América Latina está por debajo de la media global en cuanto a leyes que protegen y responden a la violencia sexual contra menores —un problema que afecta a millones de niños cada año— y, además, lo hace de forma muy desigual incluso dentro del mismo país, lo que debilita la protección.
Así lo diagnostica el informe regional de “Out of the Shadows” (Fuera de las sombras), elaborado por la unidad de análisis de The Economist para la fundación Ignite Philanthropy y divulgado el martes, que sitúa a Brasil y México a la cabeza de la región y a Venezuela y Argentina a la cola, reseña la agencia AP.
El documento analiza la situación en nueve países de la región —Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México, Perú y Venezuela— teniendo como base una investigación global del año pasado que evaluó cómo 60 países de los cinco continentes abordan la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en sus leyes y sus políticas públicas.
Curiosamente, el desempeño de las naciones no tiene que ver con sus ingresos, como demuestra que Estados Unidos se sitúe detrás Brasil y México o que Argentina esté peor que otros países latinoamericanos más pobres, como Guatemala.
Según datos de UNICEF de 2021, una de cada seis niñas y uno de cada 10 niños han sufrido abuso sexual en países latinoamericanos.
Y el gran problema es que, generalmente, los menores no son escuchados, los agresores son sus cuidadores y si denuncian son revictimizados. La justicia puede no llegar nunca.
La actual investigación no ofrece cifras de víctimas pero Víctor Sande-Aneiros, de la red Child Rights International Network (CRIN), organización que colaboró en su publicación, aseguró que los números van en aumento en la mayoría de países aunque también puede ser porque haya más denuncias.
No obstante, resaltó que “si hay mucha impunidad y si siguen ocurriendo de forma sistemática es porque algo falta”.
Uno de los problemas generalizados mencionados en el informe son las inconsistencias a la hora de tipificar penalmente todos los tipos de violencia sexual a menores y de evitar la reincidencia de los agresores.
Otro, vital según todas las organizaciones, es que en la mayoría de países estos delitos prescriben, lo que puede suponer altos índices de impunidad ya que los y las sobrevivientes pueden tardar décadas en estar preparados para denunciar.
Argentina, por ejemplo, no incluye todas las formas tipificadas internacionalmente (como por ejemplo, la corrupción de menores) lo que lleva a que un delito sea interpretable y, por ende, las sentencias puedan ser muy leves. Este país tampoco tiene un cuerpo policial especializado en abusos a menores, aunque la atención médica a las víctimas es su gran punto fuerte.
De hecho, toda la región es mucho mejor a la hora de responder a este tipo de violencia que a la hora de prevenirla, salvo Perú, que tiene la puntuación más baja en cuanto a servicios de apoyo y recuperación. Carece, por ejemplo de algo básico, una línea de atención telefónica especializada.
Brasil ocupa el primer lugar a nivel regional y mundial en cuanto a contar con una legislación que criminaliza ampliamente la actividad sexual con menores y es el único que tiene una fuente clara para financiar su plan nacional para combatir este tipo de violencia. Sin embargo, no ha logrado considerar imprescriptibles estos delitos.
Tampoco lo ha hecho México, pese a que el país cuenta con leyes sólidas e importantes planes de capacitación a jueces y fiscales, según el informe. De hecho, el tema se debatió en el Parlamento mexicano y ha llegado a la Corte Suprema que todavía no se ha pronunciado.
Solo siete países latinoamericanos reconocen la imprescriptibilidad de estos crímenes, el primero fue El Salvador y el último, Venezuela.
Otro punto delicado es la edad del consentimiento sexual, es decir, a partir de la cual si el menor accede a tener relaciones, estas no se consideran delito. Jamaica y Venezuela tienen la edad más alta de la región, los 16 años, mientras que en países federales como México difiere de un estado a otro (en algunos estados mexicanos es de 12 años), lo que deja a muchos menores en condiciones muy vulnerables frente a personas adultas.
Pese a que existen avances, el documento recuerda que la vulnerabilidad de los menores ha aumentado con el incremento de la migración, los desplazamientos internos, los desastres naturales y la explotación sexual en internet.
Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, un colectivo que agrupa a varias ONG en gran parte de la región, agrega dos problemas generales: se sigue sin dar valor a la voz de los niños y “una cosa es la ley y otra la institucionalidad, es decir, que las normas se puedan aplicar” de forma generalizada y no puntual.
Con información de Impacto Venezuela