Unos cuatro mil 328 extranjeros legalizaron su residencia en Bolivia después de acogerse a un «proceso excepcional» de un año que otorgó el Gobierno, de los cuales 37,1 por ciento proceden de Venezuela, indicó la directora nacional de Migración, Katherine Calderón.
En la presentación de un informe, Calderón detalló que tres mil 883 procesos corresponden a adultos y 445 a menores de edad y que esta legalización «tuvo más incidencia» en las ciudades de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, que conforman el eje central del país.
La legalización comenzó en 2021, tras valorar algunas medidas que se asumieron un año antes con la llegada de la pandemia de la covid-19 y políticas como el cierre de fronteras o el confinamiento que afectaron la realización de estos trámites, mencionó Calderón.
Según el reporte, «personas de setenta y cuatro diferentes nacionalidades» pudieron acceder al proceso de regularización migratoria; éstas, en su mayoría provienen de Venezuela (37,1 por ciento), Brasil (18,5), Perú (11,4), Colombia (8), y Cuba (5,5).
También destacan ciudadanos que llegaron de Paraguay (3,3 por ciento), China (3,2), España (1) y Chile (1), indicó Calderón.
La directora de Migración también detalló que 58 por ciento de los trámites se otorgaron a menores procedentes de Venezuela, seguido de Colombia (7,6), Paraguay (5,2), Brasil (4,7), Perú (4,3), Estados Unidos (4), Cuba (3,6), además, de España y México (1).
Calderón enfatizó que estos trámites pertenecen a personas que «tienen la intención de permanecer» en Bolivia y que la regularización otorga el beneficio de residencia por dos años «sin el pago de multas por estadía irregular» o la «salida obligatoria» del país.
Este proceso de regularización migratoria «ha sido el más exitoso» teniendo en cuenta que en 2013 se alcanzó a mil 159 beneficiarios, el de 2016 favoreció a mil 340 y el de 2018 consiguió que legalizaran su residencia dos mil 62 extranjeros, indicó la funcionaria.
Con este trámite se busca «el mayor beneficio para la comunidad migrante» y que pueda acceder a los «derechos» y cumplir con las «obligaciones» que se establecen en el país.