La organización Human Rights Watch (HRW) denunció este jueves los numerosos atropellos a los derechos sufridos por la población en Venezuela, así como la grave situación humanitaria que se ha traducido en el éxodo de 7,1 millones de ciudadanos, una de las crisis migratorias más graves de la era contemporánea.
Aunque los informes de HRW se centran más en las prácticas políticas y el imperio de la ley, en el caso de Venezuela hace hincapié en que el país vive una «emergencia humanitaria» que, según cifras de la ONU, se traduce en que 5,2 millones de personas necesitan ayuda sanitaria, alimentaria o en el acceso a agua e higiene básica.
Los 10,9 millones de personas infraalimentadas o sufriendo hambre crónica, más el derrumbe del sistema de salud que está contribuyendo a la expansión de infecciones se suman a los problemas políticos de un país donde las autoridades «persiguen a periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de sociedad civil», donde es habitual «la brutalidad policial» y el acoso a los disidentes políticos.
Todo ello explica, al menos en parte, el éxodo de ciudadanos que abandonan el país y se exponen a todo tipo de peligros «por falta de una estrategia regional coordinada (que) deja a miles varados en condiciones inadecuadas, incapaces de obtener refugio u otra protección legal y forzados a huir hacia el norte».
El pasado febrero, una misión electoral de la Unión Europea reportó que durante las elecciones regionales hubo «graves obstáculos para votar y ser candidato, incluyendo descalificaciones arbitrarias de opositores, uso partidista de recursos del estado, acceso desigual a los medios de comunicación y falta de independencia judicial (…) lo que minaba la transparencia electoral».
El pasado octubre, se contabilizaban en las cárceles venezolanas 254 presos políticos, de los que 114 llevan más de tres años en prisión preventiva; además, entre 2014 y 2022 se detuvo de forma arbitraria a 15.770 civiles, y de ellos 875 fueron sometido a tribunales militares.
HRW denuncia que la policía y los «colectivos» (fuerza parapolicial) «han atacado sistemáticamente a manifestantes desde 2014, con intervenciones violentas, golpizas brutales y disparos a quemarropa».
Los organismos de la ONU han recibido en 2022 frecuentes denuncias de tortura en las cárceles, así como dificultades para garantizar un juicio justo, a lo que se añaden los frecuentes retrasos a la hora de aplicar las órdenes de excarcelación.
El informe cita a otro organismo de la ONU que ha denunciado los crímenes de motivación política ordenados por servicios de inteligencia u otros organismos del estado «como parte de una política deliberada de reprimir a opositores políticos».
A esto se añaden los numerosos asesinatos extrajudiciales: entre 2016 y 2019 se reportaron 19.000 muertes por «resistencia a la autoridad», en gran parte en barrios marginales, pero el informe reconoce que estas prácticas descendieron notablemente en 2022.
El informe recoge también la indefensión de los pueblos indígenas venezolanos, que sufren «trabajos forzosos o explotación sexual» por parte de grupos que practican la minería ilegal en el sur del país «con aquiescencia del gobierno», y sostiene que los líderes indígenas que lo han denunciado han sido objeto de amenazas, ataques o incluso el asesinato, como en el caso de Virgilio Trujillo, de la etnia Uwottuja.
Otros derechos que sufren atropellos en Venezuela son el del aborto -penalizado salvo si está en riesgo la vida de la madre- o el de derechos reproductivos, dada la grave carencia de anticonceptivos, que en marzo pasado afectaba al 61 % de la población adulta.
Con información de El Nacional