Sobre una agenda de siete puntos firmada hace tres semanas, 18 dirigentes políticos, nueve del Gobierno de Nicolás Maduro y nueve de la Plataforma Unitaria que representa a la oposición, comenzarán a tejer a partir de este fin de semana los acuerdos de la nueva ronda de negociaciones en Ciudad de México. La oposición presentó a su grupo completo el día de la firma del memorándum de entendimiento y la foto oficial en México, el pasado 13 de agosto, pero se produjeron cambios como la incorporación de Freddy Guevara, detenido durante un mes y cuyo excarcelamiento responde al pulso generado en torno a este proceso. El chavismo, en cambio, dilató hasta este viernes la presentación de todos sus nombres y llevó una delegación extendida con 11 funcionarios.
El Gobierno acude representado por varias facciones de poder. Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional es el líder de la delegación. Con más de 20 años en el chavismo ha ocupado cargos como la presidencia del Consejo Nacional Electoral, la Vicepresidencia, el ministerio de Comunicaciones y Turismo y la alcaldía de Caracas. También ha ido ganando poder en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Junto a su hermana Delcy Rodríguez es uno de los principales interlocutores dentro y fuera del país de un mandatario que poco sale de Fuerte Tiuna y Miraflores. Psiquiatra de profesión ha asumido la vocería en la denuncia de supuestas conspiraciones contra el Gobierno a las que han seguido persecuciones y encarcelamiento de opositores.
La figura más llamativa de esta alineación es la de Nicolás Maduro Guerra, el único hijo del líder chavista, aspirante a la sucesión del sucesor de Chávez, que por primera vez se incorpora a estas conversaciones. Nicolasito, como le llaman, ha ido ganando relevancia en el terreno político por tender puentes diplomáticos para distender las presiones internacionales contra el Gobierno de su padre. Su presencia también supone que Maduro y su familia tengan una representación específica que vele por sus intereses en la negociación. Con 31 años y de profesión economista ha tenido cargos accesorios en el Gobierno, como inspector de la gestión de los entes públicos. También ocupó un curul de la Asamblea Nacional Constituyente, creada en 2017 y disuelta en 2020 sin haber modificado la carta magna, y actualmente es diputado. Se ha vinculado más con la Juventud del PSUV. Washington le impuso una sanción en 2019 por supuesta corrupción y por ayudar a su padre a «mantener un dominio absoluto sobre la economía y reprimir al pueblo». El año pasado dos colaboradores cercanos también fueron sancionados.
Los acompaña Héctor Rodríguez, actual gobernador del Estado Miranda, con un liderazgo surgido de las juventudes del PSUV. En una carrera que despegó en 2007 como contrafigura del movimiento estudiantil opositor del que formaron la mayor parte los actuales dirigentes de oposición, como Juan Guaidó, David Smolansky, en el exilio, Juan Requesens, en prisión domiciliaria, y Freddy Guevara. En una carrera meteórica ha pasado por las jefaturas de varios ministerios: despacho de la Presidencia, Deportes, Educación y Juventud. Ha sido diputado y se ha perfilado como un presidenciable.
El diputado Francisco Torrealba se incorpora nuevamente en esta negociación, como ya estuvo en las de Barbados y República Dominicana. Con más de 10 años de vida parlamentaria, intercalada con puestos en el gabinete, se ha asumido el papel de bisagra entre el chavismo y la oposición. También ha estado detrás de algunas de las excarcelaciones de disidentes que se han hecho en los últimos años. Torrealba forma parte del Grupo de Boston, creado en 2002 entre parlamentarios venezolanos y estadounidenses con la intención de promover algunos equilibrios en los momentos de mayor tensión política en estos 20 años. Es un influyente operador político del chavismo y manejó a finales de 2019 el deslinde de un grupo de diputados opositores del liderazgo de Juan Guaidó, los llamados alacranes, vinculados a la telaraña de corrupción del empresario colombiano Alex Saab, detenido hace más de un año en Cabo Verde.
En delegación chavista también fue incluido Larry Davoe, una figura clave para Maduro y varios altos funcionarios señalados por violaciones de derechos humanos en Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional. Davoe ostenta el cargo de Agente del Estado ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos. En dupla le acompaña el periodista William Castillo, quien recientemente fue nombrado como viceministro de Políticas Antibloqueo, el principal aspecto al que aspira el Gobierno en este proceso, relacionado con el levantamiento de las sanciones económicas y el bloqueo de activos de la nación en el extranjero. Lo que Maduro ha llamado «devolver las garantías económicas que le han sido robadas» a los venezolanos. Antes estuvo en el área de comunicaciones y al frente de Conatel, el organismo que controla las licencias para radio y televisión y las telecomunicaciones.
Dos diputadas del PSUV son parte del equipo negociador chavista. Diva Guzmán, de la dirección nacional del partido, y Genifer Garvett, de las juventudes, quien desde que era estudiante de bachillerato, hace cinco años, aparece en actos políticos con Maduro. Además, se ha incorporado a la ministra de Ciencia y Tecnología, la bióloga de 45 años Gabriela Jiménez, que ha tenido su mayor proyección durante el último año por el manejo de la crisis del covid-19. También viajaron en la comitiva el viceministro para América Latina, Render Peña, y la ministra de Mujer e Igualdad de Género, Margot Godoy.
