Denuncian que antisociales en La Vega hacen otra trinchera quemando parte de la montaña

La comunidad de La Vega denuncia que antisociales están quemando parte de la montaña más arriba del bloque 2, con el fin de hacer otra trinchera.

El periodista Román Camacho compartió un video del hecho a través de se cuenta en Twitter.

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En las últimas semanas, este popular sector de Caracas ha sido noticia, en vista de los contantes tiroteos que mantiene a la ciudadanía en zozobra.

Terror en La Vega

El pasado 14 de junio se produjo un fuerte tiroteo en la zona, en el cual fueron asesinadas dos personas. Uno de ellos fue un trabajador de la Contraloría General de la República.

El hombre fue identificado como José Gregorio Belisario Bárbara de 49 años de edad, así lo informó el ente a través de las redes sociales.

«La Contraloría General de la República envía sus más sinceras condolencias a familiares, amigos y compañeros de labores en este difícil momento por la partida», expresó la cuenta oficial de la CRG.

Asimismo informó que, Belisario se desempeñaba en el departamento de Dirección General de Tecnología de la Información.

A su vez, se conoció que la otra víctima fatal era una profesional de la enfermería. Yuraima Díaz Araujo, de 48 años; quien era el sostén de dos niños y de una adulta mayor. La enfermera laboraba en la Clínica Popular de El Paraíso.

Desplazamiento forzado

A raíz de los frecuentes tiroteos y enfrentamientos en la parroquia La Vega varias familias se han ido a casa de otros parientes, temporalmente, ante la vulnerabilidad que sienten en cada hecho violento. Delincuentes han “corrido” a dos familiares de sus casas en el sector El Carmen, por considerar que dan información a la policía.

El callejón Yaracuy de El Carmen quedó en silencio luego de que un grupo de hombres armados sacó a la fuerza a una familia de su casa. Previamente, a esa familia los visitó la policía y por eso la banda que tomó los espacios boscosos de ese sector de la parroquia La Vega los tildó de “sapos” (delatores con los cuerpos de seguridad).

Los responsables de sacar a esa familia son, presuntamente, los miembros de la megabanda de la Cota 905, aliados con la banda del Mayeyas, que ya operaba en el sector El Carmen de La Vega. Desde finales de diciembre de 2020 integrantes de la megabanda tomaron la calle Zulia, el sector El Carmen y Valle Alegre de la parroquia.

Tras los operativos policiales del 8 y 9 de enero de 2021, que dejaron 14 muertos según cifras del Monitor de Víctimas, la violencia en La Vega se incrementó. Pero desde finales de marzo la situación fue cada vez más aterradora para los vecinos, quienes debían ocultarse debajo de las camas, en los baños e incluso dormir en el piso para evitar que una bala perdida los matara.

Los frecuentes tiroteos en oportunidades se debían a enfrentamientos entre los delincuentes y los cuerpos de seguridad, en otras ocasiones eran ráfagas de balas o detonaciones de granadas a cualquier hora del día. En la zona montañosa de El Carmen, desde donde disparaban los hombres armados, también construyeron garitas con tablas de madera y trincheras con sacos.

Desde el 24 de mayo han fallecido ocho personas por las balaceras en La Vega, cuatro de ellos fueron víctimas de balas perdidas.

En el sector El Carmen, hay mucho temor y zozobra desde que los delincuentes “corrieron” a esas familias. Los habitantes temen hablar incluso dentro de su propia casa porque no quieren que los tilden de chismosos.

Funcionarios policiales también se han visto forzados a abandonar la parroquia ante las amenazas de los delincuentes de atentar contra su vida y la de familiares. Crónica.Uno conoció, extraoficialmente, que algunos policías que no tienen a donde llegar han tenido que tomar sus lugares de trabajo para pasar la noche.

Jesús Armas, exconcejal del municipio Libertador, agregó que muchos policías no han podido visitar a sus familiares y hasta se les dificulta retirar sus artículos personales por seguridad.

