Más de cinco años han transcurrido desde que el presidente Nicolás Maduro anunciase la creación del petro y la legalización de las criptomonedas en el sistema económico venezolano, una propuesta que prometía remediar la profunda crisis económica que atravesaba el país y conseguir autonomía financiera en un contexto de sanciones. La lista de promesas incluyó la posibilidad de «ir a comprar pan a la panadería y pagar con petros», un panorama que nunca se acopló a la realidad venezolana. En su lugar, aunque el petro quedó prácticamente en desuso, las criptomonedas sí que tienen protagonismo, pero lejos de contribuir con el crecimiento económico y desplazar al sistema bancario tradicional, empieza a destacar su uso en esquemas de corrupción.
El caso más reciente y pesado surgió tras el arresto del superintendente de la Sunacrip (Superintendencia Nacional de Criptoactivos y otras Actividades Conexas), Joselit Ramírez —junto a otros funcionarios— y la petición de la Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela ante el Ministerio Público de la apertura de un proceso judicial.
El Ministerio Público acató esta solicitud, pero no ahondó en detalles, sino que se limitó a designar a cinco fiscales para investigar a «un grupo de funcionarios públicos que aparecen incursos presuntamente en graves hechos de corrupción».
Pese a la escueta información compartida por el fiscal nacional, Tarek William Saab, medios al servicio del Estado y del Gobierno informaron que la detención de Ramírez estaría vinculada con la desaparición de al menos $3.000 millones provenientes de la venta de petróleo en operaciones para las cuales se utilizaron criptomonedas.
En paralelo al arresto del superintendente de la Sunacrip, Maduro ordenó la reestructuración del organismo, instalando una junta interventora encabezada por Anabel Pereira Fernández y tres directores principales: Héctor Andrés Obregón Pérez, Luis Alberto Pérez González y Julio César Mora Sánchez; según dicta el decreto N° 4.788 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.739 de fecha 17 de marzo 2023.
La Sunacrip, como ente que rige el uso de las criptomonedas en el país, es un actor clave en los negocios que el gobierno de Nicolás Maduro implementa utilizando criptoactivos.
El chavismo habilitó para sí mismo el uso de criptoactivos con un andamiaje legal que no solo contempla la legalización de estos instrumentos financieros, sino también la «diversificación de mecanismos financieros, incluyendo el uso de criptoactivos e instrumentos basados en la cadena de bloques» para evadir sanciones, según contempla la Ley Antibloqueo.
Esta misma ley, elaborada para efectuar negocios evitando sanciones internacionales, faculta al Estado de permitirse la «confidencialidad» en los acuerdos económicos que alcance, por lo que se deslinda de publicar información sobre sus negocios, la manera en la que implementa las criptomonedas, las cuentas que utiliza y cualquier otro dato que permita realizar auditorías a sus actividades.
Una de las características principales de las tecnologías de cadenas de bloques guarda relación precisamente con la posibilidad de rastrear las operaciones, puesto que todo movimiento queda registrado en un libro contable de acceso público, por lo que debería ser imposible que simplemente «desaparezcan» $3.000 millones sin dejar rastro.
Sin embargo, ante la ausencia de transparencia del Estado, la población desconoce qué criptomonedas se utilizan —si es que se emplean—, bajo qué cadena de bloques operan, a qué proveedores se les paga y por qué razones.
El economista especializado en criptoactivos, Aarón Olmos, recalcó que pese a que exista todo un marco legal que norma el uso de las criptomonedas, se desconoce por completo su aplicación por parte del Estado.
«A nivel de política económica, no conocemos cuál es el uso y cómo se articulan las criptomonedas dentro de las finanzas públicas, pese a que existe una norma contable desde 2020 para registrar estas operaciones. No se conoce el diagrama, los pasos que se implementan a nivel de tesorería y oficinas financieras en empresas como Pdvsa», subrayó .
A pesar de que ninguna empresa pública revela su información contable y se reserva los datos sobre sus operaciones, el uso de las criptomonedas es un secreto a voces, especialmente en un contexto de sanciones financieras.
Durante el último lustro, diversos países sancionados por Estados Unidos han contemplado el uso de criptoactivos para mantener relación financiera con sus principales aliados sin lidiar con las represalias de Washington.
«Una de las principales características de los países que tienen sanciones económicas como Rusia, Bielorrusia, China, Turquía, Irán, Venezuela o Cuba son grandes usuarios de desarrollos de criptomonedas y hacen operaciones en criptoactivos», resaltó Olmos.
Debido a la naturaleza de las cadenas de bloques, que registran operaciones pero resguardan el anonimato de sus usuarios, es difícil dejar en evidencia que estas transacciones ocurren, pero algunas investigaciones internacionales han develado parcialmente la existencia de estos negocios.
A mediados de octubre, una investigación encabezada por fiscales federales de EEUU acusó a venezolanos de vender petróleo a Rusia y China mediante la intermediación de la empresa alemana Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, con pagos en criptomonedas para evadir tanto sanciones venezolanas como rusas.
Los venezolanos señalados fueron Juan Fernando Serrano y Juan Carlos Soto, quienes habrían fungido como intermediarios para conseguir acuerdos ilícitos con Pdvsa.
El fiscal Breon Peace detalló que los acusados fueron «habilitadores criminales para los oligarcas, orquestando un complejo esquema para obtener ilegalmente tecnología militar de los Estados Unidos y petróleo sancionado de Venezuela» utilizando empresas fantasmas y emitiendo pagos en criptomonedas.
Este caso deja en evidencia las dificultades que padece Pdvsa a la hora de exportar petróleo venezolano, tal y como explicó el director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, en su cuenta de Twitter.
«Debido a las sanciones a Venezuela y Rusia, Pdvsa tiene serias dificultades para cobrar el petróleo y depende de una amplia red de intermediarios, que se quedan con una buena parte del ingreso», sostuvo. Esta amplia red de intermediarios genera el caldo de cultivo idóneo para la aparición de esquemas de corrupción, pues «no hay manera de controlar a todos los intermediarios», según Oliveros.
En este contexto, el chavismo avanza con una cacería de brujas que apunta contra funcionarios de alto rango dentro de la administración de Maduro, como ya ocurrió con el propio Joselit Ramírez y posteriormente con Hugbel Roa, diputado a la Asamblea Nacional de 2020 involucrado con las actividades financieras de Petrocedeño, una filial de Pdvsa. Ambas fichas formaban parte del círculo más cercano de Tareck El Aissami, quien renunció a su cargo como ministro de Petróleo pocos días después de que iniciara la purga contra sus socios políticos.
«He tomado la decisión de presentar mi renuncia como ministro de Petróleo con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso. Me coloco (sic) a disposición de la dirección del PSUV para apoyar esta cruzada que ha emprendido el presidente contra los antivalores que estamos obligados a combatir», afirmó en su cuenta de Twitter. El funcionario —y una de las piezas más importantes de la cúpula chavista en la última década— no especificó si también se separaría de su otro cargo como vicepresidente sectorial de Economía.
Con información de Diario Tal Cual
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