El anuncio del gobierno de cancelas prestaciones sociales, cajas de ahorro, vacaciones, entre otros beneficios ha generado una serie de críticas por parte de gremios de trabajadores. Afirman que la criptomoneda no cumple con los requisitos mínimos ni es la moneda en curso como lo establece la Constitución para el pago a empleados.
Leida León, presidenta de la Central de Trabajadores ASI Venezuela, manifestó que se trata de una medida mal ejecutada por el Ejecutivo. A su juicio, se trata de un instrumento que no cumple el requisito de criptomoneda que pueda ser establecida en el libre mercado, sino que el valor lo impone el gobierno de manera unilateral.
“Tenemos la experiencia de 2018 en el proceso de reconversión monetaria y la llamada ‘guerra económica’ cuando el Estado decidió establecer el Petro como forma salarial. Impuso un porcentaje del valor del Petro para los pagos salariales y eso nunca se cumplió, por lo tanto no creemos en esta medida”, dijo León.
La presidenta de la central de trabajadores insistió en que debe haber garantías constitucionales si se pretende anclar el Petro a las prestaciones. Indicó que al establecerse un Petro para el pago de beneficios laborales y otro fluctuante “no es más que una violación a los derechos y una estafa».
“”Nuestra propia Constitución establece que las formas de pago al trabajador debe ser con la moneda en curso legal y el Petro no lo es. No se nos puede engañar con promesas que no son legales ni constitucionales”, aseguró la dirigente gremial.
Advirtió el pago de beneficios laborales en petros se convertirá en sal y agua porque las instituciones que hacen la conversión sólo reconocen 30 o 40%. Precisó que esta situación amplía el mercado negro, por lo que considera debe haber políticas públicas serias y dejar de “jugar con los trabajadores”.
Por su parte, Héctor Villalba, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela en Monagas, comentó que ante el anuncio del gobierno, se debe consultar primero a los trabajadores públicos y privados. De esta forma se cumpliría el artículo 92 de la Constitución y 101 y 123 de la Ley Orgánica de los Trabajadores y no se forma unilateral como afirma se pretende hacer.
“Se busca indexar el sueldo debido a la alta hiperinflación que desde hace cinco años atraviesa Venezuela y que ha deteriorado y pulverizados los salarios. Esta modalidad tendría dos situaciones difíciles; una tanto para los trabajadores como los empleadores es que como el Petro es una unidad cambiante fluctuante esté en baja y el trabajador perdería parte de sus prestaciones. Para los patronos, es que si al momento de depositar esta al alza deben pagar más en caso del sector privado”, explicó Villalba.
Señaló que la mayor cantidad de los trabajadores en el país, están en el sector privado, es decir, de los 15 millones de venezolanos económicamente activos, 10 millones pertenecen al sector privado. “En ambos casos se debe consultar a los trabajadores, si quieren o no sus prestaciones en Petro”.