El ministro de Gobierno de Ecuador, Henry Cucalón, dijo este miércoles que las fuerzas del orden no aceptarán hechos vandálicos en el país, tras el decreto de muerte cruzada que realizó el presidente Guillermo Lasso.
En rueda de prensa, el titular de la cartera de Gobierno comentó que “el país no está para medidas de hecho que vayan en la línea de fomentar el caos y la anarquía, es justamente lo que el pueblo ecuatoriano no quiere”.
El político aseguró que, para mantener la paz, las fuerzas del orden de ese país harán respetar la decisión tomada por Lasso de disolver la Asamblea Nacional y llamar a elecciones legislativas y presidenciales.
En ese sentido, Cucalón expresó que el Gobierno espera que la Corte Constitucional no obstruya la decisión del Ejecutivo y que sea garante de la Constitución.
Además, subrayó que será el pueblo ecuatoriano el que “decida en las urnas quienes van a regir los destinos de la nación”.
El mandatario ecuatoriano recibió este miércoles el respaldo de su vicepresidente, Alfredo Borrero, así como del gabinete de ministros, en una reunión llevada a cabo en el Palacio de Gobierno.
En la mañana este miércoles, Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional de su país y llamó a legislativas y presidenciales, una figura legal sustentada en el artículo 148 de la Constitución ecuatoriana conocida como la “muerte cruzada”.
Para la abogada constitucionalista Pamela Aguirre, consultada por El País, esa posibilidad la tiene el presidente dentro los tres primeros años de Gobierno, y puede hacerlo bajo tres causas:
Que la Asamblea se haya arrogado competencias que no le corresponden; por grave crisis o conmoción interna; obstrucción del plan de desarrollo propuesta por el presidente.
“Solo en la primera causa se necesita consultar a la Corte Constitucional, en las demás el único intérprete es el presidente de la República, no requiere un verificador adicional”, aclara Aguirre.
Hasta que se realicen las nuevas elecciones, Lasso, de 67 años, gobernará bajo decretos de ley que deberán pasar por el control de la Corte Constitucional.
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