Dos ex presos políticos y dos exiliados
La delegación opositora reúne a las figuras más conciliadoras del llamado G4, la coalición de los cuatro partidos más grandes de la oposición. El jefe de la delegación es Gerardo Blyde, abogado constitucionalista de 57 años y destacado dirigente de la oposición. Militó por un tiempo en Primero Justicia y luego ha sido operador político de las formaciones unitarias de la oposición, muy especialmente la Mesa de la Unidad Democrática, fundada en 2009, ganadora en 2015 y disuelta en 2018. Fue alcalde del municipio Baruta, en la zona metropolitana de Caracas.
Freddy Guevara ha sido incorporado al diálogo semanas después de salir de la cárcel en sustitución de Carlos Vecchio, representante de Juan Guaidó en Estados Unidos. Guevara fue detenido a principios de agosto y se perdió el inicio de las conversaciones, pese a que activamente participó en la ronda de los llamados «acercamientos pendulares» que desembocaron en el memorándum de entendimiento. Con 35 años, en el 2007, empezó en la política como líder estudiantil. De formación socialdemócrata, inicialmente militó en el partido Un Nuevo Tiempo. Poco después, en 2009, fundó junto a Leopoldo López el partido Voluntad Popular, en el cual se ha desempeñado como Coordinador Político Adjunto y miembro de su Dirección Nacional. Fue electo diputado en 2015 y se desempeñó como primer vicepresidente y presidente de la Comisión de Contraloría. Luego de las intensas protestas antigubernamentales de 2017, pasó tres años asilado en la embajada de Chile en Caracas, acusado de sedición y rebelión. En 2020 recibió un indulto presidencial. Ha sido uno de los colaboradores más cercanos de Guaidó
Tomás Guanipa es el secretario general de Primero Justicia y llevaba dos años en el exilio cuando se integró a la negociación. Luego de la firma del memorándum entre Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde regresó al país y estuvo presente durante el anuncio de la participación unitaria de la oposición en las elecciones regionales de noviembre, que se produjo esta semana. Opera de forma muy articulada con Julio Borges, máxima figura de este partido. Fue diputado dos veces y designado embajador en Colombia del gobierno interino encabezado por Juan Guaidó a la sombra del régimen chavista, cargo al que renunció para integrarse a la mesa.
Stalin González vuelve a una negociación. Estuvo vinculado a la izquierda durante sus años universitarios como dirigente estudiantil de larga data. Fue parte de la denominada Generación del 2007, la última en irrumpir en bloque contra la hegemonía chavista, a la cual pertenecen políticos como Guevara, David Smolansky, Miguel Pizarro y Juan Guaidó. Fue diputado y miembro de la dirección nacional de Un Nuevo Tiempo. Es un socialdemócrata de línea flexible. Luego de renunciar a la dirección de su partido ha tenido, como independiente, un claro acercamiento a Henrique Capriles Radonski, al que representa en México.
Uno de los pocos políticos venezolanos activos de los años de la democracia del siglo XX, el de mayor edad en la delegación, es Luis Emilio Rondón. Es abogado y tiene 64 años. En sus inicios fue militante del histórico Acción Democrática. Ha sido diputado en varias ocasiones y vicepresidente del Parlamento Sudamericano. Actualmente es vicepresidente ejecutivo de Un Nuevo Tiempo, de orientación socialdemócrata. Es apreciado como un político de línea moderada.
Luis Aquiles Moreno, subsecretario general de Acción Democrática, es uno de los activos del aparato político de este partido. Se le considera uno de los alfiles del secretario general y mandamás de AD, Henry Ramos Allup. Tiene 60 años, es ingeniero industrial y se ha desempeñado como parlamentario en varios períodos legislativos. Es un político muy dotado para la negociación, declara poco y no es muy conocido. Ha estado presente en casi todas las alineaciones que la oposición ha estructurado para adelantar estrategias de diálogo con el chavismo.
Como Guevara, Roberto Enríquez estuvo asilado en la embajada de Chile en Caracas desde que le presentaron cargos judiciales en 2017, uno de los años más negros en la persecución a opositores. Inesperadamente se le vio en México hace tres semanas, cuando se supo que pudo salir de país. Pertenece a Copei, otra formación histórica de los años de la democracia que hoy atraviesa un período de decadencia y como AD, fue intervenida con una junta directiva paralela.
Dos mujeres abogadas forman parte del equipo de negociación opositor. Una de ellas es Mariela Magallanes, de 47 años, concejal y diputada del partido La Causa Radical, formación que ha decidido no participar en los comicios regionales de noviembre. En 2019 fue acusada junto a otros siete diputados de instigación a la rebelión y asociación para delinquir por el Supremo venezolano. Obtuvo refugio en la embajada de Italia en Caracas y poco después abandonó el país, rumbo al exilio en Italia. El perfil menos político y más técnico lo tiene la abogada Claudia Nikken, hija del reputado juez, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y especialista en justicia transicional, el fallecido Pedro Nikken. Fungirá en la delegación como secretaria ejecutiva.
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