En los últimos años Colombia no solo ha sido testigo del éxodo vivido en Venezuela, sino que, como país fronterizo, se ha constituido como el principal destino migratorio de millones de venezolanos que buscan condiciones de vida más dignas.
Frente a esta situación, Colombia ha enfrentado un gran número de retos en el manejo de la población migrante e implementación de sus recursos de por sí ya limitados.
Con el nuevo gobierno nacional, las relaciones bilaterales ya han tomado un nuevo aire con el restablecimiento de las relaciones y la apertura de fronteras, por lo que, parece haber un nuevo panorama para la población migrante en Colombia.
Con este panorama en mente, la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Alemana Konrad Adenaeur y EL TIEMPO Casa Editorial, realizó una gran encuesta nacional sobre migración.
El rector de la Universidad del Rosario, Alejandro Cheyne García, se refirió en la apertura del foro a los resultados del informe ‘El Reto de la Integración: Desafíos y Oportunidades de la Gestión Migratoria en Colombia 2022-2026’, realizado por el Observatorio de Venezuela de la institución y la Fundación Konrad Adenauer.
El documento incluye 12 desafíos de acción prioritaria y 57 recomendaciones para el nuevo Gobierno, «como un insumo en el cuatrienio que comienza y sin duda para las personas que están como líderes tomando decisiones», aseguró.
Según datos de Migración Colombia hay 2.342.907 migrantes venezolanos en el país, sin embargo, con el apoyo de Cifras y Conceptos, se realizó un estimado de cuántos se encuentran de manera irregular en el país. Con este análisis y proyección, se podría estimar que existen 726.301 migrantes en condición irregular que Migración Colombia no tiene en su mapa. Es decir, serían poco más de 3 millones.
En el foro se entregaron los resultados de la Gran Encuesta Nacional sobre migración realizada por Cifras y Conceptos. La explicación fue hecha por el gerente César Caballero, quien aseguró que acoger a la población venezolana le está «haciendo un bien a la sociedad».
En total realizaron 2.023 encuestas: 1.002 a población migrante venezolana y 1.021 a ciudadanos colombianos (población de acogida).
Se indagó por la nacionalidad y los resultados fueron:
Se indagó también por el tiempo que los migrantes llevan viviendo en Colombia:
Sobre la pregunta ¿Cuál es su estatus migratorio?, las respuestas fueron:
La encuesta indagó qué tan fácil ha sido el proceso de regularización:
En este sentido también, se preguntó por las entidades o personas que han ayudado a dicho proceso:
Sobre las razones por las cuales los migrantes abandonaron su país están:
En cuanto a las razones de por qué la población migrante cree que suceden los actos de discriminación, 46 % respondió que por costumbres de las personas; 29 % dijo que por desconocimiento general de la sociedad; 22 % por los prejuicios y estereotipos; 13 % por desconocimiento de las graves consecuencias y el impacto psicológico; 13 % por la desinformación sobre derechos, obligaciones y deberes; 7 % por la falta de sanciones legales y 2 % porque la legislación lo permite.
La encuesta, igualmente, indagó sobre si la población migrante ha considerado retornar a su país luego de la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, la cual se llevó a cabo el pasado 26 de septiembre.
En este sentido, 91 % de los encuestados dijo que sabía de dicha reapertura y 9 % no. Pero uno de los datos más relevantes acá es que 60 % respondió que no retornaría a Venezuela luego de la reactivación de las relaciones y la economía entre ambos países.
Pese a esto, 60 % de la población migrante aseguró que siente alegría por esta normalización de las relaciones y 31 % manifestó sentir esperanza, mientras que 7 % dijo sentirse triste, 4 % con miedo, 4 % con desconfianza 3 % con inspiración, 2 % con frustración y 2 % desagrado.
Los resultados también dejan ver que los migrantes, entre el tipo de maltrato laboral que más han sufrido, está el recibir un salario no correspondiente con su labor. 14% dijo que ha enfrentado esta situación; 10% aseguró que no está vinculado a seguridad social; 8% recibe un salario inferior a alguien que realiza su misma labor; 6% afirmó que ha sido víctima de abuso de poder por parte de su empleador.
