Tal como lo ordenó el presidente Nicolás Maduro, la Fiscalía General de la República dio inicio a la reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), informó el fiscal Tarek William Saab.
En una rueda de prensa ofrecida este sábado, el funcionario detalló que la medida, el cual según implica «fortalecer y expandir» el cuerpo policial, tendrá una duración de seis meses para su conclusión.
“Como parte de los compromisos voluntarios adquiridos por el Estado venezolano, se ha iniciado un proceso de reestructuración de la PNB, el cual ya fue publicado en la Gaceta Oficial N° 42.105 del 13 de abril”, dijo.
Arrestos por ejecuciones extrajudiciales
El funcionario detalló que en tres años y 8 meses, la Fiscalía general ha logrado imputar a 716 “funcionarios de seguridad del Estado”, además de 40 civiles por “vulneraciones a los derechos humanos”. “Asimismo, fueron aprehendidos un total de 540 funcionarios de distintos organismos y 31 particulares”, agregó.
Precisó que unos mil 64 funcionarios pertenecientes a los organismos de seguridad y 136 civiles fueron acusados por las causas antes mencionadas, así como por esa razón aplicaron 153 condenas.
Destacó que entre los casos notorios que lograron resolver se encuentra la ejecución extrajudicial de los periodistas de la televisora comunitaria Guacamaya TV en el estado Zulia, la cual terminó con la privación de libertad de cinco funcionarios de la PNB por homicidio calificado, violación de domicilio por parte de funcionario público, simulación de hecho punible, complicidad, entre otros, además de una ex-fiscal del MP por encubrimiento y asociación.
También, informó de la imputación de otros cinco funcionarios del mismo cuerpo policial por “el ajusticiamiento de 5 hombres ocurrido en el barrio El Limón, en La Guaira”. El Estado los privó de libertad por homicidio calificado por motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible.
Otro de los casos de mayor connotación fue la muerte del concejal Fernando Albán, quien murió en 2018 en Caracas. Por este hecho, fueron imputados los dos funcionarios del SEBIN que lo custodiaban por homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga de detenido; el escrito acusatorio fue presentado el pasado 13 de noviembre de 2020.
Mientras que por homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva, fueron privados de libertad doce militares de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por la muerte de Juan Pablo Pernalete, tras recibir un golpe con una bomba lacrimógena en el pecho durante las protestas del 2017 en Caracas.