.
«Creo que hay unidad en una verdad central: que las oscuras nubes de sospecha sobre las acusaciones no se disiparán sin la suave brisa o los vientos de investigaciones creíbles», apuntó Khan.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, le dijo a Khan que el país ha tenido grandes avances en derechos humanos. Desde 2017, aseguró, 2.795 funcionarios de seguridad del Estado han sido acusados por violaciones de derechos humanos.
De estos, 1.021 agentes se encuentran presos, 580 han sido condenados y otros 524 tienen órdenes de aprehensión, detalló Saab.
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