Frente a este estudio, el rector Cheyne aseguró que sobre la población que manifestó su intención de quedarse «es grato conocer esta percepción de los migrantes, quienes ven en Colombia oportunidades de crecimiento y desarrollo para ellos y sus familias».
También expuso que cuando se analiza el estatus migratorio de los encuestados, se evidencia un porcentaje alto de personas en condición regular, con el 57%. Sin embargo, llama la atención que el 13% menciona estar en condición irregular y el 12% en proceso de regularización.
Ronal Fabián Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, explicó que se aproximan los cuatro años más importantes en este proceso de migración.
De acuerdo a su explicación, en la administración del expresidente Juan Manuel Santos los esfuerzos se enfocaron en la atención humanitaria; en la administración del ex presidente Iván Duque el proceso se enfocó en la dinámica del registro y ahora, en la administración del presidente Petro, seguirá el proceso de la integración completa.
Para Simone Schwarts, delgada representante adjunta de la Agencia de la ONU para los Refugiados en Colombia, este es uno de los principales retos que tiene el país. «Después de años del comienzo de la crisis de Venezuela estamos en un proceso de consolidar la respuesta de emergencia», aseguró.
Explicó que una de las líneas estratégicas tiene que ser la integración en las economías locales, por la contribución que pueden hacer los migrantes. «Un estudio realizado recientemente por el Banco Mundial en el Medio Oriente, en colaboración con Acnur, evidenció que la contribución de los refugiados ayuda a la economía de los países de acogida. En America Latina, el Banco Mundial calculó que por cada dólar invertido en la inclusión socioeconómica se genera el doble: dos dólares», aseguró.
Expuso, además, que las personas económicamente activas y empleadas son susceptibles de regresar a sus países de origen más temprano que personas más vulnerables y económicamente dependientes. «La inclusión prepara a un eventual retorno cuando esto sea posible», dijo.
Destacó que en este proceso es clave prevenir las conductas xenófobas.
Stefan Reith, representante de la Fundación Konrad Adenauer, destacó que Colombia tomó una decisión «audáz» con el Estatuto de Protección Temporal y ahora hay que aterrizar más la estrategia de capacitación sobre este a nivel local.
«Hay una propuesta de construcción de puntos focales donde toda la información que necesita el migrante está para que pueda hacer sus trámites y arreglar su situación», aseguró Reith, quien enfatizó que son necesarios recursos no solo a nivel central, sino en las regiones también.
Por otro lado, Reith aseguró que es importante recordar que a pesar de la reapertura, «la situación en Venezuela no ha cambiado. Sigue siendo una dictadura. La crisis humanitaria, económica y social sigue. Muchos venezolanos que han encontrado una casa allá no van a volver. De pronto volverán a la Navidad, pero vuelven porque ya tienen su vida aquí». Para él, esta es la realidad que se debe poner en el centro para que la población no quede relegada en Colombia y especialmente, en el ámbito laboral.
Fernando Calado, director del proyecto ‘Integra’ de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, señaló tres puntos centrales para lograr la integración. El primero tiene que ver con mantener el proceso de la regularización. «Las bases del plan el presidente Petro muestra un interés en el enfoque de derechos en la política migratoria, traducido en pasar del proceso de regularización a lo que es la integración», afirmó.
El segundo punto tiene que ver con el fortalecimiento local para que las regiones puedan proveer servicios a los que se puedan integrar los migrantes: salud y educación, principalmente.
El tercer elemento, según explicó, es el trabajo que se puede hacer para lograr una cohesión social con el fin de que en las comunidades, con las juntas de acción comunal, se pueda generar «una inclusión de la población migrante venezolana con todas las ventajas que esto tiene».
Victor Bautista, secretario de Fronteras, Asuntos Migratorios y Cooperación de Norte de Santander, en su intervención, enfatizó en que «la peor política son los cierres de frontera, pero no hay que negar la existencia de un movimiento de grandes proporciones migratorias que necesitan de protección».
