El veredicto sobre la titularidad de las 32 toneladas de oro de las reservas venezolanas depositadas en el Banco de Inglaterra será crucial la recuperación de otros activos
La Corte Suprema británica examinará a partir del lunes 19 de julio a quién, entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó, corresponde el disputado control de mil millones de dólares en oro de las reservas de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra.
Cinco magistrados de la más alta jurisdicción escucharán entre el lunes y el jueves los argumentos de ambas partes en esta querella iniciada hace más de un año, en el cual la justicia inglesa ha dado la razón alternativamente a uno y a otro, señala un informe de AFP.
Se trata de determinar «si el gobierno británico ha reconocido al presidente interino Guaidó como jefe de Estado de Venezuela y, en caso afirmativo, si cualquier impugnación de la validez de los nombramientos hechos por Guaidó en la junta del Banco Central de Venezuela es justiciable en un tribunal inglés», explicó la corte.
Decisiones contradictorias
El gobierno de Maduro, a través del Banco Central de Venezuela presidido por Calixto Ortega, lleva casi tres años intentando sin éxito recuperar 32 toneladas de oro de la reserva nacional, valoradas en mil millones de dólares, que tiene guardadas en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra.
Pero la Asamblea Nacional de Venezuela, dominada entonces por la oposición y presidida por Guaidó, nombró en julio de 2019 a su propia dirección ad hoc del banco central venezolano y pidió a Londres que no entregase los lingotes, asegurando que podrían servir para reprimir al pueblo o llenar los bolsillos de un régimen.
Asegurando necesitar el dinero para combatir la pandemia de covid-19, Caracas se querelló en mayo de 2020 contra el Banco de Inglaterra y argumentó que la causa era urgente debido a la crisis humanitaria.
Pero la institución, que custodia fondos para numerosos países, dijo verse atrapada entre dos grupos rivales que le daban instrucciones contradictorias y pidió a la justicia que, antes de decidir el destino final del oro, se resolviese quién tiene su control.
Desde entonces, un juzgado comercial de Londres falló en julio de 2020 que el gobierno británico había reconocido a Guaidó como presidente interino y que la «doctrina de la voz única» le otorgaba el poder de decir el destino de los fondos del país en el extranjero.
Pero tres meses después el Tribunal de Apelaciones remitió el caso por considerar que ese reconocimiento podía ser en realidad una mera declaración política y que era posible que el ejecutivo de Johnson siguiese reconociendo «de facto» a la administración de Maduro.
En diciembre, la Corte Suprema concedió a los representantes de Guaidó permiso para recurrir esa orden y en abril a la parte contraria para contrarrecurrir.
«Después de 12 meses, el caso sigue analizando cuestiones preliminares relacionadas con la autoridad», lamentaron los abogados de Maduro en un comunicado el viernes.
«Hasta que se decida la apelación, Juan Guaidó sigue siendo reconocido por el Reino Unido como el único presidente legítimo y constitucional de Venezuela, sin reconocimiento oficial de Maduro», afirman por su parte los abogados de este.
Guaidó sigue presidiendo una Asamblea Nacional paralela a raíz de las elecciones legislativas de diciembre de 2020, en las cuales no participó la oposición mayoritaria, y que devolvieron el control del parlamento a Maduro.
Londres no reconoce la legitimidad de la nueva cámara y ha reiterado su apoyo a Guaidó y a la Asamblea Nacional elegida en 2015. Pero, sigue manteniendo su embajada en Caracas y relaciones diplomáticas mínimas con la administración bolivariana, lo que esta utiliza para argumentar su legitimidad.
La existencia de dos «presidentes» rivales lleva tiempo dificultando que el gobierno de Venezuela pueda acceder a los fondos del país en el sistema financiero internacional.
Si la Corte Suprema británica acaba dando la razón a la junta del Banco Central de Venezuela nombrada por Guaidó, sentaría un precedente que la oposición espera utilizar para recuperar activos venezolanos depositados en otros bancos centrales europeos.