La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador emitió un fallo que permite al presidente de turno postularse para una reelección inmediata, decisión que beneficia a un Nayib Bukele que prepara el terreno para ser candidato a las presidenciales de 2024.
El fallo ordena al Tribunal Supremo Electoral (TSE) concretamente permitir «que una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión».
Esta decisión parece ir en contra de lo que dicta la constitución salvadoreña, pues especifica que no puede ser candidato a la presidencia quien ejerciera el cargo «por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior».
Los magistrados justificaron su decisión en que la interpretación constitucional hasta el momento era «errónea», y que lo que la Carta Magna quiere decir realmente es que un ciudadano puede ser presidente por un máximo de 10 años, es decir, dos períodos constitucionales consecutivos.
«Es el mismo artículo 152 ordinal 1 quien permite como máximo que una persona ejerza la Presidencia por 10 años y de hecho, el Constituyente de 1983 obliga a que esos 10 años se ejerzan, si el pueblo así lo decide, de forma consecutiva», establece la sentencia.
Por lo tanto, los magistrados alegan que lo único ilegítimo e inconstitucional sería promover la continuidad de un presidente por más de 10 años, o dos períodos presidenciales.
La única salvedad que hace la sentencia es que el presidente que desee postularse a la reelección, deberá solicitar una licencia seis meses antes, en aras de respetar la «prohibición de prevalerse del cargo para realizar propaganda electoral»
La decisión favorece de forma clara al mandatario salvadoreño y se adapta a su condición actual, pues la nueva interpretación del CSJ da a entender que, si este fuese el segundo período presidencial continuo de Bukele, no podría postularse, pero al tratarse del primero, es libre de hacerlo.
El fallo genera polémica debido a que los magistrados que lo aprobaron fueron designados por la Asamblea Legislativa controlada por el partido de Bukele desde este mismo año, después de que el partido Nuevas ideas arrasara en las elecciones legislativas celebradas el pasado 28 de febrero.
Los partidos favorables al gobierno de Bukele controlan el 76 % los escaños, mientras que la oposición se ve reducida a 20 representantes y tiene un poder de decisión y voto prácticamente nulo.
Ni bien se instaló el nuevo parlamento de Bukele, la primera decisión tomada fue destituir a los cinco jueces de la Sala Constitucional de la CSJ, bajo el argumento de que los magistrados emitieron «veredictos contrarios a decretos ejecutivos durante la pandemia, obstaculizando el trabajo del Ministerio de Salud».
De igual forma, concretaron la destitución del Fiscal General de El Salvador, Raúl Melara, escudándose en cuestionamientos sobre su «independencia e imparcialidad» debido a sus supuestos lazos con el partido opositor, Arena.
Pese a este razonamiento, hay señalamientos similares contra la nueva composición de la Sala Constitucional, pues uno de los magistrados es incluso un exasesor del Ejecutivo de Bukele y un excomisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública que había sido designado por el presidente para ese cargo previamente.
La oposición salvadoreña denuncia que estas medidas evidencian la ofensiva de un Bukele que intenta controlar todas las instituciones del país para hacerse con el control absoluto de El Salvador.