Para el padre Alfredo Infante, párroco de la iglesia San Alberto Hurtado, de La Vega; lo más grave dentro del operativo policial que se ha mantenido durante tres días en la Cota 905 y en La Vega es el fenómeno del desplazamiento forzado por la violencia que, según él, no es nuevo, pero “ha aumentado y se ha hecho más visible” en el contexto de los hechos ocurridos esta semana en esa zona, El Cementerio, El Valle, El Paraíso y La Vega, afectando a nueve de las 22 parroquias del municipio Libertador.
Explica que desde el año 2016 La Vega comenzó a ser lugar de acogida para quienes huían de la violencia desde Barlovento, los Valles del Tuy, algunas zonas de Carabobo y Aragua; pero desde inicios de este año, cuando se agudizó la violencia con los operativos policiales, las actuaciones de las bandas delictivas y fueron asesinadas 23 personas durante las primeras semanas de enero, también se comenzaron a observar desplazamientos de tipo transitorio y permanentes. Muchos hacia otras zonas de Caracas y otros al interior del país.
“Hay gente que ha estado vendiendo y poniéndole precio muy económico a su casa y otros que han tenido que salir sin nada”, asegura.
Infante reitera que tras los tiroteos que se han vivido desde el miércoles 7 de julio en estas zonas de Caracas “el desplazamiento se hace mucho más visible porque nunca habíamos llegado a unos niveles de guerra como la que vivimos esta semana”.
Sobre la atención que necesitan las personas que han decidido abandonar sus casas por el miedo de vivir entre las balas y la zozobra, el párroco Alfredo Infante recuerda que “es una obligación del Estado”, pero lamenta que en el país, en este momento, no haya instituciones que tengan como misión atender a la población desplazada. Insiste en que es un deber de las autoridades porque son situaciones contempladas en tratados y convenios internacionales en materia de desplazados y refugiados.
En paralelo, varias ONG como Otro Enfoque han solicitado ayuda a través de redes sociales para atender a los niños y familias que se están resguardando. Esta organización habilitó un refugio improvisado en su sede.
“Estamos habilitando un lugar de refugio para nuestros chamos que viven en la Cota 905 y han logrado salir de la zona de conflicto. Necesitamos colchonetas, sábanas, almohadas, alimentos y ropa”.
Marino Alvarado, coordinador de Investigación de Provea, destacó el aumento de los desplazamientos internos como consecuencia de la violencia creciente en el país. Puso como ejemplo más reciente los enfrentamientos entre la Fuerza Armada y grupos irregulares en Apure, lo que obligó a más de seis mil personas a movilizarse hasta la población de Arauquita (Colombia) y otras entidades limítrofes.
En el caso de la parroquia La Vega, explicó Marino Alvarado, afectada por el control de bandas armadas «es importante» porque hasta hace poco esta zona era receptora de familias que venían de Barlovento y otros lugares violentos.
El desplazamiento interno producto de la violencia o en zonas de conflicto son especialmente problemáticos para los menores de edad. El abogado y coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, señala que “todo desplazamiento implica un cambio, y para los niños, niñas y adolescentes cambia su entorno, sus relaciones interpersonales. Sobre todo ha generado un sentimiento de incertidumbre, y no hay nada que perjudique más la salud mental que la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, cuándo poder retomar una vida normal, porque hace muchos años, especialmente esas comunidades, dejaron de tener una vida normal al tener que cohabitar con bandas armadas y un Estado que hace intentos de obtener el control”.
“Esto es una guerra y no se lo deseo a nadie, pero nos tenemos que quedar. En mi casa somos seis personas. ¿Quién nos va a recibir? Y aparte aquí está lo único que tenemos: un techo. Nos toca rezar mucho y aguantar”, dice una maestra, habitante de la Cota 905 desde hace 40 años.
