A través de un comunicado, la CNUL -que aglutina a parte de los manifestantes- dijo que convoca esta nueva jornada de protestas «en reconocimiento a la lucha de los pueblos por su soberanía y por su verdadera independencia y construcción de la nación peruana».

También acordaron realizar manifestaciones el 7 y 9 de diciembre, en conmemoración de un año del fallido autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo y su posterior destitución por parte del Congreso.
A su juicio, en esos días de 2022 se produjo un «golpe dado por la ultraderecha congresal» y se produjo «la usurpación de la voluntad del soberano».

Dijeron que, después de la marcha del pasado 19 de julio «y las jornadas de lucha» que la sucedieron, ahora deben «desarrollar eventos provinciales, regionales, macro regionales, sindicales, sectoriales, culturales, en los que se examine la situación política nacional, regional y local».

Hicieron mención a la presencia de las asociaciones de víctimas de las protestas, quienes acudieron estos días a Lima a marchar desde regiones del país en las que murieron manifestantes entre diciembre y marzo.

Estas pidieron justicia, exigieron que no haya impunidad en las muertes de sus allegados y recordaron a sus víctimas con fotos y ataúdes ficticios en la mayoría de marchas que se desarrollaron.

La CNUL también reiteró sus demandas: la renuncia de la presidenta DinaBoluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Catalogaron de «gran éxito» la movilización del pasado 19 de julio, que, según las autoridades, consiguió convocar a unas 21.000 personas en todo el país y agradecieron a las organizaciones y ciudadanía que contribuyeron a esta «jornada histórica» con albergue, alimentos, la defensa legal y cuidados médicos.