La ONG Transparencia Venezuela señaló sobre «el oscuro negocio del oro en Venezuela» que a mayoría de los mineros «no están inscritos en el Registro Único Minero (RUM) ni integran las nóminas de ninguna empresa, no cumplen con estándares de seguridad personal o ambiental y extraen oro en zonas que no han sido autorizadas para tal fin».
En ese sentido, explicó que a pesar del intento formal de la administración de Nicolás Maduro de proteger esta actividad, «se incumplen las normas estatales y se sigue promoviendo la minería artesanal bajo condiciones que pueden considerarse esclavitud moderna, específicamente trabajo forzoso».
«En el Arco Minero del Orinoco (AMO), los mineros artesanales extraen el oro en condiciones infrahumanas y peligrosas que ponen en riesgo sus vidas, exponiéndoles a contaminación por mercurio y otras enfermedades», sumó.
Cabe acotar que los mineros artesanales «están obligados a entregar porcentajes del oro a los distintos actores que participan en la actividad: organizaciones criminales y los dueños de los molinos».
«A las organizaciones criminales deben dejarles desde 10% de la producción, mientras que a los dueños de los molinos en los que procesan el material les entregan entre 10% y 30%. Al final, se quedan con tan solo unos gramos de oro al mes», resaltó.
Manifestó que los mineros con frecuencia «son requisados en decenas de alcabalas de las policías regional y local, GNB o puntos de patrullaje del Cicpc o Dgcim. En esos puntos, pueden quitarles parte de lo que llevan y ser castigados de diversas formas».
Dijo que de acuerdo con los testimonios recabados al sur del estado Bolívar, en los puestos de control «les han exigido a los mineros hasta guías de movilización para poder transportar mínimas porciones del material».
«Los trabajadores mineros están sometidos a amenazas de una pena cualquiera, si no se someten a las condiciones impuestas y a entregar un porcentaje del material extraído de las minas», refirió.
Indicó que una de las peores consecuencias de esta estructura de «producción de esclavitud moderna es la indefensión. Las víctimas no tienen dónde denunciar, pues si se atreven a hacerlo, se encuentran con un sistema de justicia corrupto».
«Este sistema de justicia está tan debilitado que no tiene capacidad ni protección frente al crimen organizado. No se atreven a denunciar y exigir respeto, porque la actividad que realizan es ‘ilegal’. Son víctimas de explotación y no tienen opciones», enfatizó en Twitter.
Con información de Banca y Negocio