El asesor principal de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) David Smilde cree que a lo que pueden aspirar los sectores que adversan al gobierno chavista es a obtener acuerdos en el tiempo que permitan desarrollar un capital social entre los sectores moderados. Advierte que, aunque los procesos de negociación son largos, para sacar provecho político del actual deben mostrarse acuerdos antes del 21-N
El que se desarrolla actualmente en México es el quinto proceso de negociaciones al que han concurrido la oposición mayoritaria (agrupada actualmente en la Plataforma Unitaria) y el gobierno de Nicolás Maduro y al que acuden ahora con su base de respaldo mermada y en medio de una situación económica y social que les sobrepasa como actores principales de la sociedad.
A ambos sectores les urge obtener ventajas en esta nueva instancia de diálogo, máxime si se toma en cuenta que hay un proceso comicial pautado para el próximo 21 de noviembre (el de las elecciones regionales y locales) y, para entonces, deberían mostrar algunos resultados si quieren sacar algún provecho político.
El investigador David Smilde, asesor principal de la Oficina de Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) advierte que los procesos de negociación suelen ser largos; cita el caso del proceso de paz en Colombia, que duró 16 años y el del conflicto sobre Irlanda del Norte, que requirió de 11 años, por lo que considera normal que se produzcan fracasos reiterados; sin embargo, señala que la clave consiste en buscar que las conversaciones vayan en un camino positivo, construyendo sobre los logros y aprendiendo de los fracasos anteriores.
El también profesor titular de Sociología y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Tulane, destaca que, a pesar del escepticismo que pueda existir sobre la posibilidad de logros concretos en el proceso que se adelanta en México, el diálogo y la negociación son los mejores caminos.
A su juicio, se debe utilizar la negociación para abrir espacios democráticos, lo que finalmente pueda lograr el cambio político que se busca para Venezuela con el restablecimiento de una democracia plena.
«Para que la negociación tenga resultados, hay que buscar que tenga algún grado de representatividad y que haya algún tipo de garantía de cumplimiento. Esto lo han hecho en esta ronda, con delegaciones más diversas y buscando construir un mecanismo de consulta con la sociedad civil y con la presencia de garantes internacionales», resalta Smilde sobre las ventajas que tiene el actual proceso de conversaciones.
David Smilde señala incumplimientos por parte de ambos bandos
—¿Cómo se puede negociar con un sector, en este caso el gobierno, que ha incumplido su palabra en anteriores ocasiones y se ha retirado también de los procesos de negociación?
—Siempre hay que comenzar con un escepticismo apropiado. Un gobierno democrático es, en esencia, una negociación institucional, con representantes elegidos por la población y con resultados que son vinculantes, asegurados por instituciones legales. Pero mientras el gobierno de Maduro siempre ha abogado por el diálogo y negociación, despojó a la Asamblea Nacional de sus poderes, se apoderó de partidos opositores, hostigó a políticos opositores y tergiversó las instituciones electorales. Estas son las verdaderas formas de negociación en una democracia. El gobierno ha buscado cerrar estos caminos representativos y vinculantes a la vez que continuamente, a través de los años, va proponiendo espacios improvisados, no vinculantes, y muchas veces con sectores escogidos a su gusto.
Señala David Smilde que el gobierno ha incumplido y salido de negociaciones en el pasado, pero igual ha hecho la oposición. En este sentido, recuerda que fue la oposición la que salió del diálogo de 2014; que en 2016 hubo acuerdos y dentro de la oposición inmediatamente comenzaron peleas y recriminaciones, aunque finalmente fue el gobierno el que incumplió, y que en 2019 el gobierno se levantó de la mesa en agosto, pero fue la oposición la que puso fin a la ronda de Oslo-Barbados en septiembre.
«Lo que hace falta es que los dos lados vean alrededor suyo, miren el sufrimiento del pueblo y exhiban la seriedad que merece la situación», acota el investigador.
