Después de que el gobierno de los Estados Unidos anunció el miércoles la reimposición de sanciones sobre Venezuela, se inicia un nuevo periodo de incertidumbre, especialmente para la economía venezolana, en un contexto marcado por un proceso electoral cuestionado debido a denuncias de la comunidad internacional sobre la falta de transparencia y las dificultades para que la oposición participe en los comicios.
Venezuela tuvo un periodo de seis meses de cuando Washington otorgó una licencia a la industria petrolera. En ese tiempo hubo un flujo de ingresos petroleros, lo que contribuyó a una mejora económica reflejada en una inflación que se mantuvo alrededor de 3%.
Ahora, analistas consultados por el diario colombiano EL TIEMPO creen que el regreso de las sanciones afectará más a la economía venezolana.
Y es que, tras la decisión de Washington de no renovar las licencias para el sector minero y gasífero de Venezuela, a partir de ahora, las empresas interesadas en realizar negocios con la estatal petrolera venezolana, Pdvsa, deberán solicitar autorizaciones individuales al Tesoro estadounidense, que serán evaluadas caso por caso.
El analista venezolano Giulio Cellini conversó con EL TIEMPO y señaló que el hecho de que se haya revocado el alivio no es una sorpresa, porque había sido anticipado por Washington semanas atrás.
Cellini explicó que, si bien se esperaba cierto grado de flexibilidad por parte de Estados Unidos, la continuación de las sanciones responde a la falta de avances sustanciales en materia política y electoral en Venezuela.
Y es que luego del referéndum consultivo para la anexión del Esequibo, en diciembre pasado, en Venezuela se empezó a registrar una serie de acciones de radicalización política, específicamente decisiones en materia electoral..
Cellini también hizo hincapié en la complejidad de la situación política en Venezuela, donde el gobierno de Maduro se enfrenta a presiones internas y externas para realizar reformas democráticas y garantizar condiciones equitativas para las próximas elecciones.
“Sabemos que las sanciones si bien han servido como un mecanismo de presión al gobierno de Maduro, la verdad es que está bastante claro que en Venezuela no hay disposición a pactar nada que ponga en riesgo evidente la permanencia del gobierno”. afirmó.
Aunque la licencia que Estados Unidos le otorgó a Venezuela solo duró seis meses, cabe mencionar que las sanciones llevan varios años haciendo mella en la economía venezolana.
Estas sanciones “han incrementado la situación ya precaria en materia de salud y de condiciones económicas para los venezolanos de tal manera que desafortunadamente nos encontramos una situación de entrampamiento en el cual no hay avances sustanciales en lo político, pero la teoría del colapso que se pretende con las sanciones y que este colapso pueda a su vez promover o lograr un cambio político en Venezuela no parece estar teniendo efecto”, comentó Cellini.
Sin embargo, afirmó también que durante los seis meses en los que estuvo vigente esta licencia, Venezuela experimentó un significativo aumento en sus ingresos petroleros, “entre 4.000 y 5.000 millones de dólares por encima de lo que ya estaban comercializando antes”.
El analista considera que esto se debió, por una parte, al incremento que ha habido de la producción petrolera por las operaciones de Chevron y porque “Venezuela ya no estaba obligada a vender el petróleo con el descuento de hasta 40% con el cual estaba vendiendo el petróleo de forma irregular”.
Ahora, la imposibilidad de realizar transacciones comerciales de manera fluida y eficiente dificulta el funcionamiento de las empresas y pone en riesgo la estabilidad de sus operaciones.
Por otra parte, el economista Luis Oliveros afirma que las sanciones no tienen ningún punto positivo y no han logrado el cambio de gobierno, recordó que “cuando le vendieron, las vendieron diciendo que Maduro no aguantaba las sanciones, que la gente se iba a cansar y saldría a la calle.
En ese entonces, en 2018, los venezolanos sufrían los embates de la hiperinflación y la escasez, y se les dijo que gracias a las sanciones la comunidad internacional vendría a ayudarnos y generarían el quiebre político” lo que nunca ocurrió.
Para Oliveros es necesario que Venezuela aumente sus ingresos por la vía del sector petrolero, “que más empresas trabajen aquí, que se mueva el mercado laboral desde el punto de vista petrolero, aunque no sea con mucha gente, pero eso permee en otras áreas de la economía y automáticamente te genera crecimiento económico”, aseveró.
Oliveros insiste en que con sanciones es imposible el crecimiento económico del país. “Venezuela en este momento tiene una posibilidad de vender petróleo al mercado asiático, a China, pero China como tiene un riesgo de comprar petróleo a un país sancionado entonces nos colocan una disminución de precios importante, y con el conflicto de Rusia y Ucrania mucho peor para nosotros, tenemos un mayor competidor que es Rusia en el mercado asiático, se habla entre 40 % y 45 % la disminución de precios para el crudo venezolano en China”, indicó.
En este contexto, el panorama futuro de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos permanece incierto. Aunque persisten canales de comunicación y se mantienen esfuerzos por encontrar una solución, la postura firme de la administración estadounidense en cuanto a las candidaturas en las elecciones venezolanas representa un desafío significativo para el restablecimiento completo de las relaciones diplomáticas.
