Nuevos hechos ocurridos en la frontera entre Venezuela y Colombia, en la región del Arauca con denuncias sobre el ajusticiamiento de una familia de campesinos y el desplazamiento de más de cuatro mil venezolanos ha traído a coalición las declaraciones de Human Rights Watch en la voz de su presidente José Miguel Vivanco para quien las agrupaciones que se pasean entre el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure controlan de forma violenta el día a día en esa región fronteriza
Señalan que “los armados ilegales son amos y señores del control de la región y la población civil es víctima de reclutamiento de menores, violaciones sexuales o trabajos forzados e, incluso, la muerte”.
Indican que antes de los últimos sucesos ya sabían que grupos guerrilleros y otras organizaciones armadas cometen todo tipo de abusos que casi siempre terminan en impunidad. Los grupos extorsionan prácticamente a todos los residentes para quitarles dinero.
El informe de 69 páginas titulado ‘Los guerrilleros son la Policía: Control social y graves abusos por parte de grupos armados en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure’, documenta crímenes cometidos por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) y el “Frente Décimo Martín Villa”, un grupo disidente formado a partir de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el extinto grupo guerrillero que se transformó en un partido político tras el Acuerdo de Paz de La Habana firmado con el Estado colombiano en 2016.
Este viernes 26 de marzo ocurrió un nuevo enfrentamiento armado en El Ripial, estado Apure, según informaciones suministradas por la ONG humanitaria Fundaredes, que tiene su centro de operaciones en las zonas fronterizas venezolanas.
Javier Tarazona, director de esta organización, señaló que por ello sigue el desplazamiento forzado de personas de las aldeas y caseríos cercanos a La Victoria, quienes huyen hacía Colombia como consecuencia del conflicto armado que ha venido tomando fuerza desde el pasado fin de semana.
“El nuevo enfrentamiento en El Ripial estado Apure está tarde se da en medio del conflicto armado FARC, FANB y FAES y aumenta el desplazamiento forzado de personas de La Victoria, Tres Esquinas, Arenales, Sector el 8 y Guafitas”, denunció Tarazona en su cuenta de Twitter.
Señaló también que ha habido en todo este tiempos ataques contra la población civil del lugar.
Indicó también que se ha reportado la continuidad de detonaciones en el Batallón Sucre.
“El miedo impuesto por las arbitrariedades en La Victoria, asesinatos en El Ripial, enfrentamientos en 3 esquinas y Guafitas, desapariciones y detenciones han aumentado el número de desplazados hacia Colombia, ha sido sobrepasada la capacidad de respuesta”, señaló un poco más temprano a través de su cuenta en Twitter.
La violencia en esa zona del estado Apure se desató el domingo pasado en la madrugada, cuando hubo un enfrentamiento entre la FANB y disidentes de las FARC, cuyo saldo fue de dos oficiales venezolanos y un cabecilla de los grupos irregulares muertos, así como la detención de 32 persona
Human Rights Watch (HRW) afirma que “los residentes en Arauca y Apure viven con miedo, ya que los grupos armados reclutan a sus hijos e imponen sus propias reglas, amenazan a los residentes y castigan a quienes desobedecen, incluso con asesinatos o meses de trabajo forzado en los campos», dijo Vivanco. El informe, concluye que estos grupos al margen de la ley imponen a la fuerza normas que, normalmente, cumpliría un gobierno.
Investigaciones desde el 2019
El equipo de investigación de HRW visitó Arauca en agosto de 2019. Entrevistaron a 105 personas, incluidos líderes comunitarios, víctimas de abusos y sus familiares, actores humanitarios, funcionarios de derechos humanos, funcionarios judiciales y periodistas. De igual manera, fueron hechas solicitudes de información a autoridades colombianas y venezolanas, y se consultaron numerosas fuentes de información y otros documentos.
Si bien las autoridades colombianas han intentado contrarrestar el poder de los grupos armados, la impunidad sigue siendo la norma y la protección para los residentes es insuficiente. HRW subraya que, en esa parte de la frontera entre Arauca y Apure, «los grupos armados no estatales usan la violencia para controlar la vida cotidiana de las personas».
Las estrictas reglas impuestas por el ELN, el FPLN y los disidentes de las FARC, incluyen medidas de carácter judicial como toques de queda, «prohibiciones de violación, robo y asesinato» y regulaciones que rigen las actividades cotidianas como la pesca, el pago de deudas y los horarios de cierre de bares. En algunas zonas, los grupos prohíben usar cascos a quienes circulan en motocicleta para que los miembros de los grupos armados puedan verles el rostro a las personas que circulan.
“Acá se hace lo que ellos dicen o uno se muere”, le dijo a HRW una residente que se desplazó de su vereda tras ser amenazada por un grupo armado. “Las reglas son: no se le puede hablar al Ejército, no se puede salir tarde en la noche. Y, si no las cumplimos, el objetivo o la pena es la muerte”.
Ciudadanos de la región son obligados a trabajar sin recibir pago alguno, a veces durante meses, en actividades como la agricultura, la limpieza de caminos o cocinando en los campamentos de los grupos armados, que suelen estar en Venezuela. Además, muchas mujeres son sometidas a explotación sexual y coacción para intercambiar relaciones sexuales por dinero.
La xenofobia es un fenómeno extendido en Arauca. A menudo, los residentes culpan a los venezolanos por la delincuencia. Y, en medio de esta grave situación en esa zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, está el fenómeno migratorio de venezolanos que huyen de su país por la crisis humanitaria, económica y política. Cerca de 44.000 viven en Arauca. La mayoría de ellos empezaron a llegar desde 2015 y viven en condiciones económicas precarias, duermen en la calle o en asentamientos improvisados. Y, desde luego, han sufrido también estos abusos por parte de los grupos armados ilegales que imperan en la región.
Colombia y Venezuela, que no tienen relaciones diplomáticas desde febrero de 2019, comparten una frontera de 2.219 kilómetros, donde operan grupos guerrilleros, bandas criminales herederas de los paramilitares colombianos, contrabandistas, narcotraficantes y delincuentes comunes.
Vivanco agregó que “los gobiernos de América y Europa deberían imponer sanciones específicas, como el congelamiento de activos y la prohibición de ingreso a países de la región, dirigidas a altos funcionarios venezolanos que hayan sido cómplices en abusos cometidos por grupos armados en Venezuela”.
Aseguran que si no logran fortalecer el poder judicial para eliminar la impunidad que reina en el territorio, las cosas difícilmente mejorarán. Los grupos armados son responsables de al menos 161 homicidios que se registraron entre enero y finales de noviembre de 2019, una cifra que va en aumento cada año.