Los gobiernos de Venezuela y Colombia trabajan en 24 asuntos de cooperación judicial desde agosto pasado, cuando ambos países restablecieron las relaciones diplomáticas luego de tres años y medio rotas, según informaron este martes fuentes diplomáticas del país andino.
El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, indicó a través de su cuenta de Twitter que la delegación liderada por él «ha trabajado por la cooperación judicial con un total de veinticuatro solicitudes de asistencia remitidas entre las autoridades de ambos países».
«En la embajada trabajamos por la adecuada implementación del Acuerdo de Cooperación y Asistencia Judicial en Materia Penal de 1998. La cooperación judicial es fundamental para avanzar en investigaciones, procesos y actuaciones judiciales de manera bilateral», añadió Benedetti en la misma red social.
Entre las causas atendidas por ambos países se destacan «decesos de personas, vehículos hurtados, desapariciones», explicó a periodistas un diplomático de la embajada colombiana que pidió el anonimato, según reseña la agencia de noticias EFE.
«Gracias a la reanudación de la cooperación judicial bilateral, (estos asuntos) tendrán el trámite y la importancia que merecen», agregó la misma fuente.
Colombia anunció la reanudación de la cooperación judicial el pasado 7 de septiembre, un mes después de que ambos países retomaran relaciones y designaran embajadores, lo que fue posible gracias a la llegada del izquierdista Gustavo Petro al poder en la nación andina.
Desde que rompieron relaciones en 2019, la cooperación judicial bilateral había sido prácticamente nula con solicitudes de extradición sin atender ni trabajo conjunto en temas de amplio alcance entre sus fronteras, como el narcotráfico, la trata de personas o el contrabando.
El chavismo ha expresado su deseo de que la nueva cooperación judicial permita la deportación a Venezuela de opositores radicados en Colombia que son acusados de «traidores a la patria».
Ante este planteamiento, Petro salió al paso al asegurar que su país garantiza el derecho al asilo y al refugio.
Con información de EFE