Entre 80% y 90% de los venezolanos asentados en países de Suramérica han perdido sus empleos durante la pandemia, sobre todo los que trabajaban en la economía informal, señala la agencia para los refugiados de Naciones Unidas (Acnur), que señala este grupo suma unos dos millones viviendo en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay (no se incluye al más de millón y medio que habita en Colombia).
La agencia advierte que dicho grupo de migrantes tendrá además que enfrentar los estragos del invierno en los países de refugio en el Cono Sur, lo que podría provocar “un aumento de la pobreza y los desahucios”.
Juan Carlos Murillo, representante regional de Acnur para el sur de América Latina destacó que, pese a los esfuerzos de los países de acogida, “se requiere más apoyo para hacer frente a las crecientes necesidades”, razón por la que el organismo llamó a los gobiernos para que se comprometan a tender más la mano.
Simultáneamente al reporte de Acnur, la ONU expresó su preocupación ante “el proceso de expulsión de venezolanos en Chile”. Pese a reconocer y respetar la soberanía del Gobierno chileno para proteger sus fronteras y el acceso a su territorio, la agencia apuntó que se requiere que “las medidas adoptadas se adecúen al derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados”.
Al mismo tiempo, recordó que “todas las personas sujetas a un expediente de expulsión tienen derecho a una evaluación individual de su caso, incluyendo la de sus necesidades de protección internacional y de evaluar el riesgo que implicaría la expulsión para su vida, libertad o integridad”.
La pandemia del Covid-19 empeoró la crisis migratoria venezolana en el 2020. Si bien el flujo de salida se ralentizó por el cierre de fronteras y el confinamiento obligatorio, estas medidas aumentaron las dificultades que enfrentan los migrantes y refugiados venezolanos y, por lo tanto, los desafíos de atención, protección e integración.
Los venezolanos siguen huyendo por vías irregulares y las condiciones de vulnerabilidad en las cuales llegan a los países de acogida son cada vez más críticas tras la profundización de la crisis en Venezuela.