El resumen semestral correspondiente a 2023 del Monitoreo de persecución y criminalización en Venezuela del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) concluyó que hubo más de 385 personas perseguidas o criminalizadas en el país.
De acuerdo con estos datos, cada 12 horas una persona u organización es perseguida y criminalizada en el país.
De los 385 casos de persecución o criminalización 112 correspondieron a trabajadores y medios de comunicación y 86 fueron de organización no gubernamentales. Se registraron también 161 casos contra la población y otros 24 casos contra personas vinculadas al ámbito político.
En lo que respecta a las víctimas por género, al menos 65 mujeres y 122 hombres fueron víctimas de persecución o criminalización.
En el primer semestre de 2023, de acuerdo con este monitoreo, predominaron los actos de hostigamientos y amenazas, con 172 casos.
También, hubo 11 irregularidades en procesos judiciales, 35 impedimentos de registrar un hecho noticioso, 72 despidos injustificados, 45 detenciones arbitrarias, 22 medidas cautelares y una inhabilitación política.
Se destacan también cuatro cierres a emisoras de radio, cinco allanamientos irregulares, 14 cierres de programas de radio y cuatro bloqueos a páginas web.
Durante el mes de junio desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), se documentaron al menos 61 actos de persecución y criminalización.
Menciona Cepaz que los actos documentados «fueron ejercidos contra trabajadores de la comunicación, personas vinculadas con la política y contra la población», mayoritariamente contra trabajadores del sector público, sindicalistas, campesinos e indígenas, quienes representaron el 70% de la totalidad de los casos documentados durante el sexto mes del año.
El informe detalla casos particulares como el de la periodista Regina Freites, a quien agredieron funcionarios de la Policía Municipal de Bermúdez, en la ciudad de Carúpano, estado Sucre, cuando se encontraba registrando un incendio en un local comercial de la zona.
«En el lugar fue víctima de agresiones físicas y verbales por parte de los funcionarios policiales», denunciaron.
Además, se expone que la periodista Laura Clisánchez fue víctima de una publicación en la cuenta anónima de Instagram @vzlamegafono, en la que se suplanta su identidad y se intenta desacreditar su trabajo informativo.