David Smolansky, comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la crisis migratoria venezolana, informó que al cierre de 2021 el 50% de los seis millones de migrantes venezolanos en el mundo seguía sin tener documentos de identidad, lo que implica que, por estar de forma irregular, muchos continúan trabajando en negro y sin acceso a la educación y atención médica.
Dijo que el reto de la región para este 2022 será agilizar el proceso de regularización documentaria para asistir a los tres millones de venezolanos que no tienen papeles y prepararse para otorgarle el beneficio a todos los que sigan saliendo del país que, según sus estimaciones, este año podrían ser al menos un millón de personas, para llegar a un éxodo total de siete millones.
«En tres años se ha triplicado la cantidad de personas que han salido del país. La inseguridad y la violencia generalizada siguen siendo las razones principales por las que los venezolanos que se van. Nuestra crisis migratoria podría ser la más grande del mundo, superando a la de Siria. Esta crisis venezolana es una crisis con dimensiones globales y se ha cometido el error de verla como una crisis regional o subregional», señaló el comisionado durante un balance que dio acerca de la situación de los connacionales.
Tamara Taraciuk, directora interina de la ONG Human Rights Watch para las América, dijo que hay una necesidad de una respuesta regional coordinada que considere el establecimiento de un régimen especial de protección para los migrantes venezolanos, que en el continente ya son poco más de cuatro millones, de acuerdo a cifras de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes Venezolanos (R4V). Cree que la inexistencia de una estrategia regional ha dejado a personas varadas en las zonas fronterizas donde no reciben la atención correspondiente.
«En Colombia, el país con más venezolanos y retornados colombianos ha acogido, tiene enormes desafíos. Pero adoptó un sistema de protección temporal para los 1,7 millones de venezolanos que viven en Colombia y eso es un mensaje importante para el resto de los países de Latinoamérica. Hay retos de implementación, pero es un primero paso que vale la pena rescatar. Es triste ver cómo los caminantes venezolanos son casi parte del paisaje de las rutas de Colombia», comentó.
La migración venezolana no es planificada. Huyen del país según la capcidad que tienen, por autobús, en embarcaciones o a pie. En 2020 y 2021 se volvió a ver el auge de los caminantes venezolanos, indicó Smolansky. Ancianos, niños y mujeres embarazadas son vistos en las carreteras que los llevan a sus destinos.
«80% de las mujeres que dan a luz en Cúcuta son venezolanas», que no tienen cómo alimentar a sus hijos. «El desespero te lleva a tomar una decisión, sin importar tanto el cómo. No son solo caminantes, sino también naufragos. Ese es el resultado del régimen de Nicolás Maduro», setenció.
Para alivianar el duro proceso migratorio de los connacionales, que en la mayoría de las ocasiones implica violencia, hambre y extorsión, la representante de HRW sugirió que se otorge transporte humanitario a los caminantes. Así además los Estados podrían reducir los gastos que hacen para financiar los puntos de asistencia al migrante en las carreteras y mejorar las condiciones de movilidad.
«Hay riesgos por como operan los grupos colombianos en este trayecto, que incluye etrata de personas. Económicamente tiene más sentido. Se gasta entre 200 y 300 dólares diarios por mantener un esquema de asistencia humanitaria para que los caminantes pasen una noche. Costaría muchísimo menos dinero trasladarlos de un punto a otro», comentó.
Sin embargo, comentó que hay políticas deficientes sobre ello y que muchas empresas de transporte tienen miedo trasladar migrantes irregulares en sus buses porque pueden ser acusados de cometer tráfico de migrantes.
El tránsito irregular de migrantes venezolanos aumentó en México en más de 1.000% entre enero y septiembre de 2021, respecto a los números reportados en el mismo período de los cinco años previos, según la Secretaría de Gobernación (Segob) mexicana. Por ello, en diciembre del año pasado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció que exigiría un visado para los venezolanos.
Esta medida, puesta en marcha en enero de 2022 y criticada por múltiples defensores de derechos humanos y de los migrantes, para David Smolansky, no garantizará que se frene la migración venezolana irregular —que utiliza a México como país de tránsito hasta llegar a Estados Unidos— porque «es una migracion que huye de vilaciones a DDHH, y va a seguir saliendo».
En todo el año fiscal 2020, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU (CPB por sus siglas en inglés), encontraron a 4.520 venezolanos en las fronteras estadounidenses, un número que se multiplicó más de ocho veces hasta octubre de 2021, llegando a los 39.555 de connacionales.
Actualmente a penas ocho países latinoamericanos no piden visa a los venezolanos y solo dos aceptan pasaportes vencidos: Colombia, Brasil, Argentina, Costa Rica, Paraguy, Urugay, Bolivia y Surinam.
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