Esta decisión se da en respuesta a lo que los funcionarios estadounidenses ven como el incumplimiento por parte del presidente Nicolás Maduro de los compromisos adquiridos en Barbados.
Las condiciones del citado acuerdo incluían garantías electorales, la autorización de todos los candidatos presidenciales, contemplaba también la observación internacional de los comicios, la definición de un cronograma electoral equitativo, la promoción de auditorías para el proceso y la actualización del registro electoral para incluir a los venezolanos residentes en el exterior, que supone ya un cuarto de la población.
La primera licencia otorgada autorizaba transacciones relacionadas con el sector de petróleo y el gas por un período de seis meses. Por otro lado, la segunda licencia daba luz verde a operaciones con Minerven, la empresa estatal venezolana de extracción de oro.
Dicha medida tenía como objetivo reducir el mercado negro y potencialmente canalizar las transacciones relacionadas con la extracción de oro hacia canales legales.
Además, se realizaron modificaciones en dos licencias existentes para eliminar la prohibición de negociar en el mercado secundario ciertos bonos soberanos venezolanos, así como deudas y acciones de Pdvsa.
En días pasados el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller había reconocido que Maduro ha “mantenido ciertos aspectos” del acuerdo de Barbados, incluido el establecimiento del calendario electoral y la invitación de observadores internacionales. Sin embargo las autoridades electorales venezolanas mantienen hasta la fecha la inhabilitación electoral de María Corina Machado, quien ganó las primarias de la oposición en octubre pasado.
Las sanciones a Venezuela por parte de Estados Unidos tienen una larga historia que se remonta a casi dos décadas, intensificándose a partir de 2015 con el objetivo de presionar la salida del presidente Nicolás Maduro. Estas sanciones, que fueron suavizadas temporalmente, han sido tema de discusión tanto en el ámbito político como económico, porque se han planteado como una herramienta para ejercer presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Sin embargo, su efectividad y sus consecuencias han sido objeto de debate, especialmente a la luz de un informe presentado en enero por la Oficina de Servicios de Investigación del Congreso de Estados Unidos, en el que reconoce que estas medidas no han logrado su objetivo principal de provocar un cambio de gobierno en Venezuela.
En dicho informe, el Congreso también reconoció que “las sanciones contribuyeron a una crisis económica sin precedentes en Venezuela, que provocó la huida de 7,7 millones de venezolanos desde 2015”.
Maduro, en su memoria y cuenta de este año, aseguró que, por culpa de las medidas, calificadas como “unilaterales y coercitivas”, Pdvsa dejó de producir un gran número de barriles de petróleo, lo que supuso una pérdida para el país de 323.000 millones de dólares, “nada más en los misiles que cayeron en la industria petrolera”.
El alivio de las sanciones en octubre de 2023 permitió a Pdvsa celebrar contratos para ampliar la participación de la inversión privada en actividades de producción y comercialización, como respuesta al colapso operativo y financiero de la estatal petrolera.
Además, la Licencia General 44 permitió retomar canales formales de comercialización de crudo. Venezuela suscribió convenios y memorandos en el sector energético, entre ellos con la española Repsol, la francesa Maurel & Prom, la mexicana Pemex, la Refinería di Korsou (Rdk) de Curazao y con la Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago, además de la operación de Chevron en el país, lo que facilitó la recuperación de deudas y generó ingresos para la nación.
La concesión de estas licencias permitió un mejoramiento en el flujo de efectivo en la economía venezolana, contribuyendo a una disminución en la tasa de inflación y proporcionando estabilidad en el tipo de cambio, según destacaron algunos expertos. Los ingresos de la petrolera estatal pasaron de 3.000 millones de dólares en 2022 a 6.320 millones en 2023, según el gobierno venezolano, porque el levantamiento parcial y temporal del embargo permitió restablecer envíos hacia países como India.
Sin embargo, es importante señalar que estos alivios no representan la totalidad de lo que Venezuela debería percibir si no estuviera sujeta a sanciones internacionales. En total, suman unas 923 sanciones impuestas, según datos del Observatorio Antibloqueo.
La política de revisión de sanciones comenzó con la revocatoria de la Licencia General 43, otorgando a Minerven la empresa estatal de oro de Venezuela hasta el 13 de febrero para cerrar operaciones amparadas en la licencia. En cuanto a la expiración de la Licencia General 44, esto no incidirá en las operaciones de Chevron y los contratistas como Halliburton, pues esas operaciones se basan en las Licencias Generales 8M y 41.
El presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, ofreció declaraciones en respuesta a la reimposición de sanciones y acusa al gobierno de los Estados Unidos de no cumplir los acuerdos.
«Para nosotros, nuestra palabra sí es valiosa. Si decimos que vamos a firmar un acuerdo, cumplimos cabalmente», afirmó Rodríguez.
Rodríguez subrayó que Venezuela ha cumplido con todos los compromisos establecidos, incluyendo la fecha de las elecciones presidenciales, programadas para el segundo semestre del año 2024, específicamente el 28 de julio. “Rechazo de violencia, cumplido por nosotros, no por la derecha.
Indicación de fecha de elecciones, cumplimos, por eso firmamos que las elecciones serán el segundo semestre del año 2024”, declaró.
“Dejamos claro que no somos un país tutelado, que Venezuela es un país independiente y soberano.” insistió.
Fuente: El Nacional