Alí Daniels: “Las ONG son una piedra en el zapato para el Gobierno”

Para el abogado Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, “las organizaciones no gubernamentales (ONG) son el blanco de un ataque sistemático por parte del Gobierno, que no oculta que las considera una piedra en el zapato”.

Subraya que el Gobierno invierte el principio constitucional de la presunción de inocencia al aplicar la Ley contra el Terrorismo y pedir la data de estas organizaciones, pero además se pretende poner en riesgo y estigmatizar a los beneficiarios de los programas

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El jurista alega que la Normativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo es una forma de buscar hacerse con información de las ONG y con información confidencial de los beneficiarios de los programas que son atendidos en materia de derechos humanos, salud y la educación.

Considera que se pretende “ilegalizarlas, el Gobierno es diestro en el empleo pernicioso de las listas, con lo cual no habría ninguna garantía para los beneficiarios de las ONG. De allí que para estas organizaciones no hay nada que las haga cambiar su negativa a entregar información a los funcionarios gubernamentales”.

Daniels dice que el origen de esta providencia administrativa, que tiene fecha el 30 de marzo, pero no fue publicada hasta el 10 de abril; es la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Lucha Contra el Terrorismo de 2012. En la Ley se dice que se tiene que hacer un registro sobre los sujetos obligados, y esto incluye a las ONG; pero no se había hecho ninguna acción sobre este registro hasta ahora.

La Ley no decía nada de cómo se tenía que conformar el registro, ni cuáles eran los requisitos, ni que información debían dar; todas las ONG están obligadas a consignar el acta constitutiva y con señalamiento de los miembros de la organización, quiénes son los donantes de esa organización y, lo más grave y lo más peligroso, quiénes son los beneficiarios de las actividades de estas organizaciones. Allí está el peligro, la alerta porque el público en general podría pensar que eso solo puede afectar a Provea y otras organizaciones que denuncian las torturas, pero eso tiene un espectro más amplio.

Porque sería tan perjudicial para las ONG?

Si usted tiene un programa de ayuda a las mujeres que han sufrido violencia, donde la confidencialidad es un factor no clave, sino esencial, básico, bueno usted está obligado a dar el nombre de estas mujeres, poniéndolas en peligro. Si usted tiene un programa para atender a las personas, darles retrovirales, con VIH, usted tiene que dar el nombre de esas personas. El peligro es que quieren convertir a las ONG en una especie de patriotas cooperantes.

Considera que las ONG “no nos se van  a prestar. Con toda la información que piden quieren estar actuando invirtiendo el principio constitucional de la presunción de inocencia, es decir, son las organizaciones las que tienen que demostrar que no están limpiando capitales, que no son terroristas, cuando el derecho humano fundamental, que está en la declaración universal y en nuestra Constitución, señala que el Estado que tiene sospecha fundada, debe demostrarlo. Allí vemos que se vulneran los derechos de las  víctimas, sino también de las propias organizaciones al considerarse de inicio que somos violadores de la Ley de Legitimación de Capitales y de la Ley Contra el Terrorismo. El gobierno quiere la data, la información de las ONG para criminalizarlas, pero los criminales son otros”.

Puso otro ejemplo:

“Supongamos que yo tengo un programa de dar comida en los barrios, imaginaste que le da la lista al gobierno de quienes son los beneficiarios. Si algo nos ha enseñado este gobierno es lo que puede hacer con una lista, esa lista si se entrega al gobierno, puede llegar hasta los representantes de una junta comunal, esas personas pueden ser estigmatizadas . Entonces pueden ser revictimizadas, ya sufren hambre, ya eso las hace víctimas y, además van a ser señaladas como aquellas personas que reciben la ayuda  y pueden servir para agredir a las comunidades. Les van a decir: ‘Ajá, estos son los que reciben la comida y ustedes no la reciben. Entonces, es una información que puede tener un uso sumamente perverso en perjuicio de quienes ya son víctimas«.

Sanciones económicas

Dice que “hasta donde vimos en la Ley, las sanciones son de tipo monetario, son multas. Pero el tema es que eso es lo menos importante, el asunto es que ya vimos un caso, que es el de Azul Positivo, en el cual sin esta providencia, ya se imputó a una organización por legitimación de capitales. Esto es un verdadero peligro. Esta normativa deja las puertas abiertas para que el Estado escoja a qué ONG va a perseguir, puede ser una suerte de lotería. Nos expone a todos y quedamos a que el dedo del Estado sea el que decida contra quién va a ir, ya imaginamos que detrás de esta resolución ya hay algunas ONG que estas preseleccionadas”

Dijo el abogado “que el año pasado  las mayores afectaciones a la imagen del gobierno no vinieron de la oposición política, sino justamente de las ONG a través de estos mecanismos internacionales. Por eso el Gobierno responde a esa afectación con esta criminalización«.

Recordó que en el  2020 la famosa circular de Sudeban exigiéndoles a los bancos que monitoreara las cuentas de las ONG, luego está la persecución a los compañeros de Azul Positivo, a Alimenta La Solidaridad, a los cuales también se les abrió un procedimiento, pero no llegó a concretarse la detención y en este año está la inclusión en la agenda legislativa de la ley de cooperación internacional, esta medida no es aislada

Labor de las ONG

Considera que las ONG sustituyen al Gobierno en actividades que corresponderían al Estado.

Por ejemplo, Susana Rafalli tiene un programa para ayudar a niños con desnutrición, entonces tiene una información que al Gobierno no le conviene.

Rafalli dijo que, entre 2019 y 2020, se había duplicado la desnutrición aguda en niños menores de tres años. Entonces, el Gobierno no quiere que esa información salga a la luz porque pone en evidencia su incapacidad, y eso se puede multiplicar por todas las organizaciones que hacen actividades parecidas y que tienen información que desdicen al Gobierno, expresó Daniels.