Honduras decidió «dar por terminado» el tratado de extradición con Estados Unidos que ha permitido encarcelar a poderosos narcotraficantes, al acusar al gobierno de ese país de «injerencia» en sus relaciones con Venezuela.
«La injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su Embajada y otros representantes, es intolerable. (…) He ordenado al Canciller @EnriqueReinaHN denunciar el tratado de extradición», anunció en la red social X la presidenta Xiomara Castro.
Ese acuerdo es considerado una herramienta clave para desmantelar el «narcoestado» que, según la justicia estadounidense, fue levantando en Honduras bajo el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).
Tras el anuncio de Castro, en una nota enviada a la misión diplomática de Washington en Tegucigalpa, el gobierno comunicó su decisión de «dar por terminado» el tratado, firmado en 1912.
Medio centenar de hondureños han sido extraditados a Estados Unidos desde 2014 por tráfico de drogas, entre ellos el propio Hernández, quien fue condenado en junio en Nueva York a 45 años de prisión. Su hermano, Antonio «Tony» Hernández, purga cadena perpetua.
La mandataria izquierdista hondureña anunció su decisión luego de que la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, expresara la «preocupación» de su país debido a que autoridades del país centroamericano se reunieron con el ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino López, sancionado por Washington.
«Fue sorprendente para mí ver al ministro de Defensa y al Jefe del Estado Mayor Conjunto (de Honduras) sentados al lado de un narcotraficante en Venezuela», declaró Dogu a los periodistas en Tegucigalpa.
La delegación hondureña estuvo encabezada por el titular de Defensa, José Manuel Zelaya -sobrino del esposo de Castro, Manuel Zelaya, expresidente derrocado en 2009-, y el máximo jefe de los militares, general Roosevelt Hernández.
Estados Unidos «agreden, desconocen y violan impunemente los principios y prácticas del derecho internacional, que promueven el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la paz universal. Basta», agregó Castro.
Poco antes del anuncio de la mandataria, el canciller Reina había calificado de «insoportable el irrespeto e injerencia» de la embajadora.
El ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, además tachó de «irresponsable, farsante y sinvergüenza» a Dogu en un comunicado, y acusó a Estados Unidos de usar «la llamada guerra contra las drogas para financiar grupos fascistas, bandas paramilitares y golpes de Estado».
El gobierno de Castro es un firme aliado de Venezuela. Honduras fue uno de los pocos países latinoamericanos que felicitó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, por su cuestionada reelección, el 28 de julio.
Al día siguiente de los comicios, mientras países de todo el mundo exigían un recuento transparente de los votos, la presidenta hondureña celebró el «inobjetable triunfo» de Maduro.
En América Latina, solamente Honduras, Cuba, Nicaragua y Bolivia saludaron a Maduro por su reelección en unos comicios que la oposición denunció como un «fraude».
La denuncia del tratado causó preocupación en algunos sectores. No obstante, el vicepresidente del Congreso por el oficialismo, Rasel Tomé, dijo a la AFP que conforme al derecho internacional ambos Estados tienen que sentarse a analizar la decisión de Honduras y «si se ponen de acuerdo puede continuar el convenio».
«Han de estar saltando (de alegría) los narcotraficantes porque ya no va a ser extraditados de Honduras», afirmó a la radio local HRN el abogado hondureño Juan Carlos Barrientos.
«Ahora Honduras es puerto libre y ahora todo el mundo se puede dedicar al narcotráfico. Eso que acaba de hacer Xiomara es para proteger a su esposo (Manuel Zelaya) y su cuñado (Carlos Zelaya, secretario del Congreso)», mencionados en el juicio contra Hernández en Nueva York, aseguró Salvador Nasralla, designado presidencial que se desvinculó del gobierno por desacuerdos en la toma de decisiones.
Sin embargo, el criminólogo Gonzalo Sánchez dijo a la AFP que muchos de los extraditados recibieron «penas mínimas y andan libres», por lo que sería «mejor» fortalecer el sistema de justicia del país.
Fuente: Banca y Negocio
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