La comunidad internacional se prepara para discutir un nuevo paquete de ayuda humanitaria para los venezolanos, dentro y fuera de su país. Con la actual administración estadounidense, gobierno y oposición en Venezuela se enfrentan a la necesidad de demostrar transparencia ante el que es, quizás, su principal donador: Estados Unidos.
Tan tarde como el mes que viene, la comunidad internacional discutirá un nuevo paquete de ayuda económica para asistencia humanitaria de los venezolanos, tanto dentro como fuera de su país. Si bien algunos expertos consideran que la actual administración estadounidense, no ha fijado las bases claras de la estrategia hacia Venezuela, de acuerdo con Juan González, asesor de la Casa Blanca para el hemisferio occidental, la misma está centrada en este momento en dar “una respuesta robusta a la situación humanitaria”.
Para Miguel Pizarro, quien se desempeña como comisionado especial para la asistencia humanitaria por parte de la oposición venezolana, “eso implica que Estados Unidos está jugando su rol como el donante más grande; pero además está jugando un rol, no solamente de encabezar la presión, que para nosotros era clave, sino también abrir espacios y abrir precedentes para poder financiar la asistencia humanitaria”, señaló en entrevista con la Voz de América.
De acuerdo con registros públicos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), Washington ha otorgado más de mil millones de dólares en los últimos cuatro años, para atender la situación humanitaria venezolana en la región. Sólo en 2020, más de 528 millones fueron desembolsados bajo el control y manejo de la Oficina de población, refugiados y migración del Departamento de Estado y la Oficina de Asistencia Humanitaria.
Otras agencias involucradas son UNICEF, ACNUR y la OIM, que son las encargadas de ejecutar la ayuda en el terreno.
Durante el año pasado, un poco más de 80 millones fueron asignados a proyectos de tipo alimentario y de servicios en Venezuela. El resto, se destinó a la asistencia de países de acogida como Argentina, Bolivia, Brasil, México y, por supuesto, Colombia, entre otros.
Explican los funcionarios que el dinero circula entre el ente donador y la agencia ejecutora en el terreno. Por regulación internacional, los políticos no tienen acceso a estos fondos. Estados Unidos lo sabe; sin embargo, pide la mayor claridad en el proceso.
“Definitivamente, la transparencia es algo que es responsabilidad no sólo nuestra y del presidente interino Guaidó. Nosotros estamos en constante comunicación con él y con elementos de su gobierno interino”, dijo González.
Ante las críticas sobre la falta de una “transparencia de libro” con respecto al manejo de la asistencia humanitaria por parte de la oposición venezolana, Pizarro explica: “Yo creo que el ruido siempre se combate con pedagogía. Y creo que nuestro problema es que teniendo la explicación correcta, no lo hacemos tanto como deberíamos”.
“La asistencia humanitaria tiene un requisito básico, que es que el actor político no la puede implementar. Nosotros no podemos. Nosotros no somos un actor humanitario. Nosotros no somos un receptor de recursos o de donaciones humanitarias. Porque nosotros por librito, por reglamento, por diseño de la asistencia humanitaria. Nosotros somos un actor que no puede ser el que. Asistencia por lo que nosotros sólo somos un canal”, agrega el opositor venezolano.
Pizarro, comisionado para la ONU nombrado por Juan Guaido, explica que el 80% de los recursos que se anuncian de los países tienen dos formas de ser auditados públicamente: el primero es a través del R4V (Situation Response for Venezuelan) una plataforma de refugiados y migrantes de Venezuela, donde está la inversión más grande. Aquí hay registros de más de mil millones de dólares en los últimos dos años.
El segundo mecanismo es el HRPAS (Health Resources Priority and Allocations System) al cual se le hace seguimiento a través de la FTS, que es el Financial Tracking System de OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) que es la Agencia Humanitaria de Naciones Unidas.
Ante estos mecanismos de auditoría y control, dice el comisionado Pizarro, “hay quienes creen en la simplificación de que el mundo funciona como lo que nosotros conocemos en nuestro país”. Ningún actor político puede manejar el dinero destinado para la asistencia humanitaria, sino directamente la agencia ejecutora en el terreno.
La intervención de algún político o partido está prohibida porque “incurriría en dos cosas -acota Pizarro- que también están fuera de la normativa humanitaria. Uno es apropiación de programas y de recursos que no son nuestros. Pero además, al ser un actor político tengo un segundo problema, que es que se politizo el programa y se convierto ese programa en el programa bandera política de uno de los bandos dentro de Venezuela y por lo tanto estaría rompiendo los principios humanitarios”.
En materia de ayuda y adjudicación de recursos, la confianza lo es todo y, con la nueva administración estadounidense, “esto está por verse” según expertos.
Para el analista y abogado constitucionalista venezolano Gustavo Marín, “tanto Maduro como Guaidó no creo que gocen de la confianza absoluta de Washington. Maduro no tiene ningún tipo de confianza. Lo que pudiera hacer él es tratar de ganar esa confianza haciendo demostraciones, gestos de buena voluntad humanitaria hacia la sociedad que tiene hoy oprimida. Guaidó, desafortunadamente, perdió la confianza que tenía con Washington. Creo que tiene que ser inteligente, tiene que buscar nuevos mecanismos y demostrarle a Washington que él es capaz de liderar internamente un mecanismo alternativo, paralelo, al gobierno de Maduro”.