El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), señaló que a un año del inicio del Estatuto Temporal de Protección anunciado por Colombia para regularizar a las personas refugiadas y migrantes de Venezuela en el país, a la fecha, y de acuerdo con cifras oficiales, más de 296.000 personas ya han recibido el documento que regulariza su estadía en el país por 10 años y avanza la realización de jornadas masivas de entrega de Permisos por Protección Temporal, en todo el territorio nacional y con el apoyo de los socios de la respuesta.
El Estatuto Temporal de Protección facilita el acceso a derechos fundamentales y a servicios esenciales como el sistema general de seguridad social en salud y los planes de vacunación contra la covid-19, entre otros. La regularización también es fundamental para alcanzar soluciones a largo plazo, como el acceso al mercado laboral formal que contribuye en el impulso a la economía colombiana.
«Este gran esfuerzo de inclusión ha enviado también un importante mensaje contra la discriminación. Como política y programa que fomenta la cohesión es fundamental para reducir las percepciones erróneas, haciendo frente a la estigmatización y la xenofobia», dice la nota de prensa.
Colombia acoge a 1,8 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela, de los casi 5 millones en América Latina y el Caribe. Siendo el primer país receptor, los resultados del plan han motivado a otras naciones de la región al propósito de garantizar protección, acceso a derechos y una vida digna a la población venezolana que ha dejado su hogar en estos últimos años.
En este sentido, varios países están promoviendo la inclusión de la población refugiada y migrante de Venezuela con vocación de permanencia en sus sociedades.
«Saludamos las iniciativas en Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y a todos los países que están buscando facilitar la documentación y buscar soluciones para regularizar y ofrecer protección a la población venezolana valiéndose de distintos instrumentos de su legislación, y fomentando una respuesta solidaria entre países a través de foros regionales como el Proceso de Quito».