Luego de realizar un exhaustivo seguimiento al trabajo emprendido por la llamada “Comisión para la Reforma del Poder Judicial”, Una Ventana a la Libertad (UVL) determinó que la mencionada instancia, no logró en 60 días acabar con el hacinamiento que existe en los calabozos policiales de todo el país.
En su más reciente informe, denominado “60 días de la Comisión para la Reforma del Poder Judicial. ¿Acabar el Hacinamiento?, la ONG indica que al cumplirse el lapso de 60 días anunciados desde el Palacio de Miraflores la mencionada comisión había visitado los centros de detención preventiva de solo 12 estados del país.
De acuerdo a la investigación, pasados los 60 días de trabajo se había logrado atender el caso de 7.614 privados y privadas de libertad, es decir, el 16,66% de la población penitenciaria recluida en calabozos policiales.
La ONG explica que hasta esa fecha (21-08-2021) la Comisión para la Reforma del Poder Judicial había otorgado 6.529 libertades, plenas o condicionales (entre ellas 75 mujeres) y había trasladado a centros penitenciarios a 1.085 reclusos (entre ellas 28 mujeres).
UVL prosigue el análisis indicando que, cumplido el lapso, la referida comisión siguió trabajando y desde el 22 hasta el 3 de agosto otorgó 256 libertades plenas y condicionales (entre ellas ninguna mujer) y trasladó a 576 detenidos a varias penitenciarias del país. En este renglón figuran 4 mujeres. En este periodo la comisión visitó solo 9 estados del país.
La sumatoria indica que hasta el 31 de agosto la Comisión para la Revolución Judicial había atendido solo a 8.446 personas detenidas (entre libertades y traslados), es decir, el 21,80% de la población penitenciaria recluida en calabozos policiales.
“Muy lejos de acabar con el hacinamiento”, advierte la organización no gubernamental que coordina el abogado Carlos Nieto Palma.
Explican que además de visitar los centros de detención preventiva, la comisión integrada por diputados y funcionarios del Poder Judicial y de la Defensoría Pública, entre otros organismos gubernamentales, también hicieron acto de presencia en algunas prisiones de los estados Táchira, Lara, Monagas y Zulia.
En el Informe Especial elaborado por UVL se indica que durante el tiempo señalado (del 21 de junio hasta el 31 de agosto) los miembros de la comisión solo visitaron 332 (66,4%) de los más de 500 calabozos policiales que hay en todo el territorio nacional. El mencionado documento fue elaborado tomando en cuenta el contenido de las “alertas” (instrumento de recopilación de información) diarias que emiten los 25 investigadores que trabajan para Una Ventana a la Libertad en los 23 estados del país. Dichas “alertas” pueden ser revisadas en la página web de la organización: www.unaventanaalalibertad.org .
El 25 de junio de 2021 el diputado Pedro Carreño, presidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, informó que la cifra oficial del hacinamiento en los centros de detención preventiva ascendía a la cantidad de 38 mil 736 personas.
El parlamentario explicó que la distribución de estas personas es la siguiente: 11.659 detenidos en delegaciones y subdelegaciones del Cicpc en todo el país, 5.947 detenidos en sedes de la GNB y 21.130 en comandos de las policías nacionales, estatales y municipales.
En el informe realizado por UVL se indica que la organización no coincide con las cifras anteriores, ya que el monitoreo realizado durante el primer semestre del presente año en 289 centros de detención preventiva arrojó un hacinamiento proporcionalmente superior.
Las cifras que maneja Una Ventana a la Libertad indican que el cupo disponible, para el primer semestre del año 2021, en 289 centros de detención preventiva es de 8.634 personas, pero en estos lugares se encuentran recluidas 25.186 detenidos (23.186 hombres y 2.015 mujeres), es decir, que el hacinamiento se ubica en 291,71%.
La organización precisa que a las mencionadas cifras hay que agregarle la presencia en estos lugares de 18 adolescentes varones y 4 hembras.
