Este miércoles, la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Alena Douhan, manifestó que las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Venezuela han generado un gran impacto negativo en la población.
Durante su participación en el 48 ° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, expuso los hechos más importantes que destaca en su informe, «el cual busca demostrar la calificación jurídica de las medidas de trabajo, además ofrece cifras basadas en estudios y hechos, por lo que ha establecido que distintas medidas, previstas sectoriales y unilaterales que se han aplicado contra Venezuela no corresponde a los requisitos del derecho internacional».
Agregó que además no están conformes con el principio de igualdad soberana de los Estados, la inmunidad de los bienes del Estado sus funcionarios y diplomáticos.
Douhan consideró que las sanciones sectoriales con relación al petróleo, el oro y la minería, el bloqueo económico y la congelación de los activos del Banco Central de Venezuela, han exacerbado la situación económica y humanitaria preexistente e impedido que hayan más ingresos y se usen los recursos para llevar a cabo programas de apoyo social.
«Eso ha tenido un efecto devastador en toda la población de Venezuela», dijo la relatora, al tiempo que expresó que diversos socios extranjeros, bancos y empresas se han mostrado reacios para realizar negocios con Venezuela por miedo a las sanciones.
Douhan también apuntó que estás medidas coercitivas han llevado a que sea imposible comprar equipos vitales para atender al covid-19, así como la imposibilidad de garantizar servicios de gas, electricidad, agua, salud y sistemas de telecomunicaciones, socavando el disfrute de los Derechos Humanos.
«El salario promedio del sector público cubre menos del 2 % de la cesta de alimentos básicos, lo que hace que la gente sea dependiente de la ayuda social o los lleva a abandonar el país», expuso Douhan.
Agregó que la falta de medicamentos y de personal médico han llevado a la violación de derecho a la salud, además «hay un aumento en la tasa de mortalidad materna e infantil, hay mortalidad por enfermedades graves y por el empeoramiento de las condiciones de vida del pueblo, y hay brotes de enfermedades que se pueden prevenir y que se pueden tratar como la malaria, el sarampión y la fiebre amarilla».
«No se pueden aplicar sanciones, sin que se pueda apelar a un órgano independiente e imparcial», acotó.
Considera que los Estados deben negociar y establecer una resolución del Consejo de Derechos Humanos con una definición de las medidas coercitivas unilaterales para prevenir cualquier interpretación demasiado amplia y un uso indebido de los términos.
En ese sentido, instó a los Estados a organizar una conferencia multidimensional para identificar la terminología apropiada.
«Se debería utilizar los sistemas unidos internacionales así como los organismos internacionales judiciales y los órganos que protejan los Derechos Humanos», propuso.