Sin embargo, aclaró que es necesario poner sobre la mesa el hecho de que hay «presencia de grupos ilegales en la frontera que amenazan los derechos de ambas poblaciones. Hay una necesidad de hablar de la seguridad».
Bautista aseguró que es necesario que los dos estados vigilen esta zona limítrofe para garantizar los derechos de la población. Señaló que los retos, actualmente, se centran en la configuración de asentamientos informales de migrantes en la zona fronteriza. «Acá tenemos un poco más de 120 que tienen unas características de crisis social muy compleja, que están cerca a la zona de conflicto donde hay cultivos ilícitos y reclutamiento forzado», aseguró.
El secretario de Fronteras agregó que la repaertura de la frontera ha tenido un efecto de poner mayor atención en dos escenarios: los tres pasos internacionales que tiene Norte de Santander versus las más de 120 trochas que están activas.
«El presidente Petro ha hecho un ejercicio político muy difícil pero muy serio al decir que hay una criminalidad que está controlando la frontera, que hay una mafia que ha hecho de la trata de personas una línea de acción. Eso nos pone en el reto de reforzar mecanismos de control, seguridad y protección de las personas de la zona», sostuvo.
Finalmente, señaló que hay que hacer un llamado al sistema internacional para no reducir apoyos a la crisis migratoria porque «se complejiza la situación cuando los migrantes venezolanos no solo van hacia el sur, sino que también empieza un periplo a través de Centroamérica hacia Estados Unidos».
Lala Lovera, directora ejecutiva de la fundación Comparte una Vida por Colombia, asegura que Colombia ha asumido la tarea de atender a la población migratoria «más allá que adecuadamente. Colombia es un referente en el mundo para poder ver la respuesta ante las situaciones migratorias».
Lovera coincide con lo dicho por otros panelistas en el sentido de que Colombia ya pasó la etapa de acoger a los migrantes venezolanos. «Llevamos cinco o seis años en eso. La responsabilidad ahora es integrarnos», afirmó.
Para ella, la migración le permite al Estado abrir la oportunidad de revisar las brechas que tienen los ciudadanos y darse cuenta así, que los problemas de acceso a la educación o salud por ejemplo, los tiene tanto la población migrante como la población que la acoge.
«Lo más importante es cosechar esas ventajas que tiene la migración y ya estamos en esa narrativa. Ya pasamos de la crisis. Hablamos ahora de migración, un fenómeno, un proceso que ya le pertenece a Colombia», dijo.
De acuerdo a Jorge Torres, coordinador de cooperación multilateral de la Cancillería, el Gobierno trabajará por la plena inclusión de los migrantes en la sociedad colombiana.
Para esto, expuso, se enfocarán en finalizar la regularización de la población que falta. Aún quedan 900.000 PPT por expedir, dijo. «Uno de los retos es qué pasa con la población que sigue irregular, invisible para la sociedad y la economía», añadió.
Torres resaltó que la población venezolana puede aportar bastante al país. «La regularización significa una reducción del gasto público en atención, también un incremento en temas de seguridad social, salud, aumento de recaudo fiscal y un bono demográfico muy importante: de la migración, 83 % de los hombres y 80 % de las mujeres están por debajo de los 35 años», aseguró.
En las proyecciones que tiene el Gobierno, si se logra cumplir con la regularización y la formalización del trabajo de los migrantes para 2025 habría un aporte de 45 billones de pesos «por parte de esa migración», aseveró.
Antonio Sanguino, ex senador y jefe de gabinete de la Alcaldía de Bogotá, explicó que la capital es la primera ciudad que ha recibido población migratoria, por encima de Cúcuta, que es la más cercana a la frontera.
Sanguino expuso que un tema que hay que discutir es una reforma al sistema general de participación porque «municipios y ciudades como Bogotá tuvieron que acoger en el sistema educativo y de salud» a la población migrante con los mismos recursos destinados para la atención a la población de acogida.
Contó, por otro lado, que Bogotá lanzó hace poco un programa de empleo incluyente que establece un subsidio para empresarios que incorporen a venezolanos en su nómina.
Vía | El Nacional
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