El gobierno nacional dejó sin efecto la providencia, publicada en Gaceta Oficial con fecha del 5 de febrero, que regulaba el servicio de entregas a domicilio y creaba un importe de 1% sobre todas las encomiendas concretadas a través de aplicaciones digitales.
En un comunicado de prensa, compartido en redes sociales por el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, el gobierno aseguró que la decisión se tomó luego de una reunión entre las autoridades y representantes de las empresas operadoras de servicio de encomiendas a domicilio, que tuvo como propósito «avanzar en un plan conjunto de trabajo».
Se acordó además «transferir» el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel) al Ministerio del Poder Popular para el Transporte: «Decisión que fue acogida con gran beneplácito por parte de las empresas prestadoras de “Delivery”», dice el comunicado.
Finalmente, ambas partes acordaron mantenerse en constante diálogo, «en aras de mejorar su impacto y relacionamiento, a través de la consolidación de políticas de apoyo y de cooperación conjunta, donde el principal beneficiario sea el pueblo venezolano».
La normativa establecía crear un registro obligatorio, manejado por Ipostel, en el que las empresas debían pagar un costo de 300 dólares para obtener una licencia que les permita hacer entregas a domicilio.
Asimismo, la providencia establecía un pago anual de 240 dólares por el mantenimiento del permiso y un sistema de sanciones, que incluía una multa de 6.000 dólares a los operadores que reincidieran en el incumplimiento de los lineamientos, en vigor desde la fecha de publicación de la gaceta.