La muerte de ocho mujeres en menos de un mes a manos de grupos de crimen organizado en Venezuela muestra cómo estas organizaciones no reparan en temas de género. Cada vez con más frecuencia ejercen su violencia contra víctimas de sexo femenino.
El 2 de junio se conoció la ejecución de dos mujeres que lideraron una protesta y denunciaron la corrupción de un alcalde en el estado Bolívar. Días antes el descuartizamiento de dos maestras que denunciaron bandas en Miranda –que cuentan con la supuesta protección de algunos gobernantes municipales– había incrementado el terror entre los habitantes de los pueblos de Barlovento.
A estos casos se suman el asesinato de una ama de casa en una presunta venganza de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional contra su esposo fallecido; los sicariatos de otras mujeres -en hechos aislados- por parte de bandas armadas de de Caracas y Aragua; y la muerte de una exfuncionaria policial por una bala perdida disparada en los enfrentamientos con la megabanda de “El Coqui”, en La Vega, Caracas.
El fortalecimiento de diversas estructuras criminales en el país durante la pandemia pudiera tener una expresión en el posible incremento de la violencia armada contra las mujeres. Estos grupos están actuando contra las mujeres con las mismas prácticas de violencia extrema y sanguinaria que en el pasado han utilizado contra sus enemigos varones.
El Monitor de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) indica que entre el 1 de enero al 31 de marzo hubo 20 femicidios. De esa cifra, 30 por ciento de los casos se desarrolló en un contexto de criminalidad organizada, mientras que 15 por ciento presenta como motivación aparente del hecho la venganza de organizaciones criminales.
El monitor especifica que, de las causas de muerte, en 10 por ciento de los femicidios hubo mutilaciones o descuartizamientos. El 5 por ciento de los agresores aparecen vinculados a bandas dedicadas a actividades ilícitas.
Implicado el alcalde de El Callao
Dos mujeres fueron asesinadas en El Callao, estado Bolívar: Dorialcely del Valle Tocuyo Martínez, de 30 años de edad, y Martha Liliana Aristizábal, de 37 años.
Sus cuerpos, que presentaban múltiples heridas de bala, fueron encontrados el 1 de junio detrás de una casa en el sector minero La Iguana.
Familiares de Dorialcely Tocuyo piden que el alcalde de El Callao, Alberto Hurtado, sea investigado por su asesinato e interpondrán la denuncia ante la Fiscalía.
La solicitud obedece a que durante los disturbios del 24 de mayo en el poblado, a causa de la negativa de los comerciantes de recibir el billete de 50 mil bolívares, Tocuyo acusó públicamente al alcalde de corrupción y de ser cómplice de las redes de prostitución que operan en el poblado mientras los residentes padecen hambre.
En la protesta, la mujer dijo que sí aparecía muerta, era responsabilidad del alcalde. La mujer acusó a Hurtado de no ejercer el control sobre grupos armados irregulares que operan en las zonas mineras y de ser cómplice de las redes de prostitución que operan en el municipio minero.
Dorialcely Tocuyo tenía cuatro hijos entre 8 y 13 años de edad. La mujer era oriunda de San Félix, municipio Caroní, y llevaba 10 años viviendo en la población de El Callao. Trabajaba en este poblado y en Tumeremo, municipio Sifontes. Se dedicaba a la manicura, maquillar cejas y era trabajadora sexual.
Su hermano alegó que “no puede ser casualidad que una vez que ella le haya dicho todas sus verdaderas aparezca muerta y torturada”.
Familiares no lograron acceder al cuerpo de la víctima sino hasta este miércoles en la mañana. Presentó fractura de cráneo por golpes e impacto de bala; su madre logró reconocerla por los tatuajes en su cuerpo. “La tenían en una bolsa negra y ya estaba en descomposición, no la mantuvieron refrigerada ni nada”, lamentó su tía.
Asesinada por la guerrilla en Táchira
Tres homicidios en Táchira se unieron a los asesinatos en los que los responsables pudieran ser uno de los grupos guerrilleros que operan al sur del estado fronterizo con Colombia.
Se trata de una mujer y dos hombres que en casos aislados y circunstancias muy distintas, fueron asesinados a tiros los días 6, 7 y 8 de mayo.
