Tras la detención de nueve integrantes de una presunta banda de trata de personas que operaba en la frontera entre Colombia y Venezuela, por parte de funcionarios de la Policía Nacional de Colombia, hace unas semanas, prosiguen las investigaciones para dar con más integrantes de estos grupos hamponiles.
En ese momento se pudo conocer, por un comunicado de la policía neogranadina, que la red de trata de personas tenía ramificaciones en 10 países de América Latina.
Según EFE, tras las investigaciones se estableció que la banda semanalmente traficaba entre 5 y 10 migrantes, que eran enviados desde los aeropuertos internacionales de Barranquilla y Cartagena, en complicidad con funcionarios públicos encargados del control migratorio en esas terminales.
El citado comunicado, emitido por los uniformados que participaron en la operación policial, hacía referencial de que por carretera también enviaban entre 15 y 25 migrantes. «La mayoría de ellos venezolanos y dominicanos, hacia el sur del continente» subraya.
De acuerdo con el medio digital Eldiario, la Policía Nacional de Colombia aseguró que la organización delictiva tenía cómplices en varias entidades públicas. Además de injerencia en los departamentos colombianos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y La Guajira.
Los nexos en el exterior los tenían en Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, México, Estados Unidos y España.
Las dos mujeres y los siete hombres capturados fueron presentados ante un juez. Serán imputados por los delitos de tráfico de migrantes, concierto para delinquir agravado y falsedad material en documento público.
La trata de personas abarca abusos como la explotación sexual, el trabajo forzoso o la explotación en la mendicidad y en el 70 % de estos casos las víctimas son mujeres y niñas. Esto según la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
De acuerdo con cifras del Ministerio del Interior de Colombia, citadas por Eldiario, entre 2013 y 2020 se registraron 686 casos de trata de personas, de los cuales el 82 % correspondió a mujeres. La modalidad de explotación sexual es la de mayor preponderancia con 408 casos, seguido por trabajos forzados con 134.
Con información de La Nación