“Hay funcionarios que tienen dos o tres meses sin visitar a sus madres, que tampoco se pueden desplazar por lo delicado de la situación”.

El padre Alfredo Infante, párroco de la iglesia católica San Alberto Hurtado y José Gregorio Hernández,  explicó que en la parroquia se está presentando el fenómeno de confinamiento por la violencia, los vecinos se encierran en sus casas y tienen miedo de salir a trabajar o a buscar agua, por si se origina un tiroteo y reciben una bala perdida.

También se refirió al desplazamiento interno forzado, que ha ocasionado que los vecinos vendan sus viviendas a precios muy bajos. “La gente está vendiendo sus cosas para salir y resguardarse en otros puntos de la ciudad o en el interior, dependiendo donde pueda. Toda La Vega está afectada psicológicamente”, explicó.

Un vecino del sector Las Torres contó extraoficialmente a Crónica.Uno que hay varias casas en venta, que ya dejaron solas. En esta zona los vecinos resultan afectados porque a la altura de las torres de electricidad hay un comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y los delincuentes disparan con frecuencia cuando ven a algún uniformado. Pero no solo quienes viven en La Vega huyen de la violencia. José*, quien habita en las residencias Galerías Paraíso, ubicadas en toda la entrada de la comunidad por la redoma La India, quiere mudarse.

Otros vecinos aplican este método de salir a sitios públicos alejados de la parroquia, hasta que pase la balacera. “Esto también es un riesgo porque regresando a la casa nos puede pasar algo”, agregó José.

También familiares de otras zonas se han llevado temporalmente a los adultos mayores, para evitar complicaciones de salud por los nervios que les causan los tiroteos.

En un comunicado del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic) señalaron que las personas que han huido de sus viviendas por la violencia son especialmente vulnerables dado que se desplazan en búsqueda de seguridad y protección, “lo que les obliga a dejar atrás sus proyectos de vida, a lo cual se suman las dificultades por la pandemia de COVID-19”.

Madres se desplazan para proteger a sus hijos

El desplazamiento de los vecinos por la violencia también incluye a familias que temen por la seguridad de sus hijos, jóvenes o menores de edad. El párroco Alfredo Infante explicó que son medidas temporales, los vecinos regresarán cuando vuelva la normalidad.

Ser joven y varón en un sector popular para la policía es ser criminal y las madres sacan a sus hijos de los sectores porque están asustadas”, explicó.

Por otro lado también es angustiante para las madres que a sus hijos los recluten los delincuentes que operan en la zona y sean seducidos por el dinero y las armas. “Ante esta situación de pobreza y vulnerabilidad en la que están los muchachos estos elementos son muy tentadores”.

Infante detalló que conoció el caso de un joven de los bloques de La Vega que emigró a Argentina recientemente, por los constantes tiroteos. Supo que su familia ya había emigrado y él se fue empujado por la violencia.

Se cree que todos los que viven en los barrios son criminales, me preocupa que se pueda pensar que quienes viven en La Vega son una cuerda de delincuentes, esos son una minoría que está afectando a una gran mayoría”.

Jesús Armas, exconcejal del municipio Libertador, comentó que cuando hay operativos en la zona los jóvenes deciden no subir a la comunidad para evitar que los funcionarios policiales cometan alguna violación de sus derechos humanos.

“Los jóvenes trabajadores se quedan en otros lugares para buscar alguna retaliación de las bandas pero también de la policía, prefieren evitar el contacto con los funcionarios”.

Entre 2012 y marzo de 2021 la organización Cofavic registró 12.738 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Según sus cifras, se demuestra que, sistemáticamente, 99 % de las víctimas son hombres jóvenes, menores de 25 años (80 %) y la mayoría reside en zonas populares.

Además, 60 % de las presuntas ejecuciones suceden durante el desarrollo de procedimientos policiales “que implican despliegues de fuerzas militares y policiales, en algunos casos, con participación de grupos armados civiles que actúan bajo la aquiescencia del Estado”.