Por si no bastara con la confiscación y despojo de la Universidad Centroamericana a la Compañía de Jesús, el gobierno de Daniel Ortega ordenó este sábado 19 de agosto expulsar de su residencia a los jesuitas que trabajaban o estaban vinculados con la UCA.
De acuerdo a la escueta reseña que hacen algunos medios nicaragüenses, en la tarde de este sábado llegaron varios funcionarios policiales y del poder judicial de Managua a la residencia Villa Carmen con una orden de desalojo, alegando que la vivienda formaba parte también de las instalaciones de la UCA.
Pese a que los religiosos les mostraron los documentos a los funcionarios en los que se reflejaba que la casa era de su propiedad y no de la universidad, los policía los obligaron a salir de la misma, llevándose algunas pertenencias que lograron retirar. Al parecer, se trasladaron a la residencia San Ignacio donde viven otros jesuitas.
Ante este nuevo hecho arbitrario, los miembros de la Orden manifiestan su confianza en que el Señor de la Historia los siga acogiendo bajo su bandera también en estos momentos.
También, la Conferencia de Provinciales de la Compañía de Jesús en América Latina y El Caribe, instancia de la orden religiosa en esta región del subcontinente, emitió un comunicado en el cual califica el acto como una medida que busca acallar las voces que se levantan y que apoyan la lucha de un país donde le sean respetados sus derechos.
El gobierno publicó este viernes 18 de agosto en el Diario Oficial La Gaceta un acuerdo del Ministerio de Gobernación en el que se aprueba la cancelación de la personalidad jurídica de la UCA, otorgada el 13 de agosto de 1960, y ordena el decomiso de sus bienes.
El Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias Circunscripción Managua ordenó esta semana traspasar los bienes muebles e inmuebles, así como las cuentas bancarias de la UCA, al Estado de Nicaragua, luego de ser acusada por el Ministerio Público (Fiscalía) de ser un «centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales».
Tales señalamientos fueron rechazados directamente por el Superior General de la Compañía de Jesús en el mundo, Arturo Sosa Abascal, quien en una carta dirigida a los jesuitas de Centroamérica manifestó que las acusaciones “totalmente falsas” y “sin fundamento alguno” las acusaciones que vierten contra la el centro universitario.
Además, el sacerdote denunció que a sus compañeros de Nicaragua “se les ha negado además el derecho a la legítima defensa. Un juicio justo sacaría a la luz la verdad de toda la trama que el Gobierno ha venido ejecutando, desde las protestas juveniles del 2018, contra la UCA, contra otras muchas obras de la Iglesia Católica y contra miles de instituciones de la Sociedad Civil con el fin de asfixiarlas, cerrarlas o apropiárselas”.
Finalmente, además de exigirle a Ortega que revierta estas decisiones, el Superior General de los jesuitas confirmó su solidaridad con toda la comunidad universitaria de la UCA, a la par de que resaltó el rol “de la justicia y la verdad, promoviendo el derecho al pensamiento y a una educación abierta, democrática y libre, comprometida socialmente con la calidad de la formación y la defensa del derecho y la vida de los más desfavorecidos”.
Igualmente, la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina y El Caribe, Ausajl, también califican las acciones en contra de la UCA constituye no solo una violación a la autonomía universitaria sino también una vulneración de los derechos fundamentales de la sociedad nicaragüense.
Por su parte, el rector de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, P. Arturo Peraza sj, alertó que el cierre de su homóloga nicaragüense es un robo a la democracia, al diálogo, al libre pensamiento y a los derechos humanos de los pueblos de América Latina.
Con información de Radio Fe y Alegría Noticias