La discriminación, el racismo y la xenofobia se acentuaron contra los migrantes y refugiados venezolanos durante la pandemia de la covid-19, especialmente hacia aquellos grupos vulnerables como los indígenas, trabajadores sexuales y las personas que fueron desalojadas de sus viviendas.
Así lo reconoce el informe «Impacto de la covid-19 en personas refugiadas y migrantes venezolanos», elaborado por la Plataforma de Coordinación Interagencial R4V, con apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Vulnerables según Naciones Unidas
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha sostenido que «en situaciones de miedo e incertidumbre, como la pandemia actual, las personas migrantes y las minorías asociadas con la migración pueden ser particularmente vulnerables a las actitudes y comportamientos que les estigmatizan y convierten en chivos expiatorios».
Para los venezolanos consultados, las situaciones de racismo, discriminación y xenofobia se agudizaron durante la pandemia. Esta situación también se percibió en la respuesta de las instituciones estatales y el comportamiento de la población en las comunidades de acogida.
«Dentro de las situaciones reportadas se encuentran, entre otras: la negación al acceso a la salud, incluso de personas afectadas por la covid y sus hijos e hijas menores de edad, obstáculos en el acceso a la información y a la justicia; durante los procesos de desalojos forzados y en controles migratorios y las barreras en el idioma en países no hispano hablantes», resaltó el informe.
Respecto a los desalojos forzados, las personas identificaron la dificultad de pagar los alquileres, además de la discriminación por su nacionalidad y su estatus migratorio como los principales indicadores. Además, las mujeres venezolanas denunciaron casos de acoso y violencia sexual por parte de sus arrendatarios como «forma de pago» para evitar los desalojos.
Las mujeres las más afectadas
La plataforma R4V señaló que este tipo de situaciones afecta particularmente a las trabajadoras sexuales y/o en situación de prostitución y en jefatura familiar. «Las mujeres trabajadoras sexuales transgénero expresaron que este tipo de situaciones se profundiza al interior de la comunidad LGBTIQ+ sin que las denuncias presentadas ante las autoridades competentes surtan algún efecto».
Las trabajadores sexuales o mujeres en situación de prostitución también han visto agravada su vulnerabilidad y la atención que deben brindarles instituciones estatales, en algunos casos afectando incluso su acceso a proteccción internacional o los procesos de regularización del estatus migratorio.
En el caso de los pueblos indígenas, señaló la plataforma, el desconocimiento de sus costumbres y tradiciones, los prejuicios y estereotipos culturales así como las dificultades en el idioma acentuaron estos episodios de discriminación, además de dificultar el acceso a bienes, servicios y atención sanitaria.
Los venezolanos también enfrentaron estafas en los procesos de regularización o acceso a protección internacional en diversos países. El cierre de las instituciones debido a la pandemia, y su paso a plataformas electrónicas fueron parte de los obstáculos encontrados.
La falta de documentación y las dificultades para su acceso, que deberían ser garantizadas por el Estado venezolano, fueron parte de las trabas que encontraron migrantes en los países de acogida, y que además los impusa a tomar trabajos mal remunerados, informales o incluso ser sometidos a explotación laboral o sexual.
«Nosotras acá no valemos», afirmó una persona entrevistada. El desconocimiento sobre las instituciones a las cuales acudir, costos del proceso o requisitos es otro de los problemas para los migrantes, al igual que su alto costo, ya sea para expedición o por renovación.