Este martes 23 de febrero, el Contralor General de la República, Elvis Amoroso, anunció la inhabilitación de un total de 28 exdiputados nacionales por incumplir con la exigencia de Ley que los obliga a presentar la declaración jurada de patrimonio al cesar sus funciones parlamentarias.
Durante una transmisión de televisión, el garante de los bienes de la nación señaló que los ciudadanos sancionados, al no cumplir con la exigencia legal, hacen presumir la comisión de actos de corrupción o enriquecimiento ilícito durante sus gestiones parlamentarias.
“Esas presunciones serán plenamente aclaradas a través de la amplia investigación que iniciaremos de inmediato”, adelantó Amoroso.
Vale destacar que todos los exdiputados a los que se les aplicó la sanción de inhabilitación militan en organizaciones políticas de la oposición y varios de ellos se encuentran en el exterior calificándose como “exiliados”.
La lista leída por el Contralor es la siguiente:
Marcos Quiñones, Armando Armas, Julio Montoya, Ismael García, Mariela Magallanes, Antonio Seara, Américo De Grazia, Carlos Berrizbeitia, Juan Miguel Matheus, Richard Blanco, Rafael Veloz, Tomás Guanipa, Luis Florido, Germán Ferrer, Jesús Alexis Paparoni, Carlos Paparoni, Freddy Guevara, Juan Andrés Mejia, Julio Borges, Franco Casella, Gaby Arellano, Renzo Prieto, Sergio Vergara, Carlos Valero, Winston Flores Gómez, Juan Guaidó, Juan Pablo Guanipa, José Manuel Olivares.
La sanción aplicada a ellos es de 15 años sin poder acceder a cualquier cargo público, la máxima permitida por la Ley.
Este castigo es solo de carácter político-administrativo, por lo que no implica pena judicial. Para ello deben formularse acusaciones penales, lo que, al parecer, se plantea la Contraloría con la referida investigación que anunció su titular.