Tres días de tiroteos en la Cota 905 han dejado sitiados a un tercio de los habitantes de nueve parroquias de Caracas, lo que derivó en un grupo de desplazados por la violencia que después de 72 horas de plomo aprovecharon la mínima calma para salir de sus casas con lo poco que llevan encima y buscar refugio hasta nuevo aviso.
La orden sonaba por el parlante con el que bajaron miembros de la banda recorriendo escaleras y veredas de la Cota 905. Eran las 6:00 de la mañana del jueves 8 de julio: se acumulaban 16 horas de tiros y cuatro personas muertas desde que había comenzado la balacera que dejó paralizada a nueve parroquias de la capital, poco más de 114 kilómetros cuadrados de gente sitiada por el plomo, más del 25% del área del municipio Libertador.
De todos modos, los que estaban en sus casas estaban encerrados desde la tarde del miércoles 7 de julio, cuando iniciaron los tiroteos alrededor de las 3:00 pm. Los que habían salido esa mañana tampoco pudieron regresar y fueron buscando asilo forzado en casa de familiares y amigos para pasar la noche y volver a sus casas por la mañana. Sería apenas el primer día.
Nadie entra, nadie sale. En la Cota lo avisaron con parlantes, pero en El Paraíso, La Vega, El Cementerio, Prado de María, El Valle, Quinta Crespo, San Juan y zonas cercanas el altavoz que se escuchaba eran las ráfagas de tiros, explosiones y plomo cerrado que se expandía en plena mañana y que siguió ininterrumpido todo el día hasta las 9:30 pm. Nadie entró, nadie salió. Algo de silencio nocturno permitió que algunos levantaran la cabeza del piso, recogieran casquillos, los vidrios rotos de sus propias ventanas y respondieran llamadas de “estamos vivos”. Apenas una hora de tregua, pero después más balas hasta casi las 3:00 de la madrugada.
Desde las 2:45 pm del jueves, a las casas de la Cota y parte de El Cementerio les habían cortado la electricidad. Esa noche larguísima la pasaron con un retumbe de tiros estallando en sus ventanas, gritos de gente que corría, subía y bajaba, sombras que se pegaban en muros, daban patadas y golpes a algunas puertas. Adentro los encerrados seguían a oscuras, metidos en cuartos y baños, en colchonetas tiradas en medio de la sala, resguardados con los niños y los abuelos alejados de paredes que dieran hacia la calle.
“Me voy con mis muchachos y lo que tengo puesto”, dice Marbelis (identidad protegida), habitante del sector Las Quintas. En tres frases resume su noche porque tiene que ahorrar la poca batería que le queda en el celular: “Comimos pan todo el día porque mi cocina da hacia la calle y no podía preparar nada porque la más chiquita se pone a llorar si no la tengo cargada. Tiene cuatro años. Y dentro de la casa uno escucha, pero no sabe de dónde sale tanto tiro. Estuve sola todo el día con mis dos hijas y mi sobrino porque mi hermana no pudo llegar a la casa”.
Dice que su mamá de 73 años se había quedado desde el miércoles con unos tíos en San Martín. “Yo también me voy para allá porque la policía ya estaba subiendo y si se meten para las casas, no sé qué voy a hacer con los niños”.
Marbelis tiene familiares que la pueden recibir, pero otros vecinos no y solo esperaron que amaneciera y decidieron irse.
“No sé para dónde me voy, pero bien lejos de los tiros”, dice una mujer de 43 años que salió de su casa en el sector El Naranjal a las 6:00 am, junto a cuatro miembros más de su familia.
Desde la madrugada, en las zonas aledañas a la Cota 905, Roca Tarpeya, Puente Hierro y El Cementerio se observaba el recorrido de personas bajando por las avenidas, caminando con bolsos y maletines, en busca de una salida.
Pero no fue necesario que la policía anunciara un desalojo. Los habitantes esperaron por las primeras luces y salieron con lo puesto.
Algunos de ellos solo caminaron errantes y se sentaron en la calle a esperar que escampara la lluvia que terminó de oscurecer la mañana.