«Con preocupación observamos la existencia y el desarrollo de una ola de violencia y recrudecimiento de los conflictos relacionados con la tenencia y ocupación de las tierras en Venezuela», advirtió el vocero experto en materia alimentaria tras señalar que el Estado venezolano, a través de los tribunales de la República y el Instituto Nacional de Tierra (Inti) ha reafirmado la propiedad de campesinos y productores sin que haya quien ejecute la medida.En tal sentido, detalló que hoy suman más de 200 medidas administrativas que no son ejecutadas por ningún organismo del Estado. También refirió que totalizan más de 300 casos de acoso violento contra trabajadores del campo y que no encuentran auxilio en la fuerza pública.

En rueda de prensa con medios nacionales y la prensa extranjera, Arciniega enumeró más de 20 casos delictivos de ocupaciones. «Hasta ahora esto venía siendo signado por ocupaciones semiviolentas, nunca armadas. En este momento pareciéramos que empezamos dar el salto a lo que el estado llama los Tancol», sumó con preocupación ante temores de que Venezuela se «colombianice».

Planteando que la ruralidad no puede lidiar con violencia, el analista suscribió que «el poder de fuego» ha perpetrado dos intentos de sicariato y tres secuestros.

Ejemplificó esta situación con el caso de Daniela Pérez, arquitecta y productora agropecuaria del sur del Lago de Maracaibo. Dijo que hace tres semanas recibió tres impactos de bala en su camioneta y, pese a haber denunciado este hecho ante el Ministerio Público y la Asamblea Nacional, aún no recibe justicia.