Una de las víctimas fue Marielys Del Valle Alviárez Morales. Ama de casa y madre de tres niños de 10, 4 y 3 años de edad. El hecho ocurrió en pleno casco central de San Juan de Colón, municipio Ayacucho.
Mientras Alviárez se arreglaba las cejas en una peluquería, un grupo de hombres armados irrumpió en el local y se la llevó por la fuerza. La hicieron subir a una camioneta negra y no tuvieron más información de ella sino hasta unas cuatro horas después.
Al parecer, la mujer había recibido amenazas de muerte que la obligaron a dejar el país. Sin embargo, había regresado recientemente para finiquitar una serie de diligencias legales, tras la muerte de su esposo, ocurrido un año antes.
De acuerdo con versiones extraoficiales, al fallecido lo señalaban de encabezar un grupo paramilitar que supuestamente controlaba las actividades ilegales en el mencionado municipio.
El sábado 7 de mayo, cerca de las 9:00 de la noche, hallaron su cadáver baleado en plena vía pública. Tras el hecho se corrió la voz de que la guerrilla había cumplido con las amenazas en su contra.
Desmembradas en Barlovento
Glendy Castillo y Yanir Burguillos estaban en su hogar, en una localidad de Barlovento en el estado Miranda, la madrugada del domingo 16 de mayo cuando fueron sorprendidas por un grupo de hombres armados. Las mujeres, de 48 y 33 años respectivamente, fueron asesinadas de varios disparos.
Posteriormente fueron desmembradas y algunas partes de sus cuerpos fueron esparcidas en el caserío Cumbo, municipio Andrés Bello del estado Miranda en la plaza Bolívar, la plaza de la iglesia y una vivienda.
Castillo era docente y Burguillos era ama de casa. Ambas integraban el Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap) de su comunidad.
Se conoció que el móvil de los asesinatos fueron las denuncias que estas mujeres hacían de los hechos delictivos de una poderosa banda criminal de “Eduardo Delicias” que azota a los pueblos de la zona como Caucagua, El Clavo, Río Chico y Cumbo.
Calcinada en El Guarataro
Daysi Pérez, de 17 años, vivía en el sector El Guarataro del municipio Libertador de Caracas. La noche del sábado 22 de mayo se encontraba en la calle Real Los Pinos del barrio sentada en una moto, cuando unos hombres llegaron al lugar y le dispararon.
Los proyectiles también impactaron en la moto, ocasionando que se incendiaria y la joven herida quedó atrapada en el fuego.
Las autoridades señalan como presuntos responsables de este hecho a integrantes de la banda de alias “Junior Salinas”, un grupo delictivo que azota esa barriada.
Sin embargo, se desconoce el móvil del homicidio.
Por una bala perdida
Blanca Violeta Orellano es otra de las mujeres que han sido víctimas de la violencia generada por grupos armados no estatales en Venezuela en las últimas dos semanas.
La mujer de 64 años de edad se encontraba en su vivienda ubicada en sector El Rosario de la parroquia La Vega cuando una bala perdida le impactó en el abdomen. El hecho ocurrió cuando se enfrentaban funcionarios policiales y supuestos miembros de la megabanda de “El Coqui”.
Su hijo no había podido comunicarse y no tenía conocimiento de lo ocurrido. Al día siguiente fue a visitarla y la encontró muerta.
Orellano murió sola dentro de su casa. La mujer era funcionaria jubilada de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), pero seguía ejerciendo como abogada.
Asesinada en Aragua
Raimaría Alejandra Estrada tenía 26 años, era madre de tres niños y trabajaba como manicurista. Vivía en el urbanismo Antonio Ricaurte, municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua.
El 26 de mayo, pasadas las 10:00 pm, un hombre desconocido se le acercó a la joven y le disparó, según versiones de los vecinos que presenciaron el hecho.
Estrada cayó sobre el asfalto y algunos de los vecinos que estaban en el lugar corrieron a auxiliarla. Fue trasladada hasta el Hospital Central de Maracay, pero falleció minutos después de su ingreso en el centro de salud.
Su cuerpo fue trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamef).
El homicida se dio a la fuga. Otra de las versiones de este suceso fue que la joven fue confundida con otra mujer de la zona que denuncia a grupos delictivos y luego los extorsiona
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