Luisa creyó entrar a una oficina para regularizar su estancia en México, pero de repente se vio detenida. La muerte de 40 migrantes en una de esas instalaciones reveló un atropello más contra quienes buscan llegar a Estados Unidos.
“Eso es un calabozo, un centro de reclusión, como que uno fuera un delincuente”, dijo a la AFP la venezolana Luisa Jiménez en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.
Se refiere al recinto donde estuvo detenida meses atrás en Tuxtla Gutiérrez (Chiapas, sur), adonde según ella fue conducida con la promesa de que obtendría un permiso para estar en México antes de solicitar asilo en Estados Unidos. En realidad le notificaron que debía abandonar el país.
“Es un sitio asqueroso”, añade la mujer de 56 años, describiendo condiciones similares a las del centro de Ciudad Juárez, donde un incendio mató a 40 migrantes recluidos en una celda que -según la fiscalía- ningún agente siquiera intentó abrir.
Esa tragedia se desencadenó la semana pasada cuando un migrante prendió fuego a colchones en medio de una protesta por una posible deportación, según las autoridades.
Varios habían sido interceptados en calles donde pedían dinero, vendían artículos o limpiaban autos, también con la oferta de permisos de residencia.
“No hay extintores, detectores de humo. Sí hay cámaras”, cuenta a la AFP el nicaragüense Moisés Chávez, de 41 años, quien apenas hace una semana estuvo retenido en el mismo calabozo, un lugar maloliente de 84 metros cuadrados donde los agentes tratan con desdén a los migrantes, según su descripción.
Era la segunda vez que lo conducían a esa dependencia del Instituto Nacional de Migración (INM), en el ojo del huracán por el siniestro en el que fallecieron personas de Guatemala, El Salvador, Venezuela, Honduras y Colombia.
Bajo sospecha de homicidio, la justicia libró órdenes de arresto contra tres funcionarios del INM, dos guardias privados y el migrante que habría generado el incendio.
Imágenes de la cámara a la que alude Moisés develaron el momento en que inició el fuego, sin que los agentes del INM o los vigilantes privados evacuaran a los 68 detenidos.
En el papel, este tipo de instalaciones son centros de servicio y de alojamiento para extranjeros que no pueden acreditar su permanencia legal en México.
Pero “ahí lo tratan a uno como preso”, asegura la venezolana Yusleidy García, quien estuvo detenida en la Estancia Provisional de Ciudad Juárez. Mujeres y hombres son confinados en instalaciones separadas.
“Pasé la noche con frío, te quitan todas tus pertenencias. En la celda donde yo estaba había 150 personas” de varias nacionalidades, denuncia.
Esas condiciones contrastan con las reglas para estos lugares emitidas por el gobierno en 2012, que ordenan alimentación adecuada, protocolos de higiene, así como “resguardo y protección de las personas y del inmueble” en caso de motines.
En las estancias provisionales -como la del incendio- los migrantes no pueden estar más de siete días.
Algunos son trasladados a estaciones migratorias, donde la estadía no debe superar los 15 días para resolver su situación y recibir asistencia jurídica, pudiendo incluso ser deportados.
Aunque son conducidos con la promesa de permisos de residencia, migrantes consultados por la AFP cuentan que en realidad reciben notificaciones para abandonar México en plazos de 10 a 30 días.
Según Amnistía Internacional, en 2022 las autoridades recluyeron a por lo menos 318.660 personas en instalaciones migratorias y expulsaron a unas 106.000, incluidos menores.
Se debe “acabar con este mecanismo que ha causado innumerables daños, e incluso tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, a miles” de migrantes, denunció la organización tras el incendio.
“Las estaciones migratorias no son ‘albergues’, sino centros de detención, y las personas no están ‘alojadas’ ahí, sino privadas de su libertad”, acusó la oenegé, aludiendo a declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
A raíz de la catástrofe, la oficina de Naciones Unidas en México recordó que el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular proscribe las detenciones arbitrarias y pide que las legales duren lo menos posible.
Otras normas internacionales abogan por alternativas al arresto, evocó la ONU.
Luisa estuvo detenida dos días, tras un largo viaje en el que cuenta que durmió junto a cadáveres de migrantes en la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, y comió de lo que otros tiraban.
Indignada por haber terminado presa cuando solo buscaba un permiso, encaró a un agente con una pregunta: “¿Es un delito migrar?”. “Me dio la espalda y se fue”, recuerda.
Con información de Impacto Venezuela
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