El gobierno de Maduro y la oposición negociaron con el respaldo de EEUU en revisar los procesos de inhabilitación.
El lunes 25 de diciembre la Contraloría General de Venezuela expuso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) las razones de la inhabilitación política impuesta a la líder María Corina Machado, un requisito que había solicitado el órgano de justicia antes de dictaminar un veredicto sobre la sanción a la opositora.
Este paso se da luego de que la oposición y el chavismo acordaron en las negociaciones con Estados Unidos revisar las inhabilitaciones que impiden, en el caso de Machado, que se postule a las presidenciales de 2024.
Para todos los opositores con esta sanción, el plazo para acudir al Supremo a solicitar la eliminación de la misma era hasta el 15 de diciembre. Hasta último momento Machado se negó a acudir. Incluso, un día antes le dijo a EL TIEMPO que no iría al TSJ.
Sin embargo, ese 14 de diciembre, pasadas las 3:00 de la tarde, Machado llegó al TSJ con sus abogados «no para pedir la eliminación de la inhabilitación» sino para «introducir una demanda contra un procedimiento que no existe».
Ante esto, el organismo, según la ley, tenía tres días para pronunciarse, por lo que envió una petición a la Contraloría -lugar que emanó la inhabilitación- solicitando conocer la medida.
El TSJ indicó este lunes que el pasado jueves recibió documentación por parte de la Contraloría, «dando cumplimiento» al procedimiento que lleva adelante la Sala Político Administrativa del máximo tribunal.
Esta instancia había dado un plazo de tres días -que venció el 21 de diciembre- a la Contraloría para la «remisión de los antecedentes administrativos» de este caso, según el cual, Machado, candidata para las presidenciales de 2024 por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), no puede ocupar cargos de elección popular hasta 2030.
Asimismo, el TSJ pidió al organismo que impuso la sanción entregar una «copia certificada de los actos administrativos» que conllevaron a la inhabilitación, una medida que fue anunciada en 2015 con una extensión de 12 meses y que este año se conoció que su vigencia es de 15 años.
Sin ofrecer detalles, el Supremo aseguró que ha recibido lo que había solicitado a la Contraloría, por lo que ahora corresponde a la Corte analizar la documentación y decidir si admite la demanda interpuesta por la opositora, que pide que le sea levantada la inhabilitación, y si procede el amparo cautelar en este caso.
Algunas cuestiones para entender el caso remiten a preguntas como ¿en qué se basan los documentos solicitados por el TSJ? Además, Machado asegura que nunca se le notificó del procedimiento. Entonces, ¿por qué no se le notificó?
Si hubo procedimiento y no notificación, la acción de amparo debería ser admitida por el TSJ porque se le violaron sus derechos constitucionales.
Los analistas coinciden en que este es un caso político, algo que -dicen- queda demostrado con los procesos que van saliendo a la luz, pues no se cumplieron adecuadamente los pasos jurídicos ni administrativos.
Con información de El Tiempo
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