— Hay quienes consideran que con los acuerdos en torno al reclamo por el Esequibo y la recuperación de activos el gobierno va ganando la partida 2-0 ¿Cuál es su evaluación de la marcha de la negociación hasta el momento?
—No estoy de acuerdo en esa evaluación. Lo del Esequibo era un «mango bajito» sobre el que ya había un acuerdo amplio sobre el tema. En ese sentido se enfocaron en eso para tener una victoria temprana y desarrollar confianza. Pero hubo un costo, ya que no es un tema sobre el cual la población tiene sentimientos fuertes en el medio de una crisis. Así que el riesgo de ese acuerdo es que socava las percepciones de la importancia de la negociación. Así que yo diría que el saldo del acuerdo del Esequibo es 0-0. Ganaron (el gobierno) algo de ímpetu interno, pero poco o nada con la población. El otro acuerdo en realidad era sobre protección social, incluyendo la mesa técnica de vacunación, un tema que la oposición ha estado promoviendo hace muchos meses y sobre el cual el gobierno ha arrastrado los pies. Y el acuerdo no regresó los activos al gobierno sino que acordó la formación de una mesa técnica para examinar cómo usar esos recursos para fines humanitarios. Así que me parece que el saldo del acuerdo sobre protección social es 1-1. Cada lado logró algo que quería, aunque esos logros dependerán de qué pasa en la mesa técnica.
No hay que sobreestimar a Maduro
—El gobierno de Nicolás Maduro parece tener mayor solidez que en la más reciente negociación, la de Barbados en 2019, y presiona porque se levanten las sanciones y la liberación de activos retenidos; visto así pareciera que el mayor beneficiario de la negociación será su administración ¿Desde su punto de vista qué es lo más que podría lograr la oposición?
—El gobierno quiere eso, sin duda, pero tiene intereses más amplios. Maduro siente, no sin razón, que ganó a Donald Trump y ganó a Juan Guaidó. Se siente relativamente cómodo comparado con hace dos años. Pero todavía tiene problemas grandes. Tiene el problema económico que quiere mejorar, y no tiene reconocimiento de los principales países democráticos. Los dos problemas están vinculados y quiere tanto el levantamiento de sanciones y algún tipo de normalización con los EE. UU. y con la Unión Europea. Puede ser que Maduro quiere ser candidato en 2024 y para ser exitoso necesita mejorar la situación. Aunque no sea candidato, quiere ser la persona que pudo estabilizar la revolución después de la muerte de su máximo líder. Para poder decir eso, necesita una significativa mejoría económica y una normalización internacional.
«Es importante —continúa David Smilde— no sobreestimar la solidez de la coalición de Maduro. Aunque Maduro parece más fuerte, es claro que hay descontento dentro de la coalición, especialmente con la marginación del chavismo viejo. El chavismo siempre ha tenido claro la necesidad de la unidad, pero en cualquier momento podrían salir divisiones entre los que quieren el statu quo y los que ven la necesidad de cambio».
Oposición necesitada
El experto considera que la oposición está debilitada y enfrenta un futuro en el que podría ser eliminada por completo.
«La oposición necesita esta negociación más que el gobierno de Maduro. La oposición no va a poder sacar a Maduro, no puede obligarlo a renunciar. A lo que sí puede aspirar es llegar a una serie de acuerdos a través del tiempo, que desarrolle el capital social y político entre moderados de los dos lados, de manera que se margina los extremos«.
Indica que a hay evidencia para esta teoría de cambio y refiere que previamente el llamado «gobierno interino» (el encabezado por Juan Guaidó) estaba diciendo que los que buscaban negociar con el gobierno le estaban haciendo juego al gobierno, pero una vez que hubo un acuerdo para la conformación del CNE, Leopoldo López y Juan Guaidó estaban vigorosamente promoviendo negociaciones, sabiendo que corrían el riesgo de volverse irrelevantes para el proceso político.