La OACDH también pidió al Gobierno venezolano que garantice «la atención médica para todos los detenidos, que se considere medidas alternativas a la detención y se liberen a los detenidos arbitrariamente».

Por: Emilio Bravo  |   14 Oct, 2021 - 3:42 pm

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) lamentó este miércoles la muerte en prisión del militar venezolano Raúl Isaías Baduel, considerado «preso político» desde su detención en 2009, y solicitó a las autoridades venezolanas que «garanticen una investigación independiente».

Según informaron este martes las autoridades venezolanas, Baduel, de 66 años, falleció por una parada cardiorrespiratoria como consecuencia de la covid-19.

La OACDH también pidió al Gobierno venezolano que garantice «la atención médica para todos los detenidos, que se considere medidas alternativas a la detención y se liberen a los detenidos arbitrariamente».

La organización Amnistía Internacional también exigió este martes el esclarecimiento de la muerte del militar venezolano y denunció que pasó años detenido en «condiciones inhumanas».

Baduel, quien fue fiel aliado del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), fue considerado como el artífice de su vuelta a la Presidencia tras el golpe de Estado que lo derrocó durante 48 horas en abril de 2002. También fue ministro de Defensa entre 2006 y 2007.

Posteriormente, se pronunció contra la supuesta deriva totalitaria y la propuesta de reforma constitucional del difunto presidente Hugo Chávez, así como de su sucesor, Nicolás Maduro.

En 2009, fue arrestado e inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta que concluyera su condena y en 2015 se le otorgó libertad condicional.

Sin embargo, según la Justicia venezolana, incumplió las premisas de la libertad condicional, por lo que volvió a la cárcel en 2017, año en el que debería haber finalizado su pena.

Posteriormente, le fueron imputados nuevos delitos, entre ellos contra la integridad de la nación y la independencia, lo que llevó a que su detención se prolongara de manera indefinida.

Su caso fue incluido en diversos informes de la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, y de la Misión de Determinación de los Hechos.

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