“Como se puede observar, en 289 calabozos había 25.186 más 22 adolescentes detenidos (as), llegando a un total de 25.208. Si existen aproximadamente 500 CDP en todo el país, para los restantes 211 calabozos había solamente 13.528 personas detenidas de acuerdo con el diputado Pedro Carreño”, indica el documento. UVL señala que de todo lo anterior lo más importante es que podamos obtener una estadística clara y confiable de los logros del trabajo de la comisión y una propuesta concreta y planificada de las políticas públicas que se continuaran desarrollando para lograr el objetivo último de la Comisión Especial para la Reforma del Poder Judicial.
La organización no gubernamental que coordina el abogado Carlos Nieto Palma indica que la Comisión para la Reforma del Poder Judicial es una fantasía con objetivos muy encomiables en apariencia, pero improvisada y con una composición humana que no garantiza su éxito.
“Si queremos acabar el hacinamiento hay que cumplir con las normas y leyes penales nacionales e internacionales. Si no se cumple el debido proceso durante los lapsos correspondientes, no habrá disminución significativa del hacinamiento”, indican en el documento.
En el Informe Especial se señala que “liberar o trasladar a centros penitenciarios un 21,80% en 70 días (10 días extras) habiendo dicho que acabarían con el hacinamiento en los CDP en solo 60 días, es una agresión a las personas detenidas.
“Es un chantaje para que acepten cualquier culpa o condición y una afrenta a las familias que siguen luchando por las debidas garantías procesales para sus familiares que, si bien pudieron haber cometido un delito, no dejan de ser portadoras de derechos humanos”, agregan.
UVL considera, y así lo indica en el informe especial, que las personas que presiden e integran la Comisión para la Reforma del Poder Judicial no son precisamente las más calificadas para abordar el delicado tema.
“Lo más llamativo es que los llamados Estados Mayor estaban presididos por diputados de los cuales no todos son abogados, es decir, en algunos casos carecían de formación sobre las tareas que debían realizar”.
Como se recordará el pasado 21 de junio de 2021, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en el marco de una sesión del Consejo de Estado realizada en el Palacio de Miraflores, anunció la creación de la Comisión Especial para la Reforma Judicial.
Dicha instancia, según lo indicado por el Jefe de Estado, tendría 60 días, a partir de esa fecha, para resolver el grave problema de hacinamiento que presentan los centros de detención preventiva de todo el país.
Maduro explicó que la mencionada comisión estaría integrada por las siguientes personas: diputado Diosdado Cabello (presidente), diputada Cilia Flores (vicepresidenta) y magistrada, presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Lourdes Suárez Anderson (Secretaria).
“La primera tarea de dicha comisión establecida por el Presidente Maduro fue acabar en 60 días con el hacinamiento, descongestionando los centros de detención preventiva (CDP) a nivel Nacional”, destacan en el documento elaborado por UVL.
El 25 de junio el diputado Diosdado Cabello explicó que la Etapa No. 1 funcionará durante el primer mes y que durante este lapso de tiempo se revisaran, a nivel nacional, los expedientes de todos los privados de libertad.
El parlamentario agregó que en la Etapa No 2, es decir, los otros 30 días, se “descongestionarían” los calabozos policiales.
UVL considera que el nombramiento de la Comisión para la Reforma Judicial es un reconocimiento a las denuncias que desde hace 5 años viene realizando la organización sobre la grave situación de hacinamiento y salud que existe en los calabozos policiales de todo el país.
A manera de conclusión el informe especial elaborado por UVL finaliza afirmando lo siguiente:
“No hubo ninguna revolución en los centros de detención preventiva que se mantienen en su gran mayoría hacinados, nada se estremeció ni sacudió profundamente en el Sistema de Justicia de Venezuela. Seguiremos atentamente los pasos que continúe dando en los calabozos hacinados del país, la comisión para la Reforma del Poder Judicial en Venezuela, y en las etapas siguientes”.
Nota de Prensa UVL
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