28Mar2024

El Comisionado para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas designado por Juan Guaidó, Humberto Prado, solicitó a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, evaluar las reestructuraciones hechas por Nicolás Maduro «en el ámbito policial y en las detenciones ilegales», por considerar que son «meros formalismos».

Por: Ernestina Herrera  |   24 May, 2021 - 12:59 pm

Humberto Prado enfatiza que “las recientes reestructuraciones del régimen de Maduro en cuanto a modificaciones de la PNB, así como el reciente traslado de presos políticos se constituyen como decisiones fuera del orden jurídico del país»

El Comisionado para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas designado por Juan Guaidó, Humberto Prado, solicitó a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, evaluar las reestructuraciones hechas por Nicolás Maduro «en el ámbito policial y en las detenciones ilegales», por considerar que son «meros formalismos».

Hace pocos días, Maduro ordenó la reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana y emitieron un decretó donde se pide a la Dirección General de Contrainteligencia Nacional (Dgcim) y al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el traslado de sus detenidos a cárceles comunes, acciones que fueron notificadas por el Ejecutivo a la Corte Penal Internacional (CPI), tras requerimientos solicitados por ese tribunal en octubre de 2020; reforma que fue celebrada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al considerar que va en «buena dirección».

Ante este pronunciamiento, Prado mostró preocupación y envió una carta a la Bachelet para pedir una revisión.

De acuerdo con el comisionado para los DDHH, «estas supuestas reestructuraciones no son más que meros formalismos revestidos de una apariencia de legalidad. Al indagar en el contenido de las medidas, emergen inconstitucionalidades evidentes que demuestran la falta de interés del régimen por adecuarse a los estándares de derechos humanos».

En la carta remitida a la alta comisionada, señala que las modificaciones efectuadas por el gobierno de Maduro están «fuera del orden jurídico del país, claramente contrarias al texto de la Constitución Nacional y, por supuesto, desfasadas de la realidad social de Venezuela».

De la misma manera, Humberto Prado enfatiza que “las recientes reestructuraciones del régimen de Maduro en cuanto a modificaciones de la PNB, así como el reciente traslado de presos políticos se constituyen como decisiones fuera del orden jurídico del país».

El activista humanitario Humberto Prado afirmó que el reciente motín en una prisión venezolana, que dejó un saldo de 16 reclusos muertos, es resultado del hacinamiento carcelario del 220 por ciento.

Prado dijo que en las cárceles venezolanas se vulneran los derechos de los presos, que «viven hacinados, mal nutridos, en pobres condiciones higiénicas y sometidos a los ‘pranes’ (jefes de mafias carcelarias)».

«La situación está muy mal porque hay que analizar esto de la siguiente manera: tenemos un espacio única y exclusivamente para 17 mil internos, tenemos 54 mil o sea, tenemos un excedente de más de 39 mil internos», precisó.

El también director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) señaló que el hacinamiento en las cárceles es de 220 por ciento, un problema que sigue latente pese a la creación del denominado Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario en 2011.

Las declaraciones de Prado se producen luego de que la semana pasada se produjera un motín en la cárcel de Sabaneta, en el occidente venezolano, que se saldó con 16 muertos, lo que motivó el desalojo de la prisión de forma definitiva.

Prado, abogado de profesión, subrayó que uno de los principales problemas del sistema penitenciario es la impunidad de que disfrutan funcionarios, muchos de los cuales serían responsables por esta situación.

«Muchos pranes formaron sus propios gobiernos bajo la mirada cómplice del Estado (…) Y todo esto lo saben los jueces de ejecución y los fiscales o los defensores del pueblo», enfatizó.

El abogado penalista subrayó que «lo que pasa es que lamentablemente su función está limitada por la falta de autonomía». De lo contrario, «muchos de estos funcionarios estarían bajo investigación», observó.

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