El movimiento guerrillero y el paramilitarismo en Venezuela, tuvo presencia entre los años 1960 y 1975, especialmente en el ámbito político, caracterizado por extremismos de izquierda y derecha, con participación de un número importante de grupos armados insurgentes y de guerrillas de extrema izquierda.
Entre ellos, están las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), una organización guerrillera creada por el Partido Comunista de Venezuela (PCV), que luchó por hacer caer a regímenes ideológicamente opuestos, bajo los principios de la igualdad. Sin embargo, duró muy poco tiempo.
Tras la política de pacificación y la legalización del Partido Comunista en 1969 llevada a cabo durante la presidencia de Rafael Caldera quedaron inoperantes los frentes guerrilleros comandados por el PCV. No obstante, se mantienen vigentes las células de las FALN que seguían al Partido de la Revolución Venezolana hasta finales de los setenta.
Este tipo de guerrillas y grupos fueron especialmente frecuentes en Latinoamérica que llevaron a sectores de las clases menos favorecidas a la subversión y a la conformación de agrupaciones políticas de izquierda revolucionaria que conforman partidos políticos y se presentan a elecciones.
Conflicto armado permanente en Colombia
A diferencia de este panorama, en Colombia el conflicto armado insurreccional ha estado presente durante muchos años, especialmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otros, que han evolucionado como actores en un conflicto político armado hasta transformarse en organizaciones delictivas transnacionales.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), como institución armada al servicio de la defensa de Venezuela, tiene como misión no permitir que el conflicto armado afecte a nuestro pueblo e impedir que la guerrilla colombiana del país hermano y el paramilitarismo colombiano ocupen nuestro territorio como zona de aliviadero. Aquí debemos ser garantes de nuestra soberanía.
Lo que pasa en la frontera de Apure con Colombia, específicamente en el Arauca, El Ripial o La Victoria, debido a los enfrentamientos que se iniciaron en el mes de marzo entre la Fuerza Armada Bolivariana, las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) y disidentes de las FARC debe solucionarse lo más rápido posible, situación que ha traído como saldo bajas de militares y disidentes de la guerrilla colombiana; mientras, alrededor de 6.000 habitantes de la zona, entre adultos y niños, han tenido que desplazarse al vecino departamento colombiano de Arauquita después de que se intensificara en conflicto debido al temor causado por el bombardeos y allanamientos de los hogares, donde se han refugiado del lado colombiano en albergues o carpas.
Lo que vivió Colombia en los años 80 no puede repetirse, mucho menos en Venezuela y el Estado debe hacer cumplir lo que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone, referente al espacio geográfico y de la división política, específicamente en el artículo 15, que señala “El Estado tiene la obligación de establecer una política integral en los espacios fronterizos terrestres, insulares y marítimos, preservando la integridad territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultural, económico, social y la integración”.
La seguridad de la nación
De igual manera, en lo concerniente a los principios de seguridad de la nación, el artículo 327 de nuestra Carta Magna, contempla que “la atención de las fronteras es prioritaria en el cumplimiento y aplicación de los principios de seguridad de la Nación».
Entre las responsabilidades de la Fuerza Armada Nacional, en el artículo 328 se indica que “la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación
el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley”.
Apure es el tercer estado más extenso de Venezuela, con 76.500 km², de los cuales 2.200 km² hacen frontera con Colombia, además de contar con numerosos ríos de gran longitud y anchura, como el Arauca, de más de 700 km de longitud, que nace en Colombia y se une al Apure mediante varios brazos y caños antes de desembocar en el Orinoco, principal afluente venezolano; el Caño Orichuna de unos 500 kms de longitud; el Capanaparo, el Cinaruco, el Cunaviche, el Matiyure y el Meta, entre otros, lo cual lo convierte en un territorio clave para la instalación de centros de operaciones, campamentos y pistas clandestinas por parte de los armados que vienen del otro lado de la frontera al suelo venezolano y se enfrentan por el poder, el territorio y el control del negocio internacional de tráfico de armas, drogas e incluso de los minerales que son extraídos en el estado Bolívar.
La alianza entre las FARC y los principales carteles de droga de México, de acuerdo a los informes presentados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en los últimos años, es el principal productor de cocaína del mundo, con aproximadamente el 70% de la producción mundial, con 171 hectáreas productivas; sin embargo, el informe del 2020 indica que el tráfico internacional de drogas se redujo de forma repentina, debido a las medidas tomadas para la lucha contra la pandemia en los primeros meses.
Estas organizaciones desde hace algún tiempo utilizan a Venezuela como corredor para transportar un gran porcentaje de la droga hacia Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana; posteriormente a México y EEUU, lo cual genera grandes recursos financieros de los grupos guerrilleros.
El llamado de atención es a todos los organismos de seguridad de nuestra nación, inclusive a la los organismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos, como la Alta Comisionaduría para los DDHH de la ONU, que preside Michelle Bachelet, a aunar esfuerzos para velar por la vida de nuestra población civil, que son los principales afectados por la agresión y hostigamiento generado por la penetración de grupos irregulares en la frontera colombo venezolana, en detrimento de la soberanía y la paz de nuestro territorio.