El venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios, exgeneral chavista detenido en Madrid y considerado el fugitivo más buscado de Estados Unidos por tráfico de drogas, ha pedido declarar voluntariamente ante la Justicia española para aportar datos sobre las relaciones entre la banda terrorista española ETA y las FARC colombianas, informaron este jueves fuentes judiciales.
De aceptarse, la declaración Carvajal se enmarcaría en las diligencias previas abiertas por la Audiencia Nacional española cuando fue detenido por primera vez sobre terrorismo internacional.
El conocido como el Pollo Carvajal hizo esta petición ante el juez después de que esta semana fuera paralizada su extradición a Estados Unidos, debido a que, según la Audiencia Nacional, aún no se había resuelto sobre la petición de asilo que formuló la primera vez que fue detenido en España.
El Ministerio español de Interior notificó este miércoles al tribunal español y a la prisión de Estremera (Madrid), en la que ingresó hace seis días el exgeneral chavista, que el asilo le fue denegado en 2019.
Fuentes del Ministerio indicaron a EFE que Carvajal solicitó protección internacional en junio de 2019, meses después de haber sido detenido tras entrar en España con un pasaporte falso.
Su petición se tramitó y se negó por parte de la Oficina de Asilo del Ministerio del Interior al no cumplir los requisitos, una resolución que el 23 de septiembre de 2019 fue remitida a la cárcel de Estremera porque en esa prisión había ingresado Carvajal y porque el solicitante no había señalado ningún domicilio particular en España.
Una semana antes, Carvajal había salido de la cárcel puesto en libertad después de que la Audiencia Nacional rechazara entregarlo a Estados Unidos, una decisión revocada dos meses después por una instancia superior de ese tribunal, pero para entonces ya había desparecido y permaneció oculto hasta ser detenido este mismo mes.
La notificación a la cárcel es un trámite que se sigue habitualmente cuando una petición de asilo es cursada por un recluso, por lo que las notificaciones de la administración al interesado se dirigen al centro penitenciario.
Hasta esas mismas dependencias, el Ministerio español del Interior ha remitido la notificación de que le fue denegada la protección internacional, por lo que ahora el recluso tendría el plazo de un mes para solicitar que revise su expediente.