Más de 3 mil testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos perpetradas en Colombia durante las protestas y el paro nacional contra el gobierno del presidente Iván Duque esperan analizar los miembros de una comisión internacional que visita el país a tal efecto.
Luego de una serie de gestiones impulsadas por organizaciones no gubernamentales (ONG) y partidos políticos colombianos, a las que en un principio se opuso el Gobierno, se logró que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) iniciara esta semana una visita al país para evaluar las centenares de denuncias sobre uso excesivo de la fuerza, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual contra detenidos por parte de las fuerzas policiales, en especial del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). También existen denuncias en las cuales las víctimas son funcionarios de seguridad del Estado, aunque en una mínima proporción.
Desde su llegada a Bogotá el pasado sábado 5 de junio, los representantes de la CIDH fueron recibidos con pancartas y arengas, exigiendo justicia por los manifestantes en la ciudad capital.
Durante su visita, los delegados se ha reunido con algunos voceros comunitarios, así como con autoridades civiles, policiales y militares, dando cumplimiento a la condición impuesta por el Gobierno para aceptar su presencia en el país.
La presidenta de la delegación, Antonia Urrejola, aseguró en conferencia de prensa a su llegada al país que esta visita es histórica, a la par que indicó que desde Buga y Popayán se habían recibido varias denuncias.
El alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, afirmó que dispusieron del apoyo necesario para que la misión cumpla su agenda, e indicó que dos de los casos que abordará la organización internacional serán los de Alison Meléndez y Sebastián Quintero.
Entre tanto, Valeria Mosquera, miembro de la Ruta Pacífica de las Mujeres y la Mesa Territorial de Garantías, explicó que hubo un cambio de discurso por parte del Gobierno en el marco de la visita de la CIDH, por lo que exigió garantías de seguimiento.