La «primera» de estas medidas administrativas en vigor «a partir de este anuncio, es la protección a los pueblos de acogida, pues vamos a remover los puntos de control y asistencia migratoria de las mismas comunidades de Bajo Chiquito y de Canaán Membrillo a fin de mitigar el impacto sanitario y de seguridad», dijo la directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, Samira Gozaine.
Se van a «construir al lado de estos lugares de acogida espacios donde podamos integrar y tener contenidos a los migrantes, (para) que no afecten el diario vivir de todas las personas de las comunidades», los primeros pueblos que llegan los migrantes tras atravesar la selva por la que acceden desde la vecina Colombia.
Este primer paquete de medidas también incluye reforzar «las deportaciones y las expulsiones de los ciudadanos irregulares que tengan antecedentes penales, a través de contrataciones de vuelos chárter», según Gozaine.
Desde el pasado abril hasta la fecha, Panamá ha deportado 452 personas, un reducido grupo frente a los más de 350.000 migrantes irregulares que han cruzado la peligrosa selva fronteriza con Colombia.
«Nos gustaría que si entran 3.000 personas, deportar a 3.000, pero eso es imposible», declaró Gozaine.
Los funcionarios de migración podrán percatarse de las personas con antecedentes penales al tomar los datos biométricos en las estaciones migratorias del Darién, una medida que Panamá ya implementa junto con ofrecer asistencia médica y alimentaria, en una operación única en el continente en la que ha invertido en los últimos años casi 70 millones de dólares, según datos oficiales.
Según Gozaine, los aeropuertos están siendo utilizados por grupos criminales para movilizar a los migrantes, encareciendo el precio de este traslado al evitar la selva del Darién.
Es por ello que Panamá va «ajustar las medidas operativas en los puestos de control formales para todas aquellas personas que, según los perfilamientos de seguridad, utilicen los aeropuertos y esos puestos formales para mantenerse de manera ilegal en el país», detalló Gozaine.
Esto abarca «reducir el periodo de turismo de 90 días a 15 días», y si se sobrepasan ese lapso «deberán pagar multas», apuntó Gozaine.
Esta medida «no es para todas las personas ni para todas las nacionalidades», solo para aquellas que encajen en el perfil tras entrevistas de las autoridades del aeropuerto, agregó.
Desde el 1 de enero y hasta el 7 de septiembre al menos 350.841 migrantes llegaron a las estaciones migratorias del Darién en su camino hacia Norteamérica. La mayoría son venezolanos, seguido de ecuatorianos y haitianos, según la información oficial.
Estas cifras históricas superan al total de viajeros que cruzaron esa jungla plagada de peligros, incluso mortales, en 2022 (248.000), y deja muy atrás los 133.000 de 2021.
El actual flujo migratorio ha sobrepasado las capacidades no solo de las estaciones migratorias sino también de los organismos internacionales que se encuentran en Darién.
«Estamos a un límite de nuestras capacidades», dijo este viernes el ministro panameño de Seguridad, Juan Manuel Pino, volvió a quejarse de que los países del sur del continente «no le han prestado la debida atención» a esta crisis.
Panamá y Costa Rica, tras reunirse la semana pasado, decidieron unirse «en una sola voz» y abogar por una «mejor administración» de los flujos migratorios, una visión que choca con la de libre tránsito que tiene Colombia, como han señalado funcionarios de los dos países centroamericanos.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo el jueves que para solucionar la crisis humanitaria en la ruta migratoria por el Darién hay que «desbloquear económicamente a Venezuela».