Vanessa Rosales es una profesora merideña y activista de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer que fue encarcelada por ayudar a que una niña de 13 años abortara luego de ser violada por un vecino en la localidad de Pueblo Nuevo – Mérida.
Si bien el hecho se produjo el 12 de octubre de 2020, no fue hasta el 11 de enero de 2021 que el caso fue conocido en todo el país, abriendo un debate sobre la despenalización del aborto en Venezuela.
A Rosales, se la acusa de violar el artículo 433 del Código Penal, el cual reza que “el que hubiere provocado el aborto de una mujer, con el consentimiento de esta será castigado con prisión de doce a treinta meses”. Por su parte, el violador, fue puesto en libertad ante la falta de evidencia.
Además de las leyes, que castigan con cárcel la interrupción del embarazo, en Venezuela existe una satanización del aborto; la cual, junto a la falta de educación sexual, el papel de la Iglesia como elemento de control social y los altos precios de métodos anticonceptivos empujan a las “venezolanas vulnerables” a salir embarazada a muy temporada edad.
Jomeisa Pérez, ginecóloga, explica que un tratamiento de pastillas anticonceptivas puede llegar a costar 20 dólares mientras que los dispositivos como la T de cobre oscilan entre 30$ y 100$.
En las farmacias de Maturín, el precio de las pastillas anticonceptivas van desde 2 millones 260 mil hasta los 32 millones 255 mil bolívares, siendo la presentación de 21 tabletas de Sinovul el fármaco más económico.
Por su parte, tratamientos como Yaz (más efectivos para prevenir un embarazo no deseado) superan los 32 millones de bolívares.
Esto, sumado a los 25 dólares de una consulta ginecológica, indica que una mujer promedio necesita de, al menos, 50 dólares para prevenir un embarazo durante un mes, alrededor de 89 millones 100 mil bolívares según la cotización del dólar paralelo para el 21 de enero de 2021; una cifra inalcanzable en Venezuela, donde el sueldo mínimo es 1 millón 200 mil bolívares.
Es decir, una persona necesita 74 salarios mínimos para pagar un tratamiento anticonceptivo en Maturín durante un mes.
Más allá de la ilusión de formar una familia; en Maturín, la falta de educación sexual, la carencia de valores en el hogar y el entorno socio-económico son un catalizador de embarazos no deseados.
Mientras que la Dra. Pérez tiene pacientes embarazadas de hasta 14 años, el sociólogo Jesús Antuárez explica que, más allá de estar vinculado a clases sociales, todo viene de la formación que recibimos en nuestros hogares.
Así mismo, la “televisión y sobre todo la música actual, promueven la sexualización de la mujer a muy temprana edad”. Esto, sumada a la tentación de “hacer dinero fácil” con un embarazo (bonos Madre de la Patria), contribuyen a la natalidad desbordada que vemos hoy.
Los últimos índices de natalidad conocidos en Venezuela fueron los de 2018, cuando se reportaron 18,5 nacimientos por cada mil habitantes, según el portal Datosmacro.com.
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 2020, el 15% de los embarazos producidos en Venezuela ocurrieron en menores de 20 años.
Ante las leyes de penalización del aborto, los hospitales venezolanos obligan a la “mujer” a tener a sus hijos; sin importar si estén física o mentalmente preparadas para convertirse en madres.
En el caso de Lucía*, la niña a quien Rosales ayudó a abortar, su útero no estaba desarrollado y, por lo tanto, su bebé no tenía esperanza de vida; sin embargo, en este país llegan hasta las últimas instancias, aunque eso incluya obligar a una adolescente a traer al mundo a un niño muerto.
En la mayoría de los casos, estás madres son de bajos recursos, por lo que sus hijos están condenados a una vida de miseria; esto, en un país donde el 90% de los hogares no tiene ingresos suficientes para comer, según la Encuesta de Condiciones de Vida.
Antuárez explica que la satanización del aborto en Venezuela se debe, principalmente, a los factores culturales y religiosos, “aquí entra en juego el papel de la Iglesia como elemento de control. El ‘No mataras’ ya con eso están condicionando tus acciones”.
En relación a un punto tan delicado como la interrupción del embarazo, Pérez explica que “hay que ponerse en la piel de cada quien. Es muy fácil decir que se está en contra cuando no se sabe si el embarazado es producto de una violación, las condiciones económicas de la madre y demás factores que influyen en su decisión”.
Por su parte, Pérez opina que este acto es algo que “sólo debe hacerse por recomendación médica” y que, como todo proceso quirúrgico “puede tener complicaciones”.