Ricardo Rosales: venezolanos en El Salvador se encuentran en limbo jurídico

El 16 de marzo del 2025, un total de 238 venezolanos fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, una medida que provocó que el gobierno venezolano a través del Presidente Nicolás Maduro, y de la Cancillería Venezolana enviará al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, una solicitud para que estos compatriotas sean devueltos a nuestro país de  forma inmediata, comunicación del cual se esperan resultados positivos, existiendo un  sentimiento de repudio nacional y contradicciones de carácter legal en los Estados Unidos.

Sobre este hecho se entrevistó al abogado experto en derechos humanos Ricardo Rosales, miembro de la organización Espacios Públicos, para Rosales la deportación de estos 238 venezolanos a El Salvador “ha violado los procesos legales, que invocan el principio del derecho mediante el cual toda persona debe ser objeto de un proceso, nada de eso paso, simplemente se trata de afectar a una población determinada, en este caso la venezolana violando incluso las leyes migratorias”.

Señala Rosales que por lo que se sabe a través de los medios de comunicación “el CECOT es una cárcel donde los detenidos permanecen incomunicados, están desprotegidos legalmente, no tienen jueces, se encuentran en un limbo jurídico, violándose el derecho de personalidad jurídica y sobre todo sin la protección judicial de su país de origen, Venezuela “

 ¿En qué consiste la Ley de Enemigos Extranjeros, que fue la que se invocó para poner en práctica las deportaciones?

«La Ley de enemigos extranjeros que data de 1798, es decir más de 200 años atrás se instrumentó en  aquella época como casos de guerra, la Primera y Segunda guerra mundial, la Ley debía ser autorizada por el Congreso, también se utilizaba cuando se tenía certeza de incursiones o invasiones de  depredadores, este argumento se utilizó usando a estas personas como pertenecientes a la organización delictiva Tren de Aragua, cuya actividad no puede ser reconocida en ningún momento como una invasión, no existe ningún argumento que demuestre tal afirmación, en tal caso debían demostrarlo ante una Corte. Los países necesitan tener un consenso legal para argumentar estos poderes extraordinarios, ha habido una tergiversación total, si hay una migración irregular deben ser sometidos a las leyes migratorias y bajo ningún concepto pueden ser enviados a un tercer país, en este caso El Salvador».

¿Los testimonios de familiares de estas personas que los reconocieron en videos, alega que se tomó en cuenta el hecho de que lucían tatuajes ?

«Se dice que estas personas aparentemente violaron la ley pero no se comprobó, se está criminalizando a una sola identidad, en este caso a los venezolanos que han sido los más golpeados por estas medidas migratorias, el uso de tatuajes que parece ser un elemento característico en la toma de esta decisión es prejuicioso, la Ley indica que la apariencia física o la vestimenta, o la  forma de hablar constituyen sujetos legales  irrelevantes, no dicen  nada de la conducta de una persona, es una arbitrariedad contra una población   determinada  que es intolerable desde el punto de vista de los derechos humanos».

¿Regresarán estos venezolanos?

«El juez de distrito federal, Brian E. Murphy, falló que las personas con órdenes finales de deportación deben tener una oportunidad significativa, para argumentar que ser enviadas a un tercer país representa un nivel de peligro que merece protección. Su orden se mantendrá vigente hasta que el caso avance a la siguiente etapa de argumentos. Tal medida se aplica a los 238 venezolanos que fueron deportados a El Salvador».

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de momento a tal decisión, pero los abogados del gobierno argumentaron que una suspensión temporal interferiría con la aplicación de las leyes de inmigración.

La situación está en suspenso y el gobierno de venezolano se mantiene firme con medidas ante la ONU y ante la Corte Penal Internacional, hasta el momento solo un ciudadano de nacionalidad guatemalteca se acogió a la decisión del juez Murphy y obtuvo resultados positivos,  la batalla legal continúa

Redacción: